Va pasando otro año de incendios en las islas, con arriba de 100.000 hectáreas quemadas de los humedales del Delta. Las vaquitas ya pueden ir pastando y sus dueños engordando sus bolsillos. Y, seguramente, llegará un 2023 con más fuego, más humo y menos vida: el proyecto de Ley de Humedales volvió a cajonearse en la Cámara de Diputados de la Nación. La semana pasada, gobernadores oficialistas y opositores y legisladores de Juntos por el Cambio boicotearon la discusión de la iniciativa en las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto. Como el año legislativo es más corto que nuestro calendario gregoriano, ya es prácticamente imposible que se dictamine en comisión y se envíe a la Cámara para su debate y sanción.

La situación indigna, el lobby del poder económico puede más con los legisladores que el reclamo de miles de argentinos. La pretensión de oponer el ambiente a la producción fracasó, ya no encuentra argumentos, pero insisten.

En Entre Ríos, el gobierno provincial, nunca lo suficientemente avispado ni lo suficientemente dormido, parece conforme con la llegada de la temporada de no-incendios. En las horas en que el fuego avanzaba estuvieron muy ocupados en la guerra twittera entre Gustavo Bordet y el ministro de Ambiente Juan Cabandié por quién hacía qué cosa.

Ahora, para evitar que el ecocidio continúe el año que viene, restaría esperar una nueva reunión de urgencia de las comisiones, el dictamen y la deliberación en el recinto antes de que termine noviembre. No se los ve muy apurados. De lo contrario, recién en marzo se podría volver a retomar la discusión. Se encamina hacia el tercer fracaso de una Ley de Humedales en una década.

“La urgente sanción de una Ley de Humedales en Argentina es fundamental para detener y revertir este estado de crisis. Se trata de un paso en la dirección correcta para proteger ecosistemas esenciales para todas formas de vida, incluyendo la humana, su biodiversidad, así como medios y modos de vida de comunidades enteras”, sostienen en un documento distintas organizaciones ambientales, entre ellas Cauce.

“Es una verdadera necesidad responder desde la gestión política a los graves procesos de destrucción de humedales que incluyen procesos dramáticos para quienes viven, trabajan, producen, sienten y quieren a estos ecosistemas, y que exige la mayor de las responsabilidades por parte de todos los poderes del Estado”, agrega.

Mientras tanto, en la apertura a la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 27) que se realiza en Egipto, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático pidió el comienzo de la implementación de medidas prometidas en las anteriores. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en su discurso: “Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”.

Se propone que los gobiernos graven las ganancias inesperadas e impulsadas por la pandemia de las empresas petroleras. Justamente dos palabras que causaron espanto en políticos y comunicadores cuando se habló de aplicarlas en Argentina sobre los agroexportadores.