El represor Gonzalo Jaime López Belsué, acusado por la desaparición del soldado concordiense Jorge Emilio Papetti durante la última dictadura cívico-militar, pretende cumplir prisión preventiva en su domicilio, ante lo cual recibió la oposición de de asociación civil Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regional Paraná. El exmilitar está procesado y detenido en la causa denominada “Denuncia comisión delitos de lesa humanidad años 1976/1977” desde setiembre del año pasado, cuando fue sometido a declaración indagatoria por el juez federal Pablo Seró.
Piden que siga en prisión el acusado por la desaparición del soldado Jorge Papetti
Este miércoles, la abogada querellante en representación de H.I.J.O.S. María Florencia Amore, con el patrocinio letrado de Marcelo Javier Boykens, presentó un escrito ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná solicitando que se rechace el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución que le denegó en primera instancia el beneficio de la prisión domiciliaria.
La defensa del represor se basa en razones de salud, pero esto ya fue desestimado por la Justicia en base a un “exhaustivo análisis de profesionales de distintas disciplinas”, según el memorial presentado por la organización de derechos humanos y al cual tuvo acceso UNO.
Además, los querellantes solicitaron que se valore la gravedad de los hechos imputados, es decir, delitos gravísimos considerados de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de Estado que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983. En ese sentido, mencionaron que existe “riesgo procesal” y por lo tanto se deben “extremar todas y cada una de las medidas y mecanismos de precaución necesarios para asegurar la realización normal del juicio plenario”.
Otro argumento del coronel retirado es que atraviesa padecimientos cardíacos y sus médicos le recomendaron algunos recaudos: una dieta hiposódica-hipograsa, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar situaciones de stress, realizar rehabilitación cardíaca y realizar control especializado periódicamente. Para la querella esto puede ser cumplido sin inconvenientes en la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde se encuentra alojado, la cual posee con un servicio de salud encabezado por un médico con especialidad en cardiología.
En síntesis, los abogados de H.I.J.O.S. entendieron que no surge ninguna de las causales previstas en la ley para conceder el beneficio de la prisión domiciliaria: no sufre una enfermedad cuya recuperación o tratamiento resulte impedida por la privación de la libertad en establecimiento carcelario y no corresponda su internación en un establecimiento hospitalario; no tiene enfermedad incurable en período terminal; no se trata de un interno discapacitado alojado en un establecimiento inadecuado; no supera los 70 años de edad; y no se trata de una embarazada o madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo.
“Por lo demás, no consta ni se acredita la existencia de graves padecimientos ni razones de dignidad humana que indiquen imperiosamente la concesión del pedido de prisión domiciliaria, por lo que debe concluirse que no se encuentran cumplimentados los requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley 24.660”, dice el memorial.
“No presenta en la actualidad desde el punto de vista físico un cuadro patológico agudo y, en consecuencia, estimamos que su permanencia en un establecimiento carcelario no impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia, siempre que se cumpla con las recomendaciones previamente señaladas, como así tampoco se encuentra indicado su alojamiento hospitalario", agrega, antes de citar otros casos donde se ha resuelto de esa manera.
Por otra parte, advirtieron que no se han producido los informes socio ambientales que indiquen las condiciones en las que se desarrollaría el supuesto beneficio, las medidas de seguridad que el lugar podría ofrecer y la evaluación de las personas con quien el imputado menciona que residiría, de acuerdo con el criterio sentado en diversos precedentes de la Cámara.
Secuestro
López Belsué fue señalado por varios testigos durante el juicio por la megacausa Harguindeguy, que se realizó el año pasado en Paraná. Uno de quienes lo involucró con las violaciones a los derechos humanos en Concordia fue el exgobernador Jorge Busti, quien testimonió ante el Tribunal Oral Federal por haber sido preso político. Busti, inclusive, dijo que tiempo después lo reconoció por la voz en una reunión social y eso lo hizo rememorar las torturas que esa persona y otras le propinaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Regimiento de la Capital del Citrus.
El represor era el jefe de escuadrón donde realizaba el servicio militar obligatorio el dragoneante Papetti y habría sido quien lo interrogó al momento de ser secuestrado, el 16 de marzo de 1977, en el Regimiento de Concordia.
Luego de ser detenido ilegalmente, Papetti fue trasladado a Paraná junto a otros presos políticos, alojado en el Batallón de Comunicaciones y luego en la Unidad Penal 1, donde habría muerto durante una sesión de tortura. Su cuerpo nunca apareció.