Mizawak: "La inconstitucionaidad de Ley de Narcomenudeo es para un caso"

Luego de que el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos declarara la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley provincial Nº 10.329, conocida como "de narcomenudeo", la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, salió a defender la norma.

“Hay que ponerla en contexto. Es una resolución judicial, de un juez de primera instancia en una causa concreta, como muchas otras resoluciones que declaran la inconstitucionalidad de leyes”, dijo la titular del STJ, y agregó que las inconstitucionalidades “son para un caso determinado donde han sido planteadas y en este caso fue declarada de oficio”.

En diálogo con la prensa, la magistrada aclaró que “las declaraciones de oficio de la inconstitucionalidad de una ley, siempre son la última ratio. El Poder Judicial no hace las leyes, las interpreta y las manda a cumplir, esa es la función y en todos los casos debemos ser muy respetuosos y cuidadosos porque quienes tienen el poder constitucional de hacer las leyes son los legisladores”.

“Respecto a qué opino sobre la inconstitucionalidad, sepan entender que el Tribunal Superior es el órgano máximo de las leyes provinciales, y en alguna oportunidad podría entender en una constitucionalidad o inconstitucionalidad, por eso me voy a reservar las opiniones”, reprodujo Elonce TV.

Por otra parte, Mizawak expresó que “estas leyes trasuntan una decisión política, y en este caso, la política de Estado es luchar a brazo partido contra este flagelo que es la droga. Este año llevamos muchas muertes con relación directa con la droga, así que a esto hay que darle una respuesta y la respuesta política, que interpretó el Poder Ejecutivo y Legislativo fue esta”, indicó en relación a la Ley de Narcomenudeo.

El sábado, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley de Narcomenudeo en el caso “Pesoa”, al entender que esos artículos modifican la ley nacional Nº 26.052 de mayor rango legal, y de ese modo se violenta la forma federal de gobierno, los principios y reglas constitucionales y legales de "supremacía del orden federal"; de "jerarquía de fuentes del derecho"; de "radicación"; de "tutela judicial efectiva", de "debido proceso", de "defensa en juicio" y de "juez natural".

El magistrado destacó que la inconstitucionalidad de la norma deviene de su insuficiente o incompleta asunción de las potestades jurisdiccionales para el juzgamiento de las conductas de narcomenudeo según lo prescripto por la norma federal Nº 26.052.

García: "No queremos ser Rosario"

En tanto que el Procurador General del STJ, Jorge García, entendió que el narcomenudeo “no sólo nos permite encontrar el kiosco, que es el problema que genera las muertes, sino que nos encontramos con verdaderos depósitos de mercancía que conforman un delito que es siempre de competencia federal”.

García dijo que cuando se analizó y sancionó la ley, “estábamos en el medio de la implementación del código nuevo y la idea que teníamos era que esta ley nos daba la oportunidad de una gradualidad. Pensábamos afrontar este problema de manera gradual, es decir, las primeras actividades como son los allanamientos, los secuestros y las detenciones, llevarlas adelante en el ámbito de la justicia provincial y remitir sólo para su juzgamiento a la Justicia Federal”.

García señaló además que en el “caso Pesoa” donde se dictó la medida de inconstitucionalidad, “se trataba de una cantidad importante de droga y el juzgamiento siempre iba a ser competencia federal, exista o no la ley de narcomenudeo”. Y aclaró: “Tratamos de articular políticas frente a un flagelo social muy grave y no queremos que esto se convierta en Rosario. El riesgo es que si entramos en enfrentamientos por cuestiones de competencia, a la población no le interesa” y se retrasan los procedimientos.

Finalmente el Procurador anunció que sacará una resolución general donde manifiesta que “esto continúa exactamente como estaba antes de este dictado que no nos incumbe. La ley es válida, constitucional y vamos seguir trabajando como hasta ahora, de la misma manera y con la misma legitimidad”.