El 15 de febrero de 2018, al dar inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que era “necesario emprender un cambio y modernización” del Patronato de Liberados, para brindarle “mayor eficiencia y cumplimiento de sus fines”. Para eso dijo que impulsaría la designación por concurso del director del organismo, para que tuviera “la idoneidad necesaria”; porque “esta provincia no permite más que haya un caso como el de Micaela García”.
Patronato de Liberados y el desafío de la integración social
Cuáles son los cambios en el Patronato de Liberados, organismo que tiene a su cargo controlar a quienes salen de las unidades penales y evitar la reincidencia.
Por Alfredo Hoffman
23 de septiembre 2021 · 15:16hs
La cooperativa Nuestro Pan se conformó en Paraná a partir del trabajo del Patronato de Liberados.
La referencia a Micaela García era un reconocimiento a las falencias estructurales que hasta entonces tenía el Patronato de Liberados (PL), el órgano gubernamental que tenía y tiene a su cargo –entre otras incumbencias– el control de las personas que egresan de una unidad penitenciaria. Una de las personas que debían ser controladas en 2017 era Sebastián Wagner, quien había sido condenado por dos casos de abuso sexual y tenía libertad condicional dispuesta por el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.
Wagner debía presentarse ante la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay del 1 al 10 de cada mes, para la supervisión dispuesta por el Juzgado. En su momento, la Secretaría de Justicia explicó que “durante todos los meses que estuvo efectivamente bajo control del Patronato de Liberados, el tutelado Wagner se presentó conforme a Derecho en cumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el juez, en tiempo y forma”. Micaela García desapareció el sábado 1º de abril de 2017 y Wagner se dio a la fuga el martes 4 de abril, por lo cual aún estaba dentro de los tiempos previstos para su presentación mensual, único control de su conducta. Como se sabe, el hombre fue condenado ese mismo año prisión perpetua por el femicidio y la violación de la joven.
El caso Micaela, con su notable repercusión nacional, puso bajo la lupa la decisión del juez Rossi, pero también el funcionamiento del Patronato y su escasa capacidad para cumplir con el control de las personas beneficiadas con libertad condicional, como Wagner. Mucho menos tenía la posibilidad de evitar la reincidencia de las personas que cometen delitos, como definitivamente no ocurrió con Wagner.
En su momento, Cecilia Bértora, titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, concedió una entrevista a UNO en la que analizó el servicio del Patronato de Liberados y la relación con los distintos organismos del Poder Ejecutivo. “¿Cuál es el trabajo que se viene realizando con el Patronato de Liberados?”, se le preguntó. “Ellos trabajan, lo que no tienen son medios, no tienen recursos. No es un problema de la gente, no es que se la pasan comiendo tortas fritas. Por más que quieran no pueden”, respondió.
Casi un año después del femicidio de Micaela García y a pocos meses de la condena a Wagner, Bordet hizo aquella referencia al PL en su mensaje a la Legislatura. Luego vino el debate de la nueva legislación para el organismo. Después de casi un año de tratamiento, el 28 de noviembre de 2018, el Senado dio sanción definitiva a la Ley Nº 10.643.
El Patronato de Liberados fue creado mediante la Ley Nº 6.280 en febrero de 1985 durante el primer mandato de Sergio Montiel. La institución se había disuelto en 1991 por Ley Nº 8.613 y por Decreto N° 2.539 de 2005 se creó la Dirección del Patronato de Liberados que depende de la Secretaría de Justicia.
La ley de 2018 elevó la repartición al rango de Dirección General y se basó en tres ejes conceptuales: la elección de un director por concurso, la creación de cuatro delegaciones regionales y la conformación de órganos colegiados auxiliares –una mesa interdisciplinaria de abordaje y un gabinete de control y seguimiento– que contribuyan a la misión de “reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional”.
José Morales, licenciado en Psicología, es el primer director general del Patronato de Liberados de Entre Ríos designado por concurso. Quedó primero en el orden de mérito y su nombre fue recomendado por el tribunal que tuvo a su cargo la evaluación de los más de 20 postulantes. Es tesista de la maestría en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y prestó funciones en el Consejo Profesional del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf) como parte del equipo profesional del centro socioeducativo de régimen cerrado costa del Paraná. Asumió el cargo a finales de diciembre de 2019. ¿Qué cambió desde entonces?
Trabajo para la libertad
En diálogo con UNO, Morales recordó que cuando llegó al Patronato –cuya sede se encuentra en calle Andrés Pazos 182 de Paraná– encontró un pequeño grupo de trabajo que llevaba adelante la tarea con mucho empeño, pero había mucho por hacer, tanto en cuestiones básicas, las condiciones edilicias del lugar, como en la profesionalización del área.
La primera tarea que emprendió, pandemia mediante, fue recolectar información interna y externa para conocer cuáles eran las distintas reparticiones que tenían intervención en la problemática de las personas privadas de libertad que egresan de las nueve unidades penales de la provincia –por cumplimiento pleno de la condena, por libertad condicional o por libertad asistida– y que se desenvolvían de manera desarticulada. “Desde que asumimos, tenemos la prioridad de generar herramientas y políticas que fortalezcan el trabajo articulado con distintas instituciones y actores que tienen incumbencia en la problemática con que trabajamos”, reseñó.
