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Miradas: los derechos en suspenso

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, herramienta de derechos, es asignatura pendiente

Viernes 25 de Septiembre de 2020

El Mecanismo Provincial de Prevencion de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una antigua asignatura pendiente en Entre Ríos. Aunque la Legislatura provincial aprobó la ley para su creación hace tres años, todavía no entró en funcionamiento. Se trata de una herramienta que permitiría controlar algo tan básico para una sociedad democrática como que se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad o que estén en cualquier situación que implique encierro. Es decir que no solamente alcanza a las cárceles y dependencias policiales donde se alojan detenidos, sino también a otras instituciones como geriátricos y establecimientos de salud mental.

El Mecanismo prevé la conformación de un comité especial con la facultad de inspeccionar esos lugares de encierro regularmente y en forma extraordinaria, sin preaviso, a fin de constatar en qué situación se encuentran las personas allí alojadas, y subsanar las irregularidades que eventualmente se detecten.

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Derechos en suspenso

Derechos en suspenso

La deuda viene de lejos. La Convención contra la Tortura fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, firmada por Argentina el 4 de febrero de 1985 y aprobada por el Congreso de la Nación en 1986. Además fue incorporada a la Constitución nacional en 1994.

A su vez, en 2004 se aprobó en el Congreso el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, adoptado en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. Y en 2013 otra ley creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el cual se dispone la creación del mecanismo nacional y se establece que las provincias crearán sus mecanismos locales.

En Entre Ríos, el proyecto para la puesta en marcha del mecanismo local ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2015 y se convirtió en ley en noviembre de 2017. Luego de esto se conformó la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, que inició el proceso de selección de los integrantes del organismo independiente que debe realizar el trabajo de prevención y control: el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, con ese procedimiento en marcha, el oficialismo presentó un proyecto de modificación en Diputados para que los cargos que deben crearse en ese Comité sean ad honorem. A partir de entonces se interrumpió la conformación del organismo y por lo tanto se suspendió la aplicación de una herramienta que es necesaria para que el Estado entrerriano cumpla con su obligación de impedir torturas y tratos inhumanos a personas en situaciones de encierro.

Hace un año, en esta misma columna se hacía referencia a esa interrupción de la aplicación del mecanismo. La misma situación persiste todavía, con la diferencia de que, ante el insistente reclamo de organizaciones de Entre Ríos, comenzó a interesarse en el tema el Comité Nacional. Además, la Defensoría General de la Provincia también manifestó la necesidad de que se avance con la aplicación de la ley.

El jueves el Comité Nacional organizó una reunión virtual con miembros de diferentes organizaciones de la provincia, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales para tratar exclusivamente el problema entrerriano. Allí hubo consenso en que es imperioso que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y salde esta deuda de la democracia, con la conformación del Comité y con los recursos necesarios para su funcionamiento.

Hasta el momento la explicación que se ha escuchado desde el gobierno es que esto no avanza por razones de índole presupuestaria, lo cual no puede ser admisible como argumento cuando se trata de una obligación. Así como no pueden dejarse en suspenso derechos básicos que el Estado está obligado a garantizar, como la salud, la educación, la cultura o la vivienda, tampoco puede eludirse algo tan esencial como es la prevención y la erradicación de la tortura. En definitiva, algo tan antiguo como el artículo 18 de la Constitución.

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