Los trabajadores de las universidades públicas nacionales llevan adelante una jornada de protesta en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos, paritarias libres y un presupuesto que garantice el funcionamiento y la investigación en las casas de altos estudios.

La medida responde a la falta de acuerdos en las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional y al incumplimiento de la normativa votada por el Congreso.

El paro en la Universidad Nacional de Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos, los docentes agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y los nodocentes representados por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) vuelven a coincidir este martes 3 de noviembre en una huelga de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

La acción fue confirmada por Apuner en adhesión a las medidas dispuestas a nivel nacional contra las políticas de ajuste del Ejecutivo. Esta jornada coincide además con el cierre del paro semanal que Sitradu llevó a cabo desde el 28 de octubre bajo la convocatoria de la Conadu Histórica. En relación a las perspectivas del sector, la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre los recortes previstos en materia salarial y en los recursos operativos para la UNER y las demás universidades.

Plan de lucha a nivel nacional

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) dispuso un esquema de protesta que incluye tres paros de 24 horas durante el mes de noviembre: el primero concretado este martes 3, y dos jornadas adicionales programadas para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

Desde el Consejo Directivo de la FATUN señalaron que la suspensión de tareas se mantendrá en todo el país hasta que se atienda el reclamo de recomposición salarial y la defensa del presupuesto universitario.

Conflicto legal por la Ley de Financiamiento

El trasfondo del reclamo incluye la controversia judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. Tras ser ratificada por dos tercios en ambas cámaras del Congreso frente al veto del presidente Javier Milei, la ley fue promulgada a través del Decreto 759/2025, en el cual el Ejecutivo supeditó su aplicación a que el Parlamento determine partidas presupuestarias específicas.

Posteriormente, la Justicia del fuero Contencioso Administrativo declaró inconstitucional dicho decreto del Ejecutivo y ordenó el cumplimiento inmediato de la norma para actualizar salarios y reforzar becas estudiantiles.

Pese al fallo judicial favorable a los trabajadores, el Gobierno nacional interpuso recursos de apelación para suspender la aplicación de la ley, manteniendo trabada la recomposición de los haberes.