La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, insistió en que "la ley no prohíbe" participar en empresas offshore, si los "fondos son de origen legal".
"Si la declara y los fondos son de origen legal, y está declarado a la vista de toda la ciudadanía, la ley no lo prohíbe", afirmó Alonso, al ser consultada sobre la mención de funcionarios del gobierno en la filtración de documentos de empresas offshore conocida como Paradise Papers.
En declaraciones a la radio La Red, la funcionaria indicó que "entre el lunes y el miércoles" de la semana pasada se comenzó a instruir "una carpeta de investigación con carácter reservado para pedir explicaciones a los funcionarios, algo que van a hacer en el transcurso de los días".
Los casos a los que refiere Alonso son los del ministros de Finanzas, Luis Caputo, y el de Energía, Juan José Aranguren, que aparecen involucrados en las recientes filtraciones conocidas como Paradise Papers, y en las que se evidencia que ambos funcionarios mantuvieron cuentas en varios de los paraísos fiscales más afamados del mundo, como las Islas Caimán.
Según los datos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el informe llamado Paradise Papers, tanto Aranguren como Caputo habrían tenido vínculos con sociedades offshore.
El ICIJ reveló que Caputo aparece como quien manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
Según el informe, el funcionario tuvo a su cargo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en el Estado de Delaware, uno de los más pequeños de Estados Unidos, conocido como un paraíso fiscal corporativo porque permite la exención de impuestos a sociedades en manos de extranjeros no residentes.
Lo que pensaba Laura Alonso en 2013 acerca de tener cuentas offshore:
Al ser consultado sobre el tema por el diario La Nación, Caputo sostuvo que no existía "ningún conflicto de interés" y que "hoy" no tiene "nada que ver" con Noctua.
En tanto, Aranguren -según la información revelada- se habría desempeñado como director de una sociedad offshore radicada en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares.
Según la información periodística, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorias de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.
En respuesta, Aranguren aclaró en un comunicado que, desde que es funcionario público, no tuvo participación "en ninguna operación adjudicada a Shell" y que "todas las compras de Enarsa y Cammesa se hacen a través de licitaciones públicas".
"Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, desde que soy ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell", aseguró Aranguren a través de un comunicado oficial.
A raíz de las revelaciones del Paradise Papers, Unidad Ciudadana -el espacio que lidera la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner- solicitó la renuncia de ambos funcionarios.