Islas: Vida quemada, negocios y una ley que no llega

En las islas, una vaca camina casi desollada, en carne viva. En las ancas el cuero le cuelga a pedazos y sus pezuñas tocan leves el suelo ennegrecido por el fuego, como si le doliera vivir. Entre la chamusca hay un cuerpo diminuto de lo que –en vida– fue una garza. Una comunidad de nutrias abandona la isla a nado. En el grupo las hay de todos los tamaños, y el río por cruzar es vasto. Quizás no lo logren, como tampoco pudo ese carpincho que se quedó en la ruta, justo cuando había logrado huir de las llamas que consumieron los ceibos y los curupíes de los albardones.

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Por estos días las imágenes del Delta son desoladoras. Entrerrianos y santafesinos alzaron sus voces por el humo irrespirable que penetra en los ambientes, en la ropa, en los pulmones. Se quejaron por las cenizas que se cuelan por las ventanas, producto de las quemas intencionales e ilegales en las islas del río Paraná. En tanto los brigadistas tratan de matar ese fuego que arrasa con la biodiversidad de uno de los humedales más importantes del cono sur. La sequía y las lluvias esquivas empeoraron mucho más la situación.

El fuego no se apaga fácilmente cuando se expande en el enraizado seco y cuando las mezquindades políticas se tiran las responsabilidades por la cabeza delante de los micrófonos. En medio de tanto sufrimiento de la Pachamama, el secretario de Ambiente le apunta a los ruralistas. Del otro lado de la grieta “los del campo”, señalan a “los pescadores y a los lugareños”; la gente se moviliza porque no les cree. Y, en el Congreso, se debate la Ley de Humedales para proteger a esos ecosistemas de la voracidad del agronegocio. ¿Será?

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Foto: UNO/Mateo Oviedo

En Entre Ríos, una de las provincias que comparte el Delta –y por tanto una de las más afectadas por las quemas ilegales– también se analiza una Ley de Uso de los Humedales que parece estar redactada a medida de los productores que ya explotan las islas fiscales del Delta.

La letra pretende legitimar el actual uso privado de esas tierras públicas que, desde hace varios años, viene provocando quemas descontroladas y que, hasta el momento, no han tenido consecuencias penales debido a la enclenque y cómplice actuación de la Justicia.

Una de las principales objeciones de sectores ambientalistas es que se le da un ordenamiento discriminatorio al ecosistema y se favorece a los negocios que amplían la frontera agroindustrial y se excluye a otras actividades que podrían darles uso sustentable. También se reprocha que la autoridad de aplicación no sea un organismo dedicado al “Ambiente”, sino a la “Producción”, con una fuerte ligazón a estos sectores, demasiadas atribuciones y poco control ambiental y ciudadano.

Las organizaciones sociales y políticas en defensa del medioambiente que se organizaron a partir de este nuevo ecocidio se manifiestan para impedir esa expansión de la frontera agroindustrial, la extracción de arenas para fracking que afecta las costas de los ríos y la destrucción de los humedales. Piden una Ley con control social para preservar ese gran reservorio de biodiversidad y para que el Delta no sea botín de explotaciones ganaderas y de negocios inmobiliarios. Lo hacen de cara al río y a las islas, a su fauna y su flora ahora castigadas, vendidas, quemadas.