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En los últimos tres años deportaron a casi 2.300 ciudadanos extranjeros

La reforma migratoria de 2017 limitó los derechos de los inmigrantes, al dilatar los plazos para acceder a la ciudadanía argentina

Sábado 28 de Septiembre de 2019

Argentina es el país de Latinoamérica que recibe mayor de afluencia de inmigrantes, y esta es una tendencia que se ha mantenido pese al retroceso en materia de políticas migratorias. Solo en los últimos tres años se radicaron en nuestro país más de 800.000 ciudadanos extranjeros, principalmente de países limítrofes, y en menor medida, de Europa y de Asia. Este contexto de apertura fue posible, en buena medida, por la Ley de Migraciones N˚25.871 sancionada en 2003, que reconoció la migración como un derecho humano y que garantizó a los inmigrantes el acceso a la educación, a la salud y al empleo, sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren.

Todo esto cambió con el nuevo marco jurídico que comenzó a regir desde la sanción del decreto 70/2017, que limitó los derechos de los inmigrantes, al dilatar el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, ampliar las causas de expulsión, debilitar el derecho a defensa y acelerar notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a procesos de expulsión.

Según datos proporcionados a UNO por la Dirección Nacional de Migraciones, en el período comprendido entre 2016 y el 31 de agosto de 2016, se produjeron 2.267 expulsiones de extranjeros en el país. La estadística no permite reflejar lo que sucede en Entre Ríos, porque generalmente las deportaciones se resuelven judicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que va del año se registraron 746 expulsiones, la cifra más alta desde que asumió la Presidencia Mauricio Macri.

Para evitar cualquier tipo de estigmatización o discriminación, el organismo nacional pidió preservar la información sobre los países de origen de los extranjeros que fueron deportados. “Entre 2016 y 2018 se efectuaron 53.866 inspecciones de control de permanencia. Mientras que en el trienio anterior fueron 22.791. El crecimiento de estos operativos permitió detectar situaciones que en algunos casos concluyeron en expulsiones”, se precisó desde la repartición.

Una política que atrasa

En los juzgados federales con asiento en Entre Ríos se están tramitando varias causas de ciudadanos chinos que procuran regularizar su residencia en el país, aunque mientras se realiza la gestión algunos de ellos fueron “retenidos” en dependencias de Gendarmería o de Prefectura.

Es un procedimiento contemplado por la ley que dispone Migraciones y que en la mayoría de los casos, concluye con el inmigrante siendo deportado a su país de origen. Un ciudadano de origen asiático, que vivía en Rosario del Tala, lleva más de 20 días detenido en una dependencia de Prefectura pese a que cuenta con la nacionalidad argentina y que inició la solicitud antes de la “expulsión administrativa otorgada por Migraciones”. La que brinda testimonio es su abogada defensora, María Isabel Caccioppoli, quien en principio trató de despejar cualquier tipo de prejuicio sobre el tema.

“La mayoría no tiene antecedentes penales”, aclaró en diálogo con UNO. Contó que el hombre había iniciado el trámite de renovación de la “residencia precaria”, la cual se otorga para poder trabajar y viajar dentro del país. “Esta persona está casada, pero ese acto no está reconocido por Migraciones. Pero este ciudadano cuenta con un avanzado expediente de ciudadanía. Entonces no tuvo que haber sido retenido porque la ciudadanía vigente. Ellos dicen –en referencia al Estado– que han ingresado 2 millones de inmigrantes en 2018, y que por eso suponen que hay algún tipo de error. Estoy tratando que la ley se cumpla, sobre todo pensando en los derechos humanos de las personas”, subrayó.

Según la penalista el decreto 70/2017 no se debería aplicar en este caso, porque la persona ingresó al país en 2012 y la normativa recién entró en vigencia cinco años después. Caccioppoli, al igual que otros colegas que se dedican a la misma problemática, consideró que la reforma impuesta a la anterior legislación acortó los plazos procesales a tres días “lo que dificulta la posibilidad de ejercer la debida defensa de estas personas”.

“El expediente de este ciudadano se encuentra en la Cámara Nacional de Casación. Entendemos como tiene un trámite avanzado de ciudadanía, no se puede disponer de su retención. Además planteamos un hábeas corpus, porque consideramos que hay una violación de los derechos humanos”, advirtió.

José Ostolaza, abogado penalista, asumió hace unos años un caso judicial de características similares. “Conseguí la libertad de cuatro ciudadanos chinos, en este caso a través de un amparo. Muchos jueces –federales– con ese criterio de la ‘retención’ privan de la libertad al extranjero. En su momento se quedaron en el país, luego de solucionar sus problemas y al lograr acceder a una fianza”, detalló el letrado.

La “retención” se extendió durante diez días. La normativa indica que los impedimentos para el ingreso o permanencia en el país se encuentran “el presentar documentación nacional o extranjera ideológicamente falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, tales como terrorismo, tráficos de personas, armas, estupefacientes u órganos.

Varias familias perderían el trabajo si se dicta una expulsión

En términos técnicos, se considera una “retención” de un extranjero a la medida cautelar para privar de la libertad con fines de expulsión. En esa condición se encuentra un comerciante chino que residía en Paraná y que está pasando por un complicado momento de salud. Sus empleados y clientes juntaron firmas para que se revierta una decisión que al parecer sería inminente. “Si lo deportan perderíamos un gran amigo, es como un hermano para mí porque me dio trabajo”, afirma uno de los trabajadores del súper que fundó en la capital provincial. Señaló que el accionar de Migraciones “es injusto” porque tenían la orden de retención desde 2017: “Él iba a renovar cada tres meses el permiso precario al organismo y nunca se le avisó que tenía un problema”.

El empleado acusó a Migraciones de vulnerar derechos y denunció el deterioro de salud que sufre esta persona desde que quedó privado de su libertad. “Pude ir a verlo hace poco, y lo noté muy triste, está muy flaco. Ellos no están acostumbrados a comer el alimento que les dan en Migraciones; se les sirve arroz con pollo, empanadas y no la pueden comer, porque su organismo las rechaza. Tampoco toma líquido; me preocupa mucho su salud”, manifestó en comunicación con UNO.

En caso de ser deportado, la ley prevé que recién podrá ingresar al país después de cinco años. Su mujer, de la misma nacionalidad y que residía también en Paraná, emprendió el regreso. “Está totalmente en riesgo nuestro trabajo y eso no es justo, porque somos todos trabajadores, familias y la situación no da para estar en la calle. Nosotros vivimos de esto y dependemos de esto. Juntamos más de 350 firmas para que no lo deporten”, destacó a la espera de una resolución.

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