El Concejo Deliberante de Gualeguaychú trabaja en un proyecto de resolución para exigirle al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Administradora del Río Uruguay que le permita ver los resultados del seguimiento.
Pedirán ver los resultados de los monitoreos a la papelera UPM
La propuesta apunta a que una vez publicado esos informes, el Congreso de la Nación evalúe si amerita acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar el incumplimiento de la empresa del último fallo del máximo tribunal.
“Atento a la incertidumbre de la comunidad, que se comunique esta decisión a todos los Concejos Deliberantes de Entre Ríos, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia y la Nación; al Ejecutivo municipal y al provincial y a la sociedad en general”, señala el proyecto que está analizando la Comisión Conjunta del Concejo Deliberante.
La iniciativa responde a un extenso pedido de los asambleístas de Gualeguaychú y se produce luego de que el gobierno nacional, a través de una carta firmada por el canciller Héctor Timerman, se quejara ante Uruguay debido a que la pastera UPM (ex-Botnia) tiene una producción anual por encima del millón de toneladas, el máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya.
De acuerdo con la nota, esta irregularidad representa una violación de los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay. Y también estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial.
En las consideraciones, el proyecto indica que “a pesar de que se han realizado 14 monitoreos en la planta de UPM, aún se desconocen sus resultados oficiales por la negativa de Uruguay a dejar sin efecto la norma especial para la planta de UPM en lo que hace al estándar temperatura”.
Además, los concejales advierten que el país vecino “lamentablemente sigue actuando de mala fe”, y recuerdan que “el acceso a la información es un derecho por sí mismo y articula otros derechos, además de abonar en la cultura republicana de dar cuenta de las actuaciones de los estados”.
El proyecto también sostiene que “acceder a la información de los monitoreos le permitirá a los gobiernos adoptar las medidas necesarias para fortalecer la salud del bien natural (no es solo un recurso) que es el río y sus áreas de influencia”. Y que “el gobierno y el pueblo de Gualeguaychú siempre han tenido vocación para solucionar este conflicto, en una irrestricta defensa de la salud de la población y el medio ambiente”. Los vecinos de Gualeguaychú están preocupados por las denuncias públicas.