Piden que se resuelva con celeridad el pedido de Jury a Aramberry

En pocos días más se definirá la situación procesal del fiscal Ignacio Aramberry, denunciado por supuesto mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos. La denuncia, que trascendió a través de la una publicación de UNO en agosto de este año, fue promovida por el abogado Carlos Reggiardo en base a diferentes causales que podrían derivar en la destitución del funcionario público. Uno de los principales ejes de la acusación se sustenta en la declaración testimonial de Aramberry durante el Jury contra la destituida fiscal Cecilia Goyeneche.

De acuerdo a las pruebas ofrecidas por el denunciante (la entrevista videograbada con uno de los testigos de la causa contratos de la Legislatura, Mario Deiloff, el testimonio brindado por el acusado y el relato del fiscal ad hoc) surge “una constatación evidente de una afirmación falsa como la que el testigo compareció sin teléfono y por ello fue necesario el pedido de allanamiento, cuando en realidad el testigo tenía posesión de su teléfono y lo mostró dos veces en la entrevista”.

En el pedido de Jury se acusa además a Aramberry de no haber investigado una presunta vinculación del contador Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche, con el estudio que realizaba la gestión impositiva de los presuntos falsos contratistas y reclutaba a los prestanombres en la asociación ilícita.

Cómo sigue la causa

El tratamiento de la denuncia se encuentra a consideración de un nuevo tribunal que se constituyó tras la recusación de los integrantes que tomaron parte del proceso que derivó en la remoción de Goyeneche. Finalmente el Jurado de Enjuiciamiento que tratará la denuncia quedó conformado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela; el senador Daniel Olano y la diputada Silvia Moreno –ambos del Frente Creer–; y los abogados Luis Leissa y María Fernanda Miotti, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Desde que se conformó el nuevo tribunal comenzó a correr un plazo donde los jurados deberán determinar si se dan los requisitos para abrir un proceso por mal desempeño contra el fiscal, o por el contrario, si no encuentran causales para darle curso a la denuncia se estima que la van a desestimar. De acuerdo al orden de la votación, Carlomagno como presidente del cuerpo tendrá 20 días hábiles para emitir opinión, un plazo que se estaría cumpliendo el viernes 18. El resto de los jurados tendrá seis días para expedirse respecto de la denuncia.

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El abogado Ladislado Uzín Olleros representa al fiscal acusado y al evaluar la marcha de la causa reclamó celeridad al jurado para establecer “si encuentran que hay mérito o si –el expediente– no tiene la entidad suficiente”, lo que llevaría a desestimar la denuncia.

Se podría inferir que parte de la estrategia defensiva es evitar que el fiscal quede expuesto en una especie de “parrilla” judicial. Y lo fundamentó de la siguiente manera: “Esto se debe a la sencilla razón de que un magistrado o funcionario no puede estar ejerciendo la función esperando que dentro un año o dos años se resuelva si esto tiene o no tiene curso. En el mes de noviembre o diciembre tendría que estar resuelto esto. Lo que ocurre es que algunos miembros del jurado no viven en Paraná, entonces hay que hacerles llegar el expediente o ser convocados para que vengan a Paraná, eso es lo que lleva tiempo”.

La estrategia defensiva surge como un desprendimiento de la sentencia que destituyó a Goyeneche: se sostiene que “en ninguno de los puntos ni en sus considerandos, ni en la parte dispositiva de la sentencia, dice que ‘hay indicios o pruebas o alguna evidencia de que el doctor Aramberry está incurso en falso testimonio’”.

“No hay revanchismo”

Carlos Reggiardo, denunciante en el presente proceso, negó que su decisión sea parte de “un revanchismo político o judicial, o por cuestiones que son ajenas a la denuncia. No es el único fiscal del Ministerio Público que haya cometido irregularidades. Lo importante es que funcionen las instituciones. Porque algún sector de la Justicia interpreta que los Jury son una cuestión que afecta el buen nombre de los funcionarios, pero es un mecanismo de la Constitución y quiero que funcione. Ojalá hubiera Jury todos los meses. Y los funcionarios judiciales tienen la misma obligación de rendir cuentas que cualquier funcionario y que cualquier ciudadano. Ellos tienen que entender que el proceso no afecta el buen nombre”.

Reggiardo respondió a aquellos que señalan a los denunciantes “como los loquitos o los que queremos forzar cuestiones institucionales. En realidad son ellos los que no resuelven”, en alusión a los funcionarios judiciales.

Al retomar la línea del Jury a Goyeneche sostuvo: “El Ministerio Público Fiscal se lo tomó como personal y se cometieron muchas irregularidades. La primera y la más grave creo que es lo de Aramberry, que como fiscal no se puede tolerar que se siente y mienta para acomodar la situación procesal de una colega. La situación para mí es muy objetiva, más allá de las consideraciones que he tenido y tienen un montón de colegas sobre el Ministerio Público Fiscal. En algún momento se tendrá que reformar, porque acá a los abogados defensores nos llaman peyorativamente porque parece que somos socios de los encartados o de los condenados. Y en realidad somos parte de los procesos penales”.

El abogado, que al darle curso a la denuncia había pedido el apartamiento de los jurados que tuvieron participación en el Jury a Goyeneche, objetó la designación de uno de los integrantes del nuevo tribunal: “Leissa debería excusarse, pero él ya en Goyeneche quería participar. Terminó siendo recusado, pero en este caso se ha expresado y ha dicho que lo de Goyeneche estaba armado. Entonces él le hubiese hecho un gran favor al Colegio de la Abogacía y a la Justicia en general, en dar un paso al costado”.

Entre las causales de mal desempeño que se le reprochan a Aramberry, el denunciante advirtió irregularidades durante la investigación de la causa contratos en la Legislatura. “Fue direccionada y su accionar nos impidió saber cuál era el grado de participación del marido de Goyeneche en el probable desfalco y en una causa que se había presentado como la causa más importante de corrupción de la historia”, reflexionó en declaraciones a UNO.

El letrado entendió que en el caso de que avanzaran las actuaciones el procurador Jorge García ni “las adjuntas o los coordinadores podrían ser acusadores”.

En otra intervención recordó que si bien el Jury tiene una duración de seis meses, “no necesariamente se tiene que resolver en ese tiempo”, y respecto de su planteo para que se suspenda preventivamente al acusado sostuvo: “Al ser plazos relativamente cortos, lo más saludable es que los fiscales sean apartados, porque tienen garantía de un juicio rápido”.

Los aspectos cruciales que pondrán a prueba al jurado

Uno de los puntos cruciales que deberán determinar los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento es si efectivamente el fiscal Ignacio Aramberry incurrió en el delito de falso testimonio. Para Reggiardo ese comportamiento estuvo orientado a favorecer a su colega y superior en el Ministerio Público Fiscal, Cecilia Goyeneche. Diferente es el análisis de la defensa, que considera que ninguno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia advirtió este tipo de conducta.

“Se debe inferir entonces que no consideraron que haya habido el endilgado falso testimonio. Daniel Carubia, vocal del STJ, fue el único que aludió a eso en su voto donde propuso la destitución de Goyeneche que “el fiscal Ignacio Aramberry que pretendió justificar el allanamiento y secuestro del celular de Mario Deiloff afirmando falsamente que se llevó a cabo porque el testigo no portaba el celular en el momento de la entrevista. Pero tampoco remitió el testimonio al Ministerio Público Fiscal”, publicó en su momento el sitio Página Judicial.