Luego comenzó a implementar estrategias con el foco puesto en lo que la ley llama la reinserción –un término en debate– y en evitar la reincidencia. Estos objetivos suelen colisionar con situaciones concretas que constituyen obstáculos. Morales dio como ejemplos: las personas que al salir en libertad no tienen trabajo o no tienen dinero o carecen de vivienda. Las que están presas en la cárcel de una ciudad pero son oriundas de otra y no tienen medios para viajar, ante lo cual quedan en situación de calle. En esos casos, que suelen ocurrir, la denominada “reinserción social”, o más bien “integración social”, resulta de imposible cumplimiento.
Así nacieron los “talleres para la libertad”, que se proponen trabajar con presos y presas durante un lapso de seis meses, a razón de un encuentro por mes, cada uno referido a un eje temático. Esos ejes son: trabajo, familia, educación, salud, identidad y vivienda. “Son encuentros en que circula la palabra y se va de lo general a lo particular, tratando de contemplar situaciones puntuales y buscando estrategias para resolverlas”, remarcó el funcionario.
De este espacio son parte personas que tienen una proyección de egreso de la unidad penal al final de su tránsito por el taller. La primera experiencia se desarrolla en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú hasta diciembre y tiene a 20 personas participando, que van a salir en libertad entre enero y junio de 2022.
“Buscamos involucrar a actores estatales, privados y de organizaciones sociales para que participen de estas instancias”, dijo. En ese sentido, en el primer encuentro en Gualeguaychú estuvieron el presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer) Ricardo Etchemendy, y representantes de la Dirección de Cooperativas de la Municipalidad local, quienes capacitaron a los asistentes al taller.
Por otro lado, el PL se propone la integración laboral de las personas liberadas, entendiendo que las vinculaciones socioproductivas son clave en la prevención de la reincidencia en el delito. Para esto se impulsa la capacitación en economía social y la conformación de cooperativas de trabajo, por un convenio con el Ipcymer ratificado por decreto por el gobernador.
En Paraná ya está funcionando una cooperativa de liberados y liberadas –con los papeles en trámite– de servicios gastronómicos, destinada en principio a la panificación, que se denomina Nuestro Pan. El 21 de septiembre, Día de la Primavera, sus productos se ofrecieron en el festejo que se realizó en el complejo comunitario del barrio Mitre. Hay otra experiencia incipiente de cooperativa en la unidad penal de Victoria, de carpintería y herrería.
Resultados
Todavía es muy reciente el cambio de paradigma del PL como para evaluar los resultados en cuanto al cumplimiento del objetivo de evitar la reincidencia. “Se necesita un seguimiento de las políticas públicas para evaluarla. Para eso estamos trabajando en convenios con las universidades, puntualmente nos proponemos pasantías de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas para lograr ese seguimiento y ver los resultados”, contó Morales.
Un punto central en cuanto a estos resultados pasa por evitar la reincidencia en las personas condenadas por delitos donde media la violencia de género, como el que dio inicio a estos cambios, el femicidio de Micaela García. “Entendemos que es una problemática central. Cuando yo comienzo, el Patronato de Liberados no tenía un programa de abordaje integral para trabajar con esta población específicamente, lo mismo pasaba con el Servicio Penitenciario y el Juzgado de Ejecución. Además no había articulación”, contó.
“Trabajamos en generar un programa, cuyo primer paso es la capacitación a todos los y las profesionales de las distintas agencias para el abordaje de la problemática de los delitos de violencia de género y generación de políticas, que comenzará el 5 de octubre. El trabajo final que tienen que hacer quienes se capaciten es un proyecto de política de abordaje, que serán insumos para aplicar seguramente desde el año que viene”, manifestó.
Despliegue territorial
Uno de los principales inconvenientes del Patronato de Liberados es su escasa posibilidad de desplegarse territorialmente para atender las situaciones que se presentan en toda la provincia. Para esto hay un plan de implementación paulatina de conformación de las delegaciones regionales que prevé la ley: Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria.
Para poner esto en práctica se necesitan inmuebles, equipamiento y recursos humanos. Por el momento hay un espacio en Gualeguaychú que está próximo a incorporarse para conformar allí la primera delegación, mientras que el mobiliario se fabrica en las unidades penales. También se trabaja para la puesta en funcionamiento de la sede de Concordia.
Humor social y políticas públicas
El trabajo con personas liberadas de las unidades penales, para lograr su integración social, suele chocar con prejuicios o con cierta opinión pública que pregona el punitivismo y la mano dura. Al respecto, Morales advirtió la necesidad de que las políticas tomen distancia de esto. “Primero, no estoy tan seguro de ese juicio de valor negativo sobre la mirada social de las personas con las que trabajamos. No hice un trabajo territorial para conocer qué piensan los entrerrianos”, aclaró en primer lugar.
“Sí, es cierto –continuó– que de la zaranda del sentido común transformado en opinión pública por los medios de comunicación a partir de hechos extraordinarios y específicos, sale un humor social. Esto no es reprochable, pero es peligroso que las políticas públicas en relación al trabajo con esta población se anuden a ese humor social”.
“Siempre estoy pensando en cómo lograr la integración, algo que nos una, que entendamos que vivimos en una sociedad a la que todos pertenecemos. Considero que para eso no hay que salir a convencer a la sociedad para que piense de determinada manera, sino que hay que demostrar lo que es capaz de hacer la población con la que trabajamos y a partir de ahí quizás eso genere un cambio de mirada”, remarcó.