Este lunes sale a la cancha el Consejo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La cita es a las 10 en la sede del gobierno de Santa Fe en Rosario. La contienda será atípica para las reglas de cualquier deporte, ya que participarán nada menos que 50 jugadores distribuidos en numerosos equipos. La convocatoria incluye cinco ministerios, una fuerza de seguridad, dos organismos de gestión del agua, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Información Financiera, el Consejo Federal de Inversiones, ocho universidades nacionales (incluida la de Entre Ríos), tres organizaciones gremiales, 11 cámaras o asociaciones empresarias, cuatro entidades agrarias, dos asociaciones profesionales, cuatro organizaciones ecologistas y cuatro municipios (solamente de Santa Fe).
Hidrovía: quién opina y quién decide
Por Ramiro García
La "federalización" de la Hidrovía quedó reducida -por ahora- a un foro
Puede considerarse un partido amistoso, aunque si los micrófonos se abren lo suficiente el juego puede ponerse interesante, e incluso, por momentos, bastante picante. No puede garantizarse que no haya roces si tienen lugar las posiciones de tantos protagonistas con visiones encontradas. Dependerá del criterio que muestre el árbitro. Dirige el Ministerio de Transporte. Decimos partido amistoso porque el Consejo Federal no tiene decisión sobre el asunto de fondo: la licitación de la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía.
Comparaciones deportivas aparte, un repaso de lo que se trata. La Hidrovía Paraná-Paraguay no es otra cosa que los ríos que le dan nombre, pero entendidos como las rutas por las que se transportan las materias primas y productos que se (semi) industrializan en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Son 3.442 kilómetros que inician en el Pantanal brasileño y terminan en el Río de la Plata, vía de salida para un 80% de las exportaciones argentinas. En 1995 Carlos Menem privatizó el dragado (profundización) y mantenimiento del canal de navegación que hasta entonces hacía el Estado nacional y se los dio a las empresas Jan de Nul (Bélgica) y Emepa (Argentina). En 2010 Cristina Fernández salteó la licitación y prorrogó esa concesión por 10 años.
La concesión vence en mayo de este año (aunque se extenderá hasta 2022, porque no dan los tiempos para licitar tan rápido) y Alberto Fernández resolvió abrir el juego para decidir qué se hace. Primero (en agosto, Santa Fe) anunció que crearía una empresa pública, Hidrovía Sociedad del Estado, compartida entre la Nación y las provincias interesadas (incluida Entre Ríos) para administrar la Hidrovía, lo cual no quitaría que se mantenga concesionada a privados. También anunció un Consejo Federal que asesoraría a la empresa nacional. Después (en noviembre, Casa Rosada) decretó la creación del Consejo pero dejó en la nada a Hidrovía Sociedad del Estado. Entre anuncio y decreto proliferaron quejas de las cámaras exportadoras y cerealeras contra la “intervención” del Estado. El Presidente dio marcha atrás, delegó la licitación en el Ministerio de Transporte y dejó sin poder de decisión a los gobernadores y las provincias.
Así las cosas, la “federalización” de la Hidrovía quedó reducida –por ahora– a un foro que opinará y aconsejará al Ministerio, que será el que decidirá. Empresas pedirán condiciones para exportar más, más barato y menos controladas. Sindicatos reclamarán mejoras laborales y participación de los trabajadores en las ganancias que producen. Universidades aportarán conocimiento técnico y científico. Ