Paraná: regularizarán ocupación de tierras fiscales

Desde la Municipalidad de Paraná habilitarán un instrumento para regularizar ocupación precaria de tierras fiscales.

Desde hace muchos años los asentamientos precarios se han repetido y replicado en distintos sectores urbanos de la capital provincial. Con el paso del tiempo, algunas barriadas han podido ser regularizadas y las familias tener el dominio de sus terrenos, en algunos casos de propiedad privado o de pertenencia a distintos niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Esa situación irregular persiste, aún en muchos casos.

Para intervenir frente a situaciones de ocupaciones precarias en lotes fiscales de dominio privado del municipio se había aprobado en 2017 la Ordenanza Nº 9.603 que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a transferir en venta inmuebles fiscales propios.

En virtud de esta norma, y tras un decreto reglamentario que habilitó por 90 días un registro, se avanzó en algunas regularizaciones.

Ahora, a instancias de una propuesta legislativa del concejal David Cáceres (Frente Creer) se propone una serie de modificaciones que apuntan, según dijo UNO su autor, “a no cometer injusticias” y por ejemplo, ampliar el requisito para poder acceder a la compra del terreno ocupado, “a todo el grupo conviviente, que ninguno de sus integrantes tenga otro terreno, no solo el titular”, y propone también la intervención de distintas áreas municipales para la acción.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

“En aquel momento, la ordenanza de la edila Elsa Ermácora fue votada por unanimidad. En este caso, mañana bajará al recinto el dictamen de mayoría, y según lo acordado hoy (por ayer) en labor parlamentaria, se tratará sobre tablas para su aprobación”, de acuerdo con lo conversado con la oposición, planteó Cáceres.

En medio de una pandemia atravesada por un creciente malestar social y denuncias de usurpaciones en distintos lugares del país y también en Paraná –que demandó la intervención y realización de operativos por parte del municipio–, el edil sostuvo que “el corazón de la ordenanza es que aquellas familias que tengan una situación irregular puedan regularizar su situación a través de la compra. Hay muchos casos en que la gente puede pagar, pero es imposible hacerlo en el mercado inmobiliario por los altos valores”, graficó.

En particular, aclaró que la ordenanza “no es un incentivo para que vayan a intrusar, ya que tiene muchos requisitos e impedimentos de plazos de tiempo”. En ese sentido, mencionó que exige una certificación de uso de vivienda mayor a cinco años: “No es para lo que pueda ocurrir hoy; tampoco permite en aquellos espacios que tienen ya una utilidad pública definida, como en el Parque Industrial, plaza o uso público”, especificó.

“Tienen que certificar que haya sido una ocupación de buena fe, que no sea una ocupación premeditada”, amplió.

Esto servirá, dijo, como herramienta para regularizar situaciones, como las ya concretadas por esta ordenanza en 2018. Y añadió a modo de ejemplo la posibilidad que brindaría para los barrios El Radar o Capibá, asentados en tierras privadas y fiscales.

La ordenanza determina y estructura incluso el plan de cuotas hasta en 60 meses. “Si alguien no puede acceder al pago, la norma es lo suficientemente flexible para que si demuestra que no tiene ingresos para reestructurar, se puede acordar con el municipio de qué forma se puede hacer”, indicó Cáceres.

El precio de venta de los lotes, conforme establece la ordenanza, será fijado por el Ejecutivo municipal tomando en cuenta la condición socio-económica y el avalúo fijado por la Comisión de Avalúo.

“Es una situación para la regularización de las familias, porque la forma en que viven tiene que ver con la incertidumbre. Y es una solución al municipio, porque pagarían sus servicios, además del inmueble”, aportó.

La ordenanza se lleva a la práctica a través de la habilitación de un Registro de Adjudicatarios y Poseedores Precarios de Tierras e Inmuebles Fiscales, por un plazo de tiempo determinado.

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Foto: UNO/Diego Arias

Otros temas de la 13ª sesión parlamentaria

Entre los temas que se tratarán hoy en la 13ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, a partir de las 9, figura un dictamen con modificaciones de las comisiones de Obras Públicas y Economía correspondiente al proyecto de ordenanza, presentado por la edila Luisina Minni, reglamentando la instalación en la vía pública de las plataformas urbanas denominadas “decks gastronómicos y de esparcimiento”.

Además, el legislador Sergio Elizar (Frente Creer), es autor de un proyecto de ordenanza que tiene por objetivo fomentar la generación de empleo local a través de la obra pública, propiciando la articulación entre la Municipalidad de Paraná y el sector privado.

En ese marco, plantea la necesidad de creación de una norma que permita contar con la herramienta normativa necesaria para incluir en los pliegos de contratación de la obra pública local una cláusula que estipule que un porcentaje de los trabajadores de la construcción necesarios para la ejecución de la obra, sean contratados a través de la oficina de empleo.

Por su parte, la edila Luisina Minni (Frente Creer) promueve la modificación de la Ordenanza N° 9.099/12 que permite el desguace y/o subasta de motovehículos abandonados en dependencias municipales o secuestrados por imperio del poder de policía de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná y que se encuentren bajo su custodia.

En virtud de la iniciativa presentada por la legisladora, se incluye también en la norma mencionada a los automotores que se encuentren en idéntica situación que los motovehículos, estimando “que no existe justificación alguna que impida aplicar la normativa dispuesta por la Ordenanza N° 9.099/12 a los automotores”, que se encuentran regidos por las mismas disposiciones legales, tal como el régimen jurídico de propiedad, impositivo, de tránsito, seguros, etc.

En el orden del día del plenario está también un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Emiliano Murador y Anabel Beccaría (Políticas para la República), propiciando modificaciones a la Ordenanza Nº 9.233 referida a las Obligaciones Básicas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Otra iniciativa presentada por los concejales Ana Ruberto, Luisina Minni, Fernanda Facello Gerez, Susana Farías (Frente Creer) y Desiree Bauza (PRO), propone crear el Programa de Entrega de Productos de Higiene y Gestión Menstrual.