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Domingo 09 de Septiembre de 2018

El presupuesto del ajuste es el objetivo inmediato de la Nación

Presión El recorte de "gastos" se profundiza con vistas a 2019 mientras los gobernadores intentan salvar alguna moneda y a la vez no cargar con la culpa de dejar a la gestión sin su ley principal

El martes el presidente Mauricio Macri recibirá a los gobernadores con la intención de dar por cerrado el acuerdo para la aprobación del Presupuesto de 2019, esa ley que junto a la asistencia que se tramita ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido calificadas por el mandatario como imprescindibles para dar tranquilidad a la economía, y así reconstruir la confianza que a la vez ponga en marcha la rueda de la producción y el crecimiento.

Menuda responsabilidad la que el gobierno nacional pone sobre los hombros de los gobernadores, quienes a su entender no solo deben allanarse a un ajuste feroz que permita alcanzar las nuevas metas que la administración de Macri acordó en la negociación con el FMI, sino que también deberán compensar los recortes de algunos subsidios, como el del transporte de pasajeros. Se desliza en este razonamiento de la administración nacional que cualquier objeción o reclamo que se formule tiene la intención de desestabilizar al gobierno nacional con objetivos electorales.


La presión se da también en el plano mediático. Varias veces funcionarios nacionales han sostenido estos días que se había llegado a un acuerdo sobre determinado tema, en el marco del recorte de "gastos", y luego los ministros de Economía provinciales o gobernadores salieron a desmentirlo.


La postura del gobernador Gustavo Bordet intentó ser prudente, en el sentido de no anticipar un apoyo abierto al proyecto aunque sí reconocer la importancia de que el gobierno nacional disponga de un presupuesto. Según los principales medios de comunicación, en la Nación contaban desde el principio a Bordet dentro de los que apoyaban la iniciativa, junto al cordobés Juan Schiaretti o al salteño Juan Manuel Urtubey, entre otros.


La gestión del ministro del Interior Rogelio Frigerio –claramente fortalecido tras la crisis que generó la corrida cambiaria que puso el dólar a 40 pesos– se destaca en tanto y en cuanto parece estar cercano el momento en que el grueso de los gobernadores avale el presupuesto del ajuste. Aseguran que incluso el puntano Alberto Rodríguez Saá ha dicho que debe apoyarse la propuesta del Ejecutivo Nacional, pese a ser de los más distantes del macrismo.


Sin embargo, los gobernadores ven que no pueden aceptar los planes del macrismo tal como vienen, primero porque desfinancian a las provincias hasta límites insospechados; y segundo porque no son los primeros recortes. No se partirá desde cero en el ajuste cuando se decidan recortes a aplicar desde 2019, sino que ya desde hace dos años se vienen desfinanciando programas sociales y de salud; además de haber decidido el gobierno nacional dejar sin efecto de un plumazo importantes recursos como el Fondo Federal Solidario, con la lógica del hecho consumado.



En el plano mediático, el gobierno nacional ha logrado que se hable con total normalidad de un ajuste fenomenal que multiplicará la pobreza en la Argentina. Oficialistas y buena parte de los opositores se refieren a ello con la misma convicción de que resulta inevitable como si estuvieran hablando de la llegada de la primavera.



Incluso el apotegma macrista que señala que no se puede vivir de prestado o que no se puede gastar más de lo que se recauda, es repetido como argumento incluso para recortes en salud o para justificar el tarifazo a servicios públicos, que como tales no se rigen por la lógica estricta del mercado.


Pero más allá del marketing del ajuste, que Cambiemos maneja de manera eficiente, tampoco escapa de los cálculos del justicialismo gobernante en varias provincias que hoy resulta un mayor costo político no apoyar el presupuesto (del ajuste) que hacerlo, sabiendo que en todo caso después el desafío será explicar que las provincias no participaron de su elaboración; y que no acordaron las medidas que golpearán el bolsillo de los argentinos, aunque en última instancia terminen avalando algunas de ellas.



