La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió ayer al tomar posesión de su segundo mandato investigar con rigor la corrupción en la petrolera estatal Petrobras y anunció medidas de ajuste para reactivar el crecimiento económico sin afectar los programas sociales para los más pobres. "Ningún derecho menos, ningún paso atrás", aseguró, en un emotivo discurso pronunciado ante miles de militantes de su Partido de los Trabajadores (PT) que llegaron de todo el país a Brasilia para celebrar el cuarto mandato de la agrupación, creada en 1980 por el ex sindicalista Luiz Inacio Lula da Silva, quien gobernó el país de 2003 a 2010. Al hablar en el palacio presidencial del Planalto luego de asumir formalmente su segundo mandato en el Congreso, la política de 67 años pidió "comprensión" del pueblo para las medidas necesarias a tomar a fin de recuperar la economía —y que incluirán recortes de gastos públicos y alza de impuestos. "Sí haremos ajustes en la economía, pero lo haremos sin revocar derechos conquistados ni traicionar nuestros compromisos sociales", expresó Rousseff.
Dilma prometió un ajuste fiscal sin costo social y erradicar la corrupción
Rousseff afirmó que su reelección en las urnas de octubre, con un 51,64 por ciento de los votos válidos, fue la confirmación del apoyo popular al proyecto de combate a la pobreza iniciado en 2003 por Lula y que prosiguió durante su primer mandato en el gobierno. "Represento un proyecto de nación que tiene el más profundo y duradero apoyo popular de nuestra historia democrática", enfatizó la presidenta, quien recordó que los programas sociales del gobierno rescataron de la pobreza extrema a 36 millones de personas en los últimos 12 años.
El discurso al pueblo fue el punto culminante de los festejos de la segunda investidura de Rousseff iniciado horas antes, cuando la mandataria recorrió a bordo del automóvil presidencial —un Rolls Royce de 1952— los dos kilómetros que separan la catedral metropolitana de Brasilia del Congreso, festejada por simpatizantes del PT.
En la sede del Poder Legislativo, juró cumplir la Constitución y luego pronunció un discurso de unos 40 minutos, en el que aseguró que tomará medidas para "extirpar" la corrupción de la petrolera estatal Petrobras, hoy en el epicentro de un millonario escándalo de desviación de recursos en beneficio de partidos políticos oficialistas. "Vamos a defender a Petrobras de sus depredadores internos y sus enemigos externos. Por eso vamos a investigar con rigor todo lo que hubo de errado y crear mecanismos que eviten que hechos como esos vuelvan a ocurrir", aseveró. Petrobras, principal inversionista del país, está en el centro de una trama de corrupción que involucra a un cartel de las principales constructoras del país, que pagaban millonarios sobornos a cambio de contratos. Unas 39 personas están siendo procesadas por la Justicia brasileña.
Las cosas podrían complicarse incluso más para Rousseff en febrero, cuando la Corte Suprema dé a conocer los nombres de decenas de políticos que supuestamente recibieron fondos por más de 3.000 millones de dólares en sobornos provenientes de las arcas de Petroleo Brasileiro SA, el nombre formal de Petrobras. Rousseff ha negado haber tenido conocimiento del caso de corrupción. El jueves se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de lucha contra la corrupción en el primer semestre del año y a comprometer a los legisladores en lo que describió como un pacto nacional contra esas prácticas.
La presidenta sostuvo al mismo tiempo que la lucha contra la corrupción está directamente relacionada con la implementación de una reforma política para la cual pidió el apoyo del Congreso, al tiempo que defendió la necesidad de "escuchar a los movimientos sociales y al pueblo para legitimar las acciones del Poder Legislativo". También destacó en el discurso ante el Congreso la necesidad de realizar ajustes en la política económica, incluso para permitir avances en las políticas de combate a la pobreza. "Lo haremos con lo mínimo posible de sacrificios para la población", expresó Rousseff, que aseveró que "se pueden hacer ajustes en la economía sin revocar derechos conquistados".
Los analistas políticos del canal GloboNews Cristiana Lobo y Gerson Camarotti coincidieron en afirmar que Rousseff trató de "minimizar" los actuales problemas de la economía del país, que cerró 2014 con un crecimiento virtualmente nulo —según los pronósticos del propio gobierno—, y que registra los peores resultados de las cuentas públicas en más de una década. Lobo y Camarotti destacaron que Joaquim Levy, designado por Rousseff para comandar el Ministerio de Hacienda, reveló una evaluación mucho más negativa de la situación económica brasileña, y dejó en claro que el país necesitará un ajuste importante para reequilibrar cuentas públicas y bajar la inflación, si bien no ofreció detalles sobre los planes del gobierno en este campo.
Unos 136 países enviaron delegaciones para la reasunción de Rousseff, a la que acudieron 14 jefes de Estado y de gobierno.
La jefa de Estado dio posesión también a los integrantes de su nuevo gabinete, conformado por 39 ministros, de los cuales 14 son "heredados" de su primer mandato. El PT, que gobierna Brasil desde 2003, tiene a 14 representantes en el gobierno, entre los cuales está el ex gobernador de Bahía, Jacques Wagner, quien será el ministro de Defensa, en lugar del embajador Celso Amorim. El principal socio del PT, el centrista Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), seguirá como la segunda fuerza del gobierno, con seis ministros, y controlará carteras importantes como las de Minas y Energía, Agricultura y Aviación Civil. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue entregado al Partido Comunista de Brasil, mientras que otras siete carteras serán comandadas por agrupaciones aliadas de derecha, y los demás puestos —entre ellos el Ministerio de Exteriores y las carteras responsables del comando de la economía— serán ocupados por técnicos.