Otro represor fue separado de un juicio en Entre Ríos por supuesta enfermedad

Alfredo Hoffman/De la Redacción de UNO

En una resolución dictada el jueves pasado por el juez federal ad hoc de Paraná Roberto Aníbal Lerena, el represor Luis Francisco Armocida fue separado del proceso en la causa conocida como Área Paraná, debido a sus presuntos problemas de salud, según pudo determinar UNO. Las querellas de la agrupación HIJOS Parana y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estudian recurrir la disposición.

El expolicía Armocida estaba procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y en mayo había sido sometido a pericias médicas por parte de los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En base a los resultados de esos estudios, el juez decidió excluirlo por incapacidad mental sobreviniente del juicio que se desarrolla en forma escrita por aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal. Resolvió también dejar sin efecto la prisión preventiva domiciliaria que venía cumpliendo en su casa de Diamante y ahora podrá circular libremente por la calle.

Asimismo, Lerena dispuso la realización de una nueva evaluación médica a Armocida dentro de seis meses, la cual volverá a estar a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte, a fin de analizar la evolución o involución de su estado de salud. El pedido de suspensión del proceso había sido efectuado por primera vez en 2011 por la defensora oficial Mariela Nardi de Brouchy, en aquella ocasión sin éxito, y reiterado este año.

De esta manera, Armocida se suma a la lista de represores que vienen siendo beneficiados por el paso del tiempo, lo que hace que sus problemas de salud –propios de sus edades avanzadas– se profundicen al punto de hacerlos aparecer como inimputables y dejar impunes sus conductas criminales. En setiembre de 2010 en la causa por robo de bebés conocida como Hospital Militar, y luego en la misma Área Paraná, fue beneficiado con esta situación quien fuera el jefe de la represión ilegal en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco. Este año, Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre la provincia, siguió el mismo camino por decisión del Tribunal Oral Federal de Paraná en el inicio del juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La medida que benefició a Díaz Bessone fue recurrida en casación y no se encuentra firme.

Armocida, quien este mes cumplirá 78 años, se desempeñó como jefe de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos entre 1976 y 1977. Estaba procesado por ser coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de seis víctimas.

 

Cuando fue sometido a declaración indagatoria, el 19 de abril de 2010, se defendió diciendo que no participó en ninguna de las masivas detenciones y allanamientos que se efectuaron el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, porque había sido enviado al interior del Departamento Diamante a “poner intendentes” acompañando al “Mayor González”. Señaló también que ese día vio a una veintena de presos políticos, detenidos sin orden judicial y por responsabilidad del mismo González, en una galería de la Jefatura Departamental de Policía.

Ya en ese momento la defensa hizo saber de su supuesta patología psiquiátrica, neurológica, respiratoria, cardiológica hipertensiva, auditiva e intestinal; por lo que solicitó prisión domiciliaria, la que fue aceptada. El médico de la Cámara Federal de Apelaciones, Armando González, lo revisó y constató un síndrome psicoorgánico de deterioro importante que según los antecedentes llevaba varios años de evolución y que le afectaba la memoria y la atención, entre otros problemas de salud que hacían que no podía valerse por sí mismo.

La querella repudia las maniobras de los represores

La abogada de la agrupación HIJOS Paraná –querellante en la causa–, Florencia Amore, cuestionó duramente lo que consideró “irracionales maniobras dilatorias” de los represores, entre las que se encuentra el reclamo suspensión del juicio de Armocida, que ahora tuvo éxito, pero también las incesantes recusaciones que los imputados vienen presentando y que han hecho que “ya no queden jueces en Entre Ríos” para hacerse cargo del expediente.

“Ahora estamos estudiando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también es querellante, la pertinencia de recurrir esta resolución”, dijo Amore a UNO. “Esto no solo es una práctica cotidiana instalada en todos los genocidas en todas las causas, sino que este mismo imputado ya lo hizo hace poco más de un año y ahora lo volvió a intentar obteniendo otros resultados”, agregó.

La abogada cuestionó el estancamiento de la causa Área Paraná: “Esto va a seguir pasando mientras el proceso se siga demorando; ya tendría que tener sentencia para esta fecha, pero los imputados vienen presentando hace más de seis meses una serie de maniobras dilatorias con recusaciones indiscriminadas e irracionales que hacen que hoy la causa esté paralizada y dé lugar a estas cosas”.

Además indicó que estuvo reunida con organismos de derechos humanos nacionales, como miembros de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes le manifestaron su preocupación por el estancamiento de la causa Área Paraná.

El expediente quedó paralizado en la instancia de contestación de las defensas a las acusaciones realizadas por la fiscalía y las querellas, pero hubo una resolución que dio marcha atrás con todas las contestaciones que se habían realizado. “Esa resolución fue apelada pero no se le ha podido dar trámite porque interpusieron tantas recusaciones que hasta la Cámara está recusada. Ya no quedan jueces en Entre Ríos para hacerse cargo”, finalizó.