Miradas
Domingo 01 de Julio de 2018

La espada de Damocles pende sobre las provincias en la discusión del Presupuesto 2019

El gobernador Gustavo Bordet sostuvo durante los últimos días que la reducción del déficit fiscal que el gobierno nacional quiere dejar plasmada en el Presupuesto de 2019 no puede no puede darse a costa vulnerar derechos sociales o perjudicar a los sectores que más necesitan del Estado. Las frases del mandatario al respecto son claras y nadie duda de que ése es el deseo de Bordet, o de los otros gobernadores; como tampoco hay duda de la incertidumbre que se plantea por estas horas en las provincias. El gobierno nacional se propone llegar a una meta de reducción del déficit que lo ubique en 1,3% del Presupuesto 2019, y tener equilibrio fiscal en 2020.



El ajuste será importante y el punto de partida es una situación de empobrecimiento de la amplia mayoría de los argentinos, vía depreciación del peso/aumento de precios, y siendo a la vez observadores de un espectáculo de especulación financiera de una magnitud que hubiera sido difícil imaginar. No solo la imagen del presidente Mauricio Macri y de su gobierno ha sido afectada, sería lo de menos; sino que la sociedad se ha empobrecido notoriamente.


La situación es compleja y saben los gobernadores que deben ser equilibrados en sus dichos y aportar a que el gobierno nacional tenga su ley de presupuesto. Y ya no solo por temor a las represalias que el macrismo suele tomar con las provincias desde el primer día si sus legisladores nacionales no votan como pretende la Casa Rosada, sino también por la responsabilidad que les toca a los mandatarios provinciales respecto de evitar el incendio. Nadie les preguntó si era correcto negociar con el Fondo Monetario Internacional, ni sobre otras decisiones; pero a esta altura están igualmente involucrados en el tema.


Tienen que aportar a la gobernabilidad, pero a la vez deben defender lo suyo. Ese escenario de pujar es el que se avecina. Hace cinco días Bordet recibió a la senadora nacional Sigrid Kunath, quien explicó la necesidad de ver "todas las cuestiones inherentes a Entre Ríos, en un esquema nacional muy complicado a partir del acuerdo formalizado con el Fondo Monetario Internacional, pero puntualmente previendo cuáles serán las cuestiones que afectarán o que tendrán impacto en el presupuesto provincial". El Senado es donde los gobernadores pueden hacerse fuertes en esta discusión, lógicamente porque cada provincia tiene la misma cantidad de representantes.


Por eso Kunath y Pedro Guastavino tendrán un rol crucial, en sintonía con el Ejecutivo provincial. En el plano político electoral no deja de ser una paradoja que cierta mejoría en la imagen y/o intención de voto del kirchnerismo, que se registra en las últimas semanas, mantiene al macrismo debilitado políticamente y eso favorece a los gobernadores peronistas (no kirchneristas) en la pulseada por el presupuesto.


La caída de la imagen de Macri es mucho mayor que el repunte del kirchnerismo, pero éste igual ayuda. Si Macri tuviera los márgenes de aprobación de octubre del año pasado, sería mucho más difícil para los gobernadores intentar resistir el recorte. De qué se habla Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las trasferencias corrientes no automáticas registraron representaron durante 2017 un 0,82% del Producto Bruto Interno.


El gobierno de Mauricio Macri quiere reducir ese porcentaje al 0,2% del PBI. Esto significa reducir a un cuarto (achicar 74%) las partidas para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales; las transferencias y contribuciones a la Seguridad Social y la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios. Por ejemplo –tal como se contó en esta columna hace un par de semanas– podría incluir los fondos destinados a las Cajas de Jubilación no transferidas, para compensar su déficit. En el caso de Entre Ríos, ese déficit se espera que este año trepe a los 5.000 millones de pesos.