Mientras tanto, la inestabilidad económica dificulta los planes electorales. No es tiempo para andar haciendo campaña, menos sabiendo que hasta el propio presidente /meteorólogo no descarta la llegada de una "séptima tormenta" tal como señaló en Mendoza, tras describir los seis episodios de la crisis económica actual. Allí Macri comunicó que no debe festejarse que durante tres días el dólar haya bajado unos centavos porque nadie puede asegurar qué pasará el lunes y, en ese contexto tan cambiante, cómo pensar entonces de acá a cuatro o cinco meses, o de hoy a las elecciones.




Nada está dicho. Macri, que está en sus peores momentos de imagen de gestión y de intención de voto, puede ganar las presidenciales del año que viene. Cristina Fernández estaba muy mal en 2008 y en 2011 fue reelecta por una abrumadora mayoría. Claro, Macri tiene menos tiempo y más problemas, pero nada está dicho todavía, ni sobre él ni tampoco sobre el futuro judicial de Cristina; ni tampoco sobre la aparición/ fortalecimiento de otros candidatos.



Para Bordet la alternativa del desdoblamiento electoral sigue siendo tentadora. El viernes, en la conferencia de prensa de Mendoza, Macri señaló que varias provincias adelantarían sus comicios y pareció acompañar esa afirmación con gestos que evidenciaban que su disposición no es oponerse.




Algunos justicialistas entrerrianos sostienen que el adelantamiento sigue siendo una alternativa electoral favorable, ya que esa eventual recuperación de la imagen del gobierno nacional es menos probable que suceda en abril que en octubre. En cambio, los que creen que la recuperación no es posible, apuntalan la elegir en un mismo turno las autoridades provinciales y las nacionales. Esto es materia de análisis político y periodístico, porque es muy probable que recuperación hoy no se represente en la imaginación del común de la gente, que golpeada por la crisis económica asocia tal vez las situaciones actuales más a los hechos de 2001 o similares, que a un futuro promisorio.



Hasta la recurrente presencia del expresidente Eduardo Duhalde en los medios apuntala el Deja Vu.



Tal vez aprovechando ese recuerdo tan presente es que el área de Seguridad del gobierno nacional, encabezada por Patricia Bullrich, puso en marcha un fuerte accionar mediático alertando sobre la posibilidad de saqueos organizados por sectores del kirchnerismo o por otros sectores opositores al gobierno.



Los saqueos existieron y son parte de la memoria reciente de la Argentina, y eso hace que también sea posible manipular las sensaciones que esos recuerdos generan; o usar esos recuerdos para generar un contexto favorable a la aplicación de una fuerte represión ante la eventual aparición de circunstancias similares. El mensaje es que detrás de los saqueos está la peor de la política; no la pobreza ni la necesidad. Y por ende, la responsabilidad será de los opositores que agitan, y no del gobierno que ajusta. Y ante esto, se justifica el castigo ejemplar.




El gobierno nacional utilizó este esquema especialmente ante un hecho ocurrido en Chaco, en el cual fue asesinado un adolescente de 13 años, en circunstancias que según los medios locales difieren bastante de lo que plantea la hipótesis de una "guerra de guerrillas", que según Bullrich busca desestabilizar y derrocar al gobierno.




Es la ministra que trató como un héroe al policía Chocobar o la que mandó los militares a actuar en seguridad interior al norte del país. "La ministra que mejor interpreta al Presidente", suelen elogiarla en medios porteños. El Presidente que metió a soldados norteamericanos al país a realizar ejercicios militares sin pasar por el Congreso, el que criticó a los jueces que investigaron el caso Chocobar o que justificó al carnicero Daniel Oyarzún que pisó con su auto a un ladrón que lo había asaltado y lo mató a golpes, en 2016. El presidente, la ministra y el gobierno de la mano dura que ahora instalan -basándose en la experiencia reciente- la idea de los saqueos como método político, para justificar la represión que luego habrá cuando el gobierno "interprete" que puede haber algún peligro.



Un contexto suficiente para estar atentos a lo que suceda en Entre Ríos, una provincia donde no hace tanto tres personas fueron asesinados por la policía provincial en circunstancias de convulsión social.

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