La velocidad de la multiplicación del contagio de coronavirus en lo que llaman “barrios vulnerables” o “barrios populares” desnudó una situación estructural que no ha sido resuelta por los distintos gobiernos: la desigualdad. Esta problemática profunda, instalada hace décadas en el país, es el gran condicionante para que algunos sectores de la población sufran más que otros las consecuencias de la emergencia.

La desigualdad es la causa de que los problemas sociales preexistentes implosionen con la pandemia y con el aislamiento decretado para evitar la catástrofe sanitaria. Es entonces cuando la dicotomía salud-economía pierde sentido. Tanto en un aspecto como en otro, los perjudicados siempre son en mayor medida los mismos.

El coronavirus llegó al país desde el extranjero, a través de personas que habían viajado a Europa, Estados Unidos y otros países; la mayoría para hacer turismo. No parecía entonces que podría afectar a personas de escasos recursos económicos o a la clase media que apenas llega a fin de mes, es decir, a la mayoría de la población. Sin embargo, las características de la circulación del virus hicieron que poco a poco se expandiera en las distintas capas sociales, hasta ingresar a los barrios donde las condiciones de vida son más precarias. Entonces sí, la curva de contagios escaló.

¿Y por qué escaló? No por ya sabida hay que silenciar la respuesta. Escaló porque en esos barrios, que están ubicados predominantemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no están dadas las condiciones básicas de habitabilidad, higiene y acceso a la salud. Y porque estas falencias coexisten con otras necesidades como la alimentación, el trabajo o la seguridad. No hay posibilidad de aislamiento cuando los miembros de familias numerosas viven amontonados en un rancho, en una casilla o en una habitación al borde de una autopista. No hay chances de mantener la limpieza personal cuando no hay agua, ni baño, ni cloacas. No es posible pensar en el alcohol en gel si el dinero no alcanza ni para la comida y la única alimentación diaria es la que da el comedor comunitario o el comedor escolar.

Son situaciones que existen desde mucho antes de la llegada de la pandemia y que empeoran o se alivian dependiendo de las políticas económicas y sociales de los gobiernos. Cuando existe un Estado que asiste, los golpes pueden amortiguarse. Cuando el Estado se retira y gobierna para los mercados, los mazazos son mortales. Cuando se destinan los recursos a políticas sociales y sanitarias dirigidas a los sectores más desfavorecidos, las consecuencias de la pobreza pueden contenerse. Todo lo contrario ocurre cuando los recursos van al pago a los fondos buitres, cuando las posibilidades de sobrevivir quedan atadas a la “meritocracia”, cuando se obliga a elegir entre pagar la luz o llenar la heladera, cuando los hospitales terminados se dejan cerrados y una larga lista de cuandos que si estuvieran vigentes ahora se traducirían en miles de vidas perdidas.

Ahora bien, lo que nunca cambia son las condiciones estructurales que ahora hacen implosión con el coronavirus. Los barrios humildes son los que siempre quedan relegados de los servicios. Allí los vecinos y vecinas no tienen viviendas dignas ni comodidades de las que disfrutan las clases medias y altas; desde el recolector de residuos que pasa a diario hasta el agua caliente y la calefacción sin interrupciones.

En definitiva, es la desigualdad, que no termina de ser resuelta, la que provoca que cada vez que hay una crisis se agraven los problemas. Y la crisis actual, no será la excepción. Según Unicef, este año la pobreza infantil pasará del 53% de 2019 al 58,7% en 2020, lo que implica alrededor de 750.000 niñas y niños más en situación de pobreza. En los barrios populares, dice un informe de la organización publicado el domingo en Perfil, los hogares con niñas y niños tienen tasas de pobreza que superan el 90%. El gobierno de Alberto Fernández todavía tiene la oportunidad de trabajar para cambiar esta historia.