Con la aprobación de nueve concejales oficialistas y el rechazo de cuatro ediles –tres de la oposición y uno del FPV–, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó la declaración de la Emergencia Social en la Municipalidad de Concordia. La medida, que impulsa una batería de medidas que propuso el Ejecutivo municipal, tuvo curso en medio de protestas sindicales y un clima tenso en el recinto.
Polémica por la declaración de la Emergencia Social en Concordia
La norma, según consta en sus fundamentos, propone medidas extraordinarias “debido a la situación económica que se vive hoy en día a nivel país, con tasas de inflación del 55% en términos anuales y donde la actividad económica y productiva del país sigue frenándose, profundizándose la recesión, con una constante caída de la producción, de las ventas, una mayor pérdida del poder adquisitivo, una situación que afecta más fuertemente a los sectores más vulnerables”.
Entre otros aspectos salientes para “garantizar la prestación de los servicios, dando prioridad al gasto social y priorizar la atención de los sectores más vulnerables”, como afirmó el intendente, Enrique Cresto, aparecen menciones con referencias críticas tanto a los gobiernos nacional de Mauricio Macri como el provincial, a cargo de Gustavo Bordet.
Refiere que el gobierno nacional eliminó el Fondo Federal Solidario, y el gobierno provincial no renovó los convenios de salud para atender los centros de salud y la asistencia pública, y hasta hace mención a que programas de obras públicas o de pavimentación deben estar a cargo exclusivamente del municipio, cuando antes eran realizados por la Cafesg, la Nación o la Provincia.
En otras palabras, lo justificó el asesor económico del Ejecutivo, Álvaro Sierra: “El municipio dejó de recibir recursos para medicamentos en los centros de salud, el gobierno nacional eliminó el Fondo Federal Solidario de la Soja que llegaba a los municipios, tenemos menos crecimiento en la recaudación y la coparticipación nacional y provincial, es mucho menos lo que ingresa de regalías debido a que prácticamente no hay excedentes en Salto Grande, lo que sumado a diferentes planes sociales que antes venían de la órbita nacional que dejaron de llegar a la ciudad, generan una situación que debemos atender”.
Como toda declaración de emergencia supone medidas de reducción y control del gasto público, y la asignación de mayores recursos a la atención de la problemática social.
Pero contempla varios puntos polémicos. Uno de ellos mereció el reclamo y movilización de los gremios municipales, al permitir realizar de oficio los trámites para la jubilación de los agentes.
El otro es que los empresarios con deudas o comercios morosos podrán trabajar con el municipio y participar en licitaciones, y en todo caso luego se les descontará posteriormente esos montos.
Según se informó oficialmente, la ordenanza aprobada contempla la reducción de cargos políticos, refuncionalización de estructuras burocráticas, ratificación del congelamiento de ingresos a planta permanente, incorporación de personal únicamente por concurso público, estricto control de los gastos diarios que realizan las áreas municipales y fortalecimiento de los programas sociales.
“Esta medida protege a los empleados municipales. Porque se garantiza el congelamiento de la planta de empleados permanentes, además se estableció que debe reducirse la cantidad de funcionarios. Y por otro lado, se establece una fuerte reducción del gasto superfluo sin afectar a los trabajadores”.
“La declaración de Emergencia Social favorece a darle mayor estabilidad financiera al municipio garantizando el equilibrio fiscal, que es la política que trazó el intendente desde el primer día que asumimos y lo hemos logrado”, explicó Sierra, y destacó el acompañamiento de los concejales que votaron afirmativamente.
“Además esto va a permitir que cada trabajador municipal tenga garantizado el cobro de su sueldo cada mes, como viene sucediendo. A su vez se garantiza el cumplimiento de todos los convenios y acuerdos que se han realizado con los gremios”, resaltó, despejando dudas al respecto, y señaló: “La ordenanza apunta a reducir el gasto político y el gasto superfluo”.
“Es una medida de austeridad, para ir acompañando la situación económica y social de la ciudad y del país, que el intendente Enrique Cresto determinó para garantizar el buen funcionamiento del municipio y contar con las herramientas necesarias para ir previendo una situación que es compleja a nivel nacional”, concluyó.