Luego de la audiencia realizada ayer por la Corte Suprema de Justicia para mediar entre la provincia de Córdoba y el gobierno nacional por el reclamo del gobernador José Manuel De la Sota para que le paguen 1.040 millones de pesos por fondos previsionales no girados en 2011, el ministro de Economía nacional Hernán Lorenzino dio una conferencia de prensa con conceptos que también sirven para entender la situación en la que se encuentra Entre Ríos, a quien la Nación le adeuda 1.150 millones de pesos, aunque el gobierno provincial no los ha reclamado.
“No hay indicación a las provincias para que se recorte a los jubilados”
Lorenzino señaló que “no hay ninguna indicación a ninguna de las provincias para que se recorte algo a los jubilados” en el marco del proceso de armonización de los sistemas jubilatorios provinciales como el de Entre Ríos, que no fue transferido a la Nación.
Hace tres semanas, el gobernador Sergio Urribarri confirmó que la Provincia es acreedora del gobierno nacional por 1.150 millones de pesos en concepto de compensación al sistema previsonal provincial, pero indicó que su gobierno “también es responsable de no cobrar esa cifra, debido a que no armonizó el sistema previsional provincial con el nacional”.
“Cada una de las provincias se comprometía a armonizar el sistema previsional para ser beneficiarios de que la Nación cubra el déficit de aquellas provincias que no han transferido sus cajas. Pero no se han armonizado los sistemas previsionales de las provincias, tampoco en Entre Ríos”, admitió el mandatario.
Ayer el titular del Ministerio de Economía de la Nación pareció transitar por el mismo carril, señalando además que a nadie se le reclama un “recorte” que es el nombre sin eufemismos de la armonización. Claro que quien no armonice (recorte) tampoco podrá reclamar demasiada asistencia.
Por su parte, el titular del Anses -Diego Bossio- aseguró: “No le debemos nada a la provincia de Córdoba” y afirmó que en todo momento se actuó “de buena fe” en las conversaciones con las autoridades de la provincia.
Lorenzino había criticado a De la Sota por la forma en que reclama la “devolución de fondos” a la Nación como si “fuera un caudillo y no un gobernador que tiene que articular políticas” con el gobierno federal. Luego aseguró que las transferencias de recursos coparticipables a Córdoba “que en 2003 representaban el 50% de su presupuesto, actualmente significan un 60% del mismo, mientras que los recursos provinciales que equivalían en 2003 al 43% del presupuesto provincial, hoy representan sólo el 38%. Ello habla a las claras de la administración de la provincia”, señaló.
En Entre Ríos, donde el gobierno convocó a diferentes sectores gremiales para avanzar en la discusión sobre la forma de frenar el déficit creciente del sistema previsional, el dato deberá tomarse en cuenta.
Varios sectores gremiales han plantado bandera diciendo que no admitirán cambios a al sistema normativo vigente en ningún aspecto, ni en cuanto al pago del 82% móvil, ni en cuanto a la edad en la que se accede al beneficio. Claramente podría deducirse que si esta postura se impone, no habrá asistencia nacional para atender el déficit.
A su modo, es lo que había dicho Urribarri: “Si yo cumpliera con la armonización que se debe hacer, nos hacemos acreedores de 1.150 millones de pesos. Es un montonazo. Pero también tenemos que hacer nuestros deberes. No podemos pedir que el Estado argentino subsidie jubilaciones que tienen poco que ver con la media nacional”.
El reclamo y la respuesta
Cuando el gobierno cordobés reclamó el pago en virtud del convenio 80/09, firmado el 18 de diciembre de 2009; la Nación le respondió que Córdoba no cumplió con “la armonización” con la Anses, y cuestionó además los elevados valores de las jubilaciones provinciales, instándola a “reducir el déficit”.
Igualmente cuestionó que el ingreso por aportes de la caja provincial “es menor a la teóricamente necesaria para pagar erogaciones al 82% del haber promedio”. Y agregó que “la acción asumida por la Anses es una consecuencia lógica de la inacción provincial y falta de armonización puntualmente del haber inicial y de la movilidad de las prestaciones”. Todo un espejo en el cual mirarse, tanto el gobierno provincial, como la dirigencia opositora que insiste en que Urribarri debe reclamar esos fondos, sin mencionar lo ocurrido con la armonización.
Ayer De La Sota dio otra versión. Dijo que los funcionarios nacionales le pidieron que baje las jubilaciones para los cordobeses y que abandonen el 82% móvil. “No lo vamos a hacer”, respondió y le reclamó a Cristina: “Los cordobeses le prestaron más de 1.000 millones y queremos recuperarlos en paz, hablando...”