En Economía de la provincia se entusiasman con la idea de que el avance logrado en el reconocimiento del déficit previsional del año pasado sea un indicador de que la Nación no va a tomar ese camino a la hora del recorte, que además implicaría desconocer leyes vigentes que dieron forma y respaldaron el acuerdo fiscal formado hace ocho meses. Pero lo cierto es que no hay ninguna garantía de que el gobierno nacional no lo intente, aunque finalmente fuera para forzar a las provincias a ceder en otras cuestiones para preservarse de una causal de estallido de sus finanzas.


La realidad económica cambió tanto desde aquel momento a ahora, que es imposible descartarlo tajantemente. Sí admite el gobierno que lo que seguramente se verá afectado son las partidas de obras públicas, salud y programas sociales. Durante los últimos meses, tal vez desde hace más de un año, el gobierno provincial informa que debe hacer frente a una creciente demanda social generada por el empobrecimiento de la sociedad y por la tardanza u omisión del giro de los fondos nacionales. Lo mismo pasa en Salud y en obra pública, particularmente en viviendas.


Es decir que la Nación ya viene recortando de hecho (sin una ley de presupuesto) esos rubros, y es dable pensar que no existe tanto margen de mayores recorte como para alcanzar el objetivo de ajuste programado. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta ha dicho que en programas donde antes la Provincia debía cumplir con el 20% de los fondos y ahora aporta 60% u 80%. Si la Nación ya recortó el 20% su participación, no existe margen para exprimir recursos de ese lugar. Todavía los gobiernos provinciales no conocen cómo se implementará el ajuste acordado con el FMI y tampoco saben cuándo tendrán acceso a esas definiciones. Mientras tanto, la recaudación provincial comienza a evidenciar las dificultades de la economía. Entre pagar el Impuesto Inmobiliaria o comer, la gente suele elegir lo segundo.


La caída en las ventas de los comercios y la destrucción de puestos de trabajo ya comienzan a evidenciarse y enciende una luz de alarma en el equipo económico que conduce Hugo Ballay. La reforma En este contexto la discusión política tiende a demorarse, pero también es cierto que tras las vacaciones de invierno, la segunda mitad del año avanzará rápidamente. No solo el segundo semestre del macrismo, que estará marcado por la recesión, según anticipa el gobierno nacional; sino también el segundo semestre político del año no electoral, el propicio para las reformas; y allí aparece para el gobierno de Bordet la necesidad de dar impulso al proyecto de reforma electoral, para poder aplicar la nueva ley el año que viene.


Desde la oposición, tanto radical como macrista, se pasó de un inicial apoyo al proyecto de Bordet y la ministra de Gobierno Rosario Romero; a una postura negativa, argumentando el costo que tiene una elección provincial en una fecha diferente a la nacional o directamente que la reforma propuesta, si se aprueba, debería implementarse recién en 2023. En Cambiemos la situación es de gran incertidumbre. Ya no solo las dificultades económicas ponen dudas al futuro electoral de la coalición, sino también se analiza el impacto que tendrá la situación judicial del intendente Sergio Varisco y otros dirigentes políticos del sector imputados en una causa por narcotráfico.


Bordet aparece consolidado como el único aspirante justicialista a la Gobernación para 2019 y esa situación no se vería afectada si finalmente la boleta única, el buque insignia del proyecto, quedara postergada para un mejor momento. Lo que sí resulta importante para el oficialismo es recuperar la potestad del gobierno provincial de fijar la fecha de las elecciones, es decir no estar obligado a hacer los comicios junto con los nacionales; y que sea el gobernador quien realice la convocatoria.

En ese punto de coincidencias mínimas podrían encontrarse los legisladores justicialistas, y así también se estima en la Casa Gris. El armisticio legislativo entre bordetismo y urribarrismo podría darse en esos términos. Aunque los diagnósticos del resultado electoral difieren de acuerdo a cada sector, existe alguna coincidencia en la importancia de establecer esos cambios en los plazos y modos de la convocatoria electoral.

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