A los conflictos violentos que vienen sucediendo en algunos barrios de Paraná en las últimas semanas (aunque algunos ya son crónicos desde hace varios años), no los van a resolver ni la Policía ni la Justicia. No obstante, no parece haber otros abordajes más profundos en materia de seguridad que actuar cuando las papas queman. La situación de la Villa 351 es el ejemplo más claro de todos: piedrazos, botellazos, tiros, patrulleros, policías, heridos, detenidos, causas judiciales, y de vuelta a los piedrazos. El tiroteo ocurrido en San Benito donde una nena recibió un balazo en un brazo por un conflicto entre dos grupos de larga data evidencia el mismo problema al que no se ofrece más solución que el sistema penal, por lo que queda garantizado que volverá, tarde o temprano, la violencia.

Antes solía cuestionar el desinterés del Estado en intervenir en estos lugares y ante estas problemáticas. Ahora sospecho que existe un gran interés en que la intervención policial y judicial siga siendo casi exclusiva.

El narcotráfico, las armas y la trata pueden ser los principales negocios que movilizan fortunas detrás de la inseguridad de todos los días, pero no los únicos. Las políticas de seguridad pública de las últimas décadas en la provincia y en el país han generado un flujo de negocios lícitos multimillonarios, que tienen muchos ganadores, entre empresarios y funcionarios públicos. Encima, ese gasto está muy lejos de solucionar los problemas que se propone.

Si comparamos el gasto que realiza el Estado en la Villa 351 ante cada tiroteo, dista muchísimo de lo que en el mismo territorio se invierte en derechos elementales que podrían alejar a muchos de la violencia. Y también está lejos de lo que se destina en investigación criminal que apunte a desbaratar las organizaciones delictivas que están detrás de esos problemas.

Imaginemos lo que se gasta en la nafta de los patrulleros que acuden una decena de veces al día a la Villa 351; cuánto en la reparación de los móviles dañados por piedrazos o balazos; cuánto en horas-hombre de policías que actúan en el lugar, más los que cubren guardias; cuánto se gasta en la asistencia sanitaria a las personas baleadas, en las indemnizaciones a policías heridos que se exponen en esos procedimientos; calculemos el dispendio jurisdiccional ante cada causa que se abre diariamente en un enfrentamiento; pensemos cuánta plata se va en estos procesos judiciales con fiscales, jueces, defensores y sus secretarios y asistentes. Y así podríamos seguir con cada pieza de la maquinaria estatal que se moviliza luego de cada hecho de violencia. Para que nada cambie.

No tenemos con certeza esas cifras, creo que nadie lo ha investigado aún, pero podemos estar seguros de que es muchísimo más dinero que el que se destina, por ejemplo, al Copnaf para que sus profesionales y promotores de derechos sean suficientes y con los recursos necesarios para que ni un chico más de ese barrio pierda oportunidades ni caiga en el consumo de drogas, ni en las fauces de los narcos. Está a la vista que ese gasto en seguridad es gigantesco al lado del atraso que hay en los centros de tratamiento de consumos problemáticos que muchas de las personas que viven allí (tal como se ve en las causas penales) necesitan. También esas cifras superan las inversiones en hábitat, vivienda y urbanismo para cientos de familias.

Si es por seguridad, con mucho menos el Estado podría intervenir y fomentar la prevención social y comunitaria con actores del mismo territorio, complementados con las fuerzas, fiscales y jueces que deben actuar ante la criminalidad compleja.

Pero no. Se piden más policías, más patrulleros y más cámaras. La provincia de Entre Ríos está sobrepoblada de policías: son 12.000. Más de 900 por cada 100.000 habitantes, el triple de lo que recomienda la ONU. En Santa Fe esa tasa es de casi 600; en la provincia de Buenos Aires es de unos 500. Aquí superamos, incluso, la militarizada Capital Federal.

Encima, los cuantiosos recursos destinados a la fuerza de seguridad están mal distribuidos. Mientras en la Jefatura Central desayunan con los mejores cafés y facturitas, entre otros privilegios, en las comisarías y divisiones los policías compran lavandina y alcohol en gel de sus bolsillos. Así también se observa el alto nivel de vida con que se retiran algunos jefes policiales y sus manos derechas.