El INDEC reveló esta dos estadísticas que nos despabilaron del letargo veraniego y pusieron una vez más en primera plana la crisis económica del país. La inflación del primer mes del año rozando el 4% (50,7% en un año) y la canasta para no caer en la pobreza en casi 80.000 pesos se colaron entre los precios de los destinos turísticos y otros asuntos típicos de la temporada, y marcaron la agenda que discute otros temas de alto voltaje económico, como el acuerdo del gobierno nacional con el FMI.

En esa arena empieza a recortarse, aunque sin hacer tantas olas, otro tema de vital para millones de trabajadores: la proximidad de las paritarias que definirán la recuperación de salarios (no es justo hablar de “aumento” si están siempre corriendo detrás de la inflación) para 2022. O al menos para una buena parte del año.

Funcionarios del Gobierno vienen reuniéndose con las centrales gremiales de la educación en la Paritaria Nacional Docente. Aunque todavía no hay una cifra sobre la mesa, la oferta oficial sería inminente, ya que la negociación de los maestros suele ser parámetro para las demás discusiones sectoriales.

En Entre Ríos también hubo encuentros del Ejecutivo con los sindicatos estatales, y se reencontrarán este martes. La oferta de la Casa Gris consistió en un 8,9% de recomposición a percibir en marzo para recobrar lo perdido del bolsillo desde noviembre en adelante, más otras sumas para marzo y mayo a negociar en próximas reuniones. También el compromiso de renegociar en julio, con el dato semestral de inflación. Después del cónclave, UPCN cuestionó la fórmula oficial porque deja a los sueldos muy atrasados, mientras que ATE planteó la necesidad de una cláusula automática para recomponer salarios a la par de la inflación. Vuelvo a la paritaria nacional docente para tomar un ejemplo. En vez de “cláusula gatillo”, CTERA propuso “cláusulas de revisión para monitorear la evolución de la inflación”.

La sustitución de la “cláusula gatillo” por la “cláusula de revisión” es una de las tantas derrotas de los sindicatos en los últimos años en el país. La cláusula automática se utilizó por un tiempo –demasiado breve- durante el gobierno nacional de Cambiemos. La inflación se mantenía alta y buena parte del arco gremial parecía más decidido a defender a sus afiliados que en tiempos de Casa Rosada peronista, como ocurre hoy y tantas veces.

El valor de dicha cláusula para el que vende su fuerza de trabajo es que su salario se actualiza automáticamente si sube el costo de vida. En la Argentina que vivimos las actuales generaciones se ha vuelto imposible ganarle de mano al encarecimiento de la vida diaria. Pero la protección de esta herramienta en un acuerdo salarial se vuelve esencial para el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, para no caer en la pobreza o ver el ingreso fagocitado permanentemente por aumentos de precios.

La “cláusula de revisión” también condiciona a empresas, Estado y gremios, pero solamente para sentarse nuevamente a la mesa paritaria y empezar, otra vez, a negociar qué porcentaje están dispuestos a soltar los empleadores para zurcir el maltrecho salario de sus dependientes. Reabrir ese proceso implica reuniones, ofertas, contraofertas, más reuniones, ocasionalmente amenazas de medidas de fuerza, con menos frecuencia que se concreten esas medidas de fuerza… Semanas. Meses. Si al tiempo perdido le sumamos que muchas veces el regateo termina desfavorable para los sueldos ante la inflación, resulta que el método paritario viene siendo perjudicial para los trabajadores: según distintas estimaciones, el poder adquisitivo en el país acumula una caída de entre 16% y 20% desde 2018 en la Argentina.

La cláusula gatillo no es la única solución a este drama social y económico. Es más bien un pequeño paliativo, pero protege el bolsillo del empleado, y ahorra tiempo y energías a todas las partes de la negociación. El problema aparece cuando ninguna de esas partes tiene demasiadas intenciones de protegerlo.