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Investigan a 38 policías santafesinos por presunto enriquecimiento ilícito

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. De todos modos reconoció que las causas avanzaron muy poco en la Justicia, a pesar de dos pedidos a la Procuración de la Corte.

Viernes 23 de Noviembre de 2012

La presencia del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en la Cámara de Diputados de la provincia dejó varios datos importantes. La cantidad de policías sospechados de cometer ilícitos y el incremento patrimonial sin justificación de altos jefes de la fuerza forman parte de la batería de consultas que se le hizo durante la interpelación y después en diálogo con la prensa.


—¿Conocía el gobierno o el Ministerio de Seguridad las denuncias que investigaba el fiscal de Cámara (de Rosario) Guillermo Camporini que involucraba a altos jefes policiales, entre ellos Hugo Tognoli y Cristian Sola?
—Hugo Tognoli no tenía causas pendientes cuando asume como jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, porque la única denuncia que había en su contra, que además era anónima, había sido archivada.


—¿Cuántos funcionarios policiales tienen causas por enriquecimiento ilícito y desde cuándo son investigados?
—Son 38 los casos por enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales que están siendo investigados desde el mes de mayo de 2008.


—¿No se llegó a ninguna conclusión en cuatro años?

—La ley hace compleja la investigación y, además, nosotros no somos la Justicia. Cada uno de los casos tiene su respectivo expediente en sede judicial.


—¿Cuántos casos terminaron en la Justicia de los que han sido denunciados ante Asuntos Internos?
—Se trata de 13 casos que se encuentran en sede judicial. Son 10 causas con 13 funcionarios policiales involucrados.


 “Este gobierno provincial investiga, no sé qué pasaba antes (durante los gobiernos justicialistas). Se investigan hasta las denuncias anónimas y, además, con el veto parcial a la ley de Emergencia en Seguridad, hemos incorporado como sanción administrativa autónoma que en caso de injustificación patrimonial se considere falta grave y sea pasible de las sanciones de la ley de Personal Policial. No comparto que la mera denuncia sea causal inhabilitante, porque la misma denuncia puede ser usada para inhabilitar”, indicó el ministro en clara alusión a policías que hoy están sospechados pero no fueron separados de la fuerza.


—¿Podremos llegar a encontrarnos ante nuevos casos como el del ex jefe de Policía, Hugo Tognoli?
—Sí, es muy posible.
También, Lamberto dijo que no fue él quien nombró a Tognoli como jefe de la Policía ya que en diciembre de 2011 el ministro de Seguridad era Leandro Corti. No obstante ello, a pesar del falta de mérito que dictó el juez Vera Barros, el ex comisario “sigue ligado a la causa y, en consecuencia, hoy no lo elegiría, porque no se puede designar como jefe de la Policía a quien se encuentre ligado a una causa judicial”.


Respecto a la presunta propiedad que tiene Cristian Sola –actual jefe de la Policía– en la ciudad de Roldán, con un valor de 500.000 dólares, según la denuncia mediática del diputado kirchnerista Gerardo Rico, Lamberto respondió: “Si los patrimonios pueden ser justificados, nada podemos hacer a pesar de las denuncias por enriquecimiento ilícito, no obstante continúa la investigación que, según la ley vigente, debe incluir los patrimonios de los familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y hasta segundo grado de afinidad”.



“Clara conducción política
Una de las preguntas recurrentes al ministro Lamberto en los últimos días es si aún funciona en la policía un sistema de cajas negras. En tal sentido, indicó: “Si la policía sigue funcionando con el sistema de las cajas negras no tiene futuro. No hay denuncias de cajas negras. No queremos hablar de casos que no han sido denunciados, pero nosotros investigaremos todos los hechos ilícitos que merezcan ser investigados y que tengamos que investigar. En derecho hay que probar y nadie puede ser condenado sin pruebas”.


—¿Cuál es el control político sobre la policía?

—Hay una clara conducción política sobre la fuerza policial y, en cuanto a los anuncios de los cambios estructurales para una política de seguridad democrática, ninguna reforma policial se hizo sin el consenso político y, en ese sentido, para las transformaciones propuestas, hemos escuchado los reclamos y demandas de la gente.


—¿Qué medidas se tomaron ante las denuncias de Norma Castaño, que no fueron atendidas por la provincia?
—No la conocía, sinceramente, y ante ello pido disculpas, pero nunca había hablado conmigo. Entre 2003 y 2009 efectuó nueve denuncias que fueron luego archivadas. Ante las nuevas denuncias efectuadas se actuó en consecuencia y, para Norma Castaño, mi solidaridad. Hemos brindado la protección correspondiente y, además, el apoyo necesario que posibilitó el funcionamiento de la Asociación Civil Madres Solidarias de la cual es presidenta Norma Castaño.


—¿Se intercedió ante los fiscales provinciales por las demoras en investigaciones sobre corrupción que involucran a policías?
—La Secretaría de Control, en su momento, pidió al procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Agustín Bassó, que active las causas y para ello se solicitó que se instruya a los fiscales. Eso se efectuó en los años 2009 y 2010.


Ese dato no es menor, porque las respuestas de la Justicia santafesina fueron casi nulas en todos estos años, toda vez que se investiga a policías. Lamberto lo remarcó en varias oportunidad, como también que hay distintas causas vinculadas al narcótrafico que están en Tribunales Federales y el Estado provincial no tiene acceso a todos esos expedientes.


Además, cuando se le preguntó sobre la carencia de resultados investigativos, tanto judiciales como administrativos en torno a la policía, el funcionario manifestó: “Hay cierta amnesia pero tengo el convencimiento que, a pesar de las dificultades, hemos avanzado mucho. Han cambiado los jefes policiales en su accionar y ha cambiado el Servicio Penitenciario. Todos hemos evolucionado. Nuestras sociedades no son las de hace 20 años, tampoco las de hace nueve o cinco años. Todo es muy distinto y, por supuesto, hay notables diferencias. Necesitamos una mesa de diálogo para sentar las bases de una seguridad democrática”.


—Ministro, ¿cuáles y cuántas fueron las cocinas (de drogas) desmanteladas desde diciembre de 2007 hasta la fecha?
—En el año 2008 una cocina con cuatro detenidos; en el año 2009 cuatro cocinas con 20 detenidos; en el año 2010 tres cocinas con tres detenidos; ninguna cocina en el año 2011; y dos cocinas en este año 2012, una en Rosario y otra en Santa Fe.


—¿Hay paco en Santa Fe?
—Muy residual. Si hay paco, muy residual.

Fuente UNO Santa Fe

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