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La Corte ordenó indemnizar a víctima del atentado a la AMIA

El máximo organismo de Justicia falló en contra del Poder Ejecutivo  y confirmó el fallo por el cual deben pagar 4 millones de pesos a familiares de una persona muerta en el ataque terrorista 

Miércoles 11 de Marzo de 2015

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer un recurso del Estado nacional y dejó firme un fallo que ordena indemnizar a familiares de una víctima del atentado a la AMIA. La decisión se dio en medio de un fuerte conflicto y críticas cruzadas entre la presidenta y funcionarios nacionales con magistrados y que tuvo su momento de mayor tensión por el estado de la investigación por la voladura a la embajada de Israel.


El reclamo de indemnización lo planteó en 2006 Ruth Myriam Faifman de Tenembaun por sí y sus tres hijas, a raíz de la muerte de su cónyuge al explotar la AMIA en 1994. Para el Estado, el planteo fue hecho fuera de término y consideró que el mismo estaba prescripto.


No obstante, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la familia y ordenó que se la indemnice con 4 millones de pesos. Pero el Estado apeló ante la Corte y volvió a insistir en la prescripción.


Según los abogados del Gobierno, la prescripción se dio porque de acuerdo a la ley el pedido de indemnización debe ser hecho antes de culminar los dos años desde el momento en que tiene lugar el hecho, y por eso consideró que el plazo “se encontraba ampliamente vencido”.


“La postura del Estado nacional resulta incompatible con el principio cardinal de buena fe, que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento, tanto público como privado”, dijeron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Maqueda, en un duro fallo hacia el Gobierno.


Los jueces recordaron que desde el Estado se había dictado el Decreto Nº 812/05, mediante el cual se aprobó el acta suscripta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se reconoció la responsabilidad estatal ante las víctimas.


Además, la Corte evaluó que “el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley de reparación a las víctimas, que obtuvo media sanción del Senado pero no fue tratado por la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario”. Y que luego se presentó otro proyecto que está en trámite ante la Cámara de Diputados. Es por ello, que para la Corte el Poder Ejecutivo “reconoció –en forma incondicionada y absoluta– que conculcó los derechos de las víctimas y sus familiares”. O sea, reconoció su obligación de indemnizar a las víctimas, tanto los fallecidos como los heridos.


“El reconocimiento de estas violaciones generó, como una consecuencia jurídica inevitable y necesaria, la obligación del Estado de indemnizar a quienes hubieran sufrido daños”, dijo el tribunal.

 

Piden acelerar  el juicio por encubrimiento del atentado

 


La Corte Suprema de Justicia instó a la Cámara Federal de Casación Penal y al Tribunal Oral Federal II a acelerar el procedimiento para realizar el juicio público por presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas.


A través del secretario general de la Corte, Alfredo Kraut, el máximo tribunal actuó en una “gestión de buenos oficios” ya que “no tiene autoridad para imponer prioridades o fechas de debates orales y públicos”, informó una fuente vinculada al máximo tribunal.


En la causa por irregularidades están implicados, entre otros, el expresidente justicialista Carlos Menem y el juez federal Juan José Galeano, durante 10 años instructor del sumario por el atentado


El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunió con representantes de Memoria Activa, que agrupa a familiares de víctimas del atentado, quienes le manifestaron su preocupación por la dilación en el inicio del juicio, señaló Diana Malamud, una de las titulares de esa agrupación, a Télam, y agregó que el magistrado les adelantó que se realizarían las gestiones pertinentes para avanzar en la causa.


La fuente mencionó las “dificultades” que afronta el TOF 2, con una agenda “saturada”, en la cual figura el actual debate oral y público que realiza por el choque del tren en Once.


 La investigación se desvió cuando se habrían abonado 400.000 pesos-dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, para que involucrara en policías bonaerenses en la causa por el ataque a la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994, con 85 muertos, centenares de heridos y millonarios daños materiales.


El pago se hizo con fondos reservados de la SIDE y con el presunto consentimiento de parte del extitular de la DAIA, Rubén Beraja. También fue procesado el extitular de la Secretaría de Inteligencia Hugo Anzorreguy.

 


La sentencia por el memorándum

 

La Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer el 8 de abril la sentencia sobre la validez constitucional del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, según resolvió el titular de la sala II a cargo de la causa, el juez oriundo de Paraná Juan Carlos Gemignani.


El camarista del máximo tribunal Penal del país convocó a una audiencia el 8 de abril a las 12 para leer el veredicto y a otra anterior, el 31 de marzo a las 12, para escuchar a todas las partes en los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro.


Casación tiene en sus manos desde fines de 2014 el dictamen del fiscal ante esa instancia, Raúl Pleé, quien se mostró favorable a confirmar la decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña que dictó la inconstitucionalidad del memorándum el 15 de mayo de 2014.


En esa instancia se revocó una decisión del juez federal de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral, quien había rechazado por improcedente la acción de amparo que presentaron AMIA y DAIA contra el memorándum que Argentina firmó con Irán y que lo mantenía vigente a la espera de la ratificación de este último país.  Pero luego la Cámara Federal hizo lugar a una apelación de la AMIA.

 

 

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