Alquileres
Miércoles 17 de Octubre de 2018

La nueva ley de alquileres obtuvo nuevo dictamen y se aprobaría antes de 2019

El dictamen incorporó una serie de modificaciones al proyecto que había aprobado el Senado por unanimidad el 23 de noviembre de 2016, por lo que si resulta aprobado en Diputados deberá volver a la Cámara alta para la sanción definitiva.

La nueva ley para regular el mercado de los alquileres, solicitada días atrás por el presidente Mauricio Macri, obtuvo dictamen ayer en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser tratada antes de fin de año en el recinto, donde se espera el apoyo de buena parte de la oposición. El dictamen incorporó una serie de modificaciones al proyecto que había aprobado el Senado por unanimidad el 23 de noviembre de 2016, por lo que si resulta aprobado en Diputados deberá volver a la Cámara alta para la sanción definitiva.
El Frente Para la Victoria-PJ, el interbloque Argentina Federal y Felipe Solá, titular de la Comisión de Vivienda, acompañaron el despacho de mayoría con disidencias, mientras que Carla Pitiot (Frente Renovador) encabezó una propuesta alternativa en conjunto con Marco Lavagna. "Hace 30 años que no hay una ley de alquileres en Argentina. La última fue durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín", recordó el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetzky, y agregó: "Con este tratamiento estamos resolviendo una omisión para una situación que involucra a más de 7 millones de argentinos vinculados a un contrato de locación de vivienda".
El proyecto dictaminado establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres –el Senado había votado un reajuste anual–, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec "para dar previsibilidad sobre todo a los inquilinos, que son el eslabón más débil de la relación", explicó Lipovetzky.
Otro de los puntos principales –el que generó mayor discusión– tiene que ver con impedir que los propietarios impongan las garantías del alquiler a los inquilinos.

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