Desde la salida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y la normalización de algunas actividades –o flexibilización de restricciones– el transporte público en Paraná fue recuperando usuarios, aunque aún lejos del promedio histórico. El inicio de clases, con el regreso de las clases presenciales por grupos y en forma alternada en los establecimientos educativos, impone la necesidad de más colectivos para atender la demanda.
Inicio de clases: prevén sumar más colectivos a las calles
Foto: UNO/Diego Arias
Se supo que habrá un incremento en las unidades en las calles: el sistema sigue funcionando por ahora, con un tercio de la flota prevista en el contrato de concesión, y en un horario reducido que se ubica entre las 5 y las 22 aproximadamente.
Si bien aún no hubo confirmación oficial por parte de las empresas, se prevé que haya más de 100 colectivos en las calles, lo que representa casi el 60% de las contempladas en el marco de “la normalidad” previa a la declaración de la pandemia.
La autorización del Concejo Deliberante para que se aplique una suba en todas las categorías de usuarios, y que el boleto general pase de 29 a 45,30 pesos, sin exigencias ni modificaciones del servicio, multiplicó las quejas y los reclamos, particularmente por lo que ocurre en aquellos horarios no pico, o días de fin de semana, cuando las frecuencias son aún inferiores.
El incremento tarifario todavía no está vigente; comenzará a aplicarse en 15 días estiman las autoridades, cuando se hayan cumplido los pasos administrativos y actualizados los soportes informáticos desde SUBE nacional.
De esta situación se hizo eco la Defensoría del Pueblo, que además integra el Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), que elevó dictámenes para sugerir al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) acerca de una recomposición del servicio.
Mediante nota dirigida al secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, las defensoras del Pueblo Marcia López y Cecilia Pautaso pidieron al Ejecutivo que haga cumplir lo establecido en el contrato de concesión y ejerza el control efectivo del servicio en su carácter de poder concedente. Se requirió también información de las frecuencias de las diferentes líneas y se expidió para que los horarios fijados del paso de los colectivos sean difundidos públicamente, con el fin de que los pasajeros puedan acceder y ejercer su derecho como usuarios de un servicio público.
LEER MÁS: Paraná: aumentó el boleto de colectivo a $45.30
“El considerable aumento de los pasajes, aprobado por el Concejo Deliberante el martes pasado, corresponde la exigencia de que se brinde un servicio acorde, cumplimiento que deberá ser garantizado mediante el ejercicio del poder de policía del Estado municipal”, plantea la misiva.
Así, se pidió que “se controle efectivamente que el servicio cumpla con las condiciones pactadas, tanto en relación al estado de las unidades y las condiciones de salubridad e higiene que se requieren, como respecto de la frecuencia de los colectivos”.
Acerca de ello, la Defensoría del Pueblo testimonió que viene recibiendo quejas de usuarios referidas a las demoras del servicio, cuestión que debe ser reconsiderada en vista del inminente comienzo de las clases, lo que elevará la demanda del servicio –y unidades–, junto a la necesidad de los usuarios de llegar a tiempo a las escuelas y lugares de trabajo.
Por otra parte, en otro tramo del texto –de fecha 24 de febrero–, las defensoras del Pueblo consultaron también sobre los refugios en las paradas. Concretamente, interrogaron en la misiva elevada al Ejecutivo “si se ha realizado un relevamiento sobre el estado en que se encuentran las diferentes garitas que hacen al resguardo de los usuarios en la espera de los colectivos”.
LEER MÁS: Agmer no iniciará las clases y avanzará con días de paro