Cristina Fernández de Kirchner
Viernes 17 de Agosto de 2018

Cristina negó haber cobrado por el decreto de la hidrovía y criticó el accionar judicial

Indicó que la norma pasó por organismos estatales y fue avalada por el Congreso. Dijo que hay un manejo extorsivo de la figura del arrepentido

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió ayer la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y salió al cruce del empresario Gabriel Romero, líder del grupo Emepa, quien tras firmar un acuerdo para ser "imputado colaborador" declaró que pagó sobornos al gobierno anterior para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del río Paraná.
La expresidenta detalló los antecedentes del caso que llevaron a la firma de ese decreto y precisó que con su rúbrica se limitó a ratificar lo actuado por distintos organismos estatales y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. CFK remarcó que sin esa aprobación legislativa "no hubiera habido decreto".
La senadora abordó el tema de la causa que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en un texto que tituló "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida". Allí señaló que hay un "evidente manejo extorsivo de la figura del 'arrepentido', que es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social".
Cristina explicó que era para ella "obligatorio firmar" el decreto y advirtió que la declaración de Romero se produjo en el marco de "un verdadero menú de 'arrepentidos' a la carta". "En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos".
En el mismo sentido volvió a señalar que las causas en su contra son producto de una persecución política en su contra, tal como señaló en el escrito que entregó en Comodoro Py el lunes cuando fue su indagatoria. "Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación", remarcó.
Varios medios destacaron los calificativos que tuvo la exmandataria hacia Centeno y hacia el exfuncionario Claudio Uberti.
"He decidido no hacer comentarios sobre remiseros 'arrepentidos' que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como expresidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo 'arrepentido?– que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial", explicó.
Tras ello, se explayó extensamente sobre el decreto de la hidrovía que firmó ratificando la postura de diferentes organismos del Estado Nacional y que fue avalado en el Congreso Nacional.

Chediak y José López
Juan Chediack, expresidente y actual vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), es otro de los empresarios que se encuentra en la mira de la Justicia por la causa de las coimas de la corrupción. Ocupó cargos en la CAC desde 1992 y llegó a la presidencia después de la gestión de Carlos Wagner –otro de los arrepentidos en el marco de la causa de los cuadernos–, entre 2014 y 2016.
Anoche se confirmó que el exfuncionario José López (detenido por arrojar bolsos con más de nueve millones de dólares a un convento) firmó un acuerdo con el fiscal federal Carlos Stornelli y declaró como arrepentido. Anoche trascendió que se evaluaba modificar sus condiciones de detención.


El financista Clarens declaró como arrepentido

El financista Ernesto Clarens, un hombre muy vinculado a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, estuvo toda la mañana en el juzgado de Claudio Bonadio, cerró un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli y apuesta a que el juez se lo homologue para convertirse en el primer arrepentido del mundo financiero en la causa de los cuadernos de las coimas.
¿Cuál fue ese rol? Oficiar de intermediario en la recaudación y de "cambista", de acuerdo con las pruebas que reunieron hasta ahora los investigadores y a lo que estaría dispuesto a confesar él, oficialmente, como arrepentido.
Clarens habría recibido dinero de empresarios que en muchos casos no tenían relación directa con la cúpula del kirchnerismo que se correspondían con certificados de obras cobrados por esas firmas como contratistas del Estado. Ese dinero, que supuestamente debían devolver como coimas por los pagos, se los daban a Clarens, "que los cambiaba a dólares, se quedaba con una comisión, y le entregaba todo lo demás a Muñoz (Daniel, secretario privado de Nestor Kirchner)", informó una fuente de la investigación.
El acuerdo que Clarens cerró ayer con el fiscal Stornelli, ya está bajo evaluación de Bonadio. Según fuentes del caso, el juez resolverá la semana que viene si lo homologa o no.
Clarens, además, es un hombre clave en los movimientos financieros que realizó el kirchnerismo a través de su empresa Invernes SA, que ya estaba en la mira en diversas causas judiciales, como la denominada ruta del dinero K, consignó el diario porteño La Nación en su web.


Exsecretario involucró a la cúpula de La Cámpora

Martín Larraburu, el exsecretario privado del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, salió en libertad tras 16 días detenido. Larraburu está imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita que se dedicó a "recaudar fondos ilegales" que provenían de empresas de la construcción y del sector energético, para "la comisión de otros delitos".
Así lo determinó el fiscal Carlos Stornelli. En este entramado, Larraburu explicó en su declaración indagatoria que el dinero negro que Abal Medina recibió de los empresarios que financiaban las campañas políticas del kirchnerismo era manejado por la plana mayor de La Cámpora, la agrupación que maneja Máximo Kirchner. Larraburu mencionó a cuatro de esos jefes: Andrés Cuervo Larroque, José Ottavis, Rodra Rodríguez y Hernán Reibel.
La ampliación de la declaración indagatoria duró poco más de una hora y media. Hace una semana se había negado a declarar, pero ahora dijo que quería explicar el contenido de dos pendrives que la Policía Federal secuestró en su domicilio y en cuyo interior se encontraban planillas con gastos de campaña electoral 2013.
"Cuando en la planilla figura CFK hace referencia a la ex Presidenta de la Nación y PASO a las elecciones", indicó Larraburu en la declaración a la que accedió Clarín. A continuación explicó que en esa planilla "figura dinero que habría sido entregado y yo la recibí así".

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