Mundo
Martes 08 de Enero de 2019

Se diluye la idea de instalar una base militar estadounidense en Brasil

Jair Bolsonaro decidió finalmente dejar sin efecto el polémico proyecto, que generó malestar entre las fuerzas armadas de su país

El gobierno de Brasil admitió ayer públicamente que perdió fuerza la fugaz idea de autorizar la instalación de una base militar de Estados Unidos en su territorio, una posibilidad que según la prensa local produce "urticaria" a los generales del gigante sudamericano. "No veo cuál sería el motivo de instalar una base como esa", declaró el ministro de Defensa de Brasil, el general retirado Fernando Azevedo e Silva, en una declaración publicada ayer en el diario Valor Económico.
El diario O Estado de Sao Paulo publicó el domingo declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien reveló que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le ofreció a su país instalar una base militar en territorio brasileño. "Estamos satisfechos con la oferta del presidente Bolsonaro; confío en que vamos a continuar dialogando de muchos temas con Brasil mientras el nuevo gobierno asume el país; esto es algo que deseamos muchísimo", dijo Pompeo. Pompeo fue el 1º de enero el representante del presidente Donald Trump en la asunción de Bolsonaro, quien en una entrevista ya había adelantado que estaba abierto a que Estados Unidos abriera una base militar en Brasil, como contracara al apoyo militar ruso que recibe la vecina Venezuela.
Pero la iniciativa fue recibida con resquemores en los círculos castrenses de Brasil, de acuerdo con comentarios publicados en los días siguientes por la prensa brasileña. Incluso, en Folha de Sao Paulo apareció el lunes un artículo en el que se aseguró que Bolsonaro prometió a los militares que no se autorizará la instalación de ninguna base estadounidense durante su mandato, en un mensaje transmitido a las autoridades castrenses por el ministro de Defensa.
La hipótesis de contar con una unidad estadounidense en su territorio causa "urticaria" en algunos uniformados, escribió el matutino paulista. El ministro Azevedo e Silva se pronunció ayer públicamente sobre el asunto y señaló que se trata de una cuestión "muy compleja" que aún no analizó en detalle con Bolsonaro. Se trata de un tema que necesita ser tratado con "claridad", por su complejidad y "no veo cuál sería el motivo de instalar una base como esa", puntualizó el ministro. Por lo pronto, siguió, "no se sabe qué tipo de base será. ¿Será una base de apoyo logístico?¿Una base de material?", preguntó.
Pompeo también había confirmado que existe una negociación para llegar a un acuerdo bilateral para que Estados Unidos pueda usar la base espacial brasileña de Alcántara, en el Estado de Maranhao, en el noreste del país. "Estamos muy interesados y se está negociando un acuerdo de salvaguardas tecnológicas con Brasil, que liberará una licencia para lanzamientos de vehículos espaciales y satélites de Estados Unidos", dijo. Desde que asumió el poder el 1º de enero, Bolsonaro dio un brusco cambio a la política exterior brasileña, en consonancia con la administración de Donald Trump. EE.UU. tiene unas 800 bases militares repartidas en unos 80 países, pero ninguna repartida en el Cono Sur. Dos de cada tres brasileños se mostraron contrarios a una política externa en la cual EE.UU. tenga prioridad, como había indicado el flamante dignatario, según una encuesta publicada en diciembre últimos por Folha. Al margen de este asunto, los brasileños siguen pendientes de los pasos que da el gobierno de Bolsonaro en relación con la marcha de la economía, área en la que se esperan debates sobre profundas reformas. El ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, aseguró ayer que el gobierno evalúa privatizar o liquidar un centenar de empresas estatales hasta 2022. "Obviamente, no estamos hablando solo de privatizaciones, sino también de liquidaciones", declaró el ministro. De Freitas no quiso detallar cuáles empresas podrían estar incluidas, pero dijo que el gobierno hará un mapa de la situación de las cerca de 150 estatales que dependen directamente del Ejecutivo.


Buena sintonía
Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, se mostraron en sintonía para desalentar versiones sobre desavenencias sobre la reforma del sistema de jubilaciones. "Reconocer el desconocimiento mío en muchas áreas es humildad; tengo certeza de que conozco mucho más de política que Guedes, pero él conoce mucho más de economía que yo", fue la tajante declaración del mandatario.

El brote de violencia en el Estado de Ceará no se detiene
Diane Jeantet
AP

Los continuos ataques de bandas criminales en el Estado Ceará, en el noroeste de Brasil, rápidamente se convierten en una prueba de seguridad para el recién inaugurado gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Los criminales han atacado constantemente infraestructura pública y comercios, además de intentar explotar un puente utilizando explosivos en las afueras de Fortaleza, la ciudad capital del Estado.
Por lo menos cuatro colectivos y una obra de construcción fueron incendiados ayer alrededor de Fortaleza. Las autoridades dijeron que arrestaron a 160 personas vinculadas a asaltos de bancos, estaciones policiales y otros edificios públicos. En general, el departamento de seguridad pública del estado ha reportado 160 incidentes en decenas de municipalidades.
Bolsonaro hizo campaña con la promesa de poner un fin a la creciente violencia y restaurar la autoridad estatal sobre el crimen organizado. Para ayudar a poner fin a los saqueos, su Ministerio de Seguridad Pública y Justicia desplegó a otros 100 policías ayer aparte de los 300 ya apostados, incluidos miembros de la Fuerza Policial Nacional.

Mafias carcelarias 
Las autoridades locales creen que los ataques son el resultado de un plan estatal para combatir el pandillerismo en las prisiones brasileñas. Muchos cárteles de narcotráfico pueden operar sus negocios desde las saturadas cárceles. André Costa, quien dirige el departamento de seguridad pública de Ceará, dijo que el levantamiento fue causado por el nombramiento de un nuevo secretario para supervisar la penitenciaría estatal. "El bandido solo acepta la ley de la fuerza", tuiteó Fernando Francischini, un legislador del Estado sureño de Paraná. Francischini, miembro del Partido Liberal Social de la extrema derecha de Bolsonaro, dijo que los ataques son un acto de terrorismo.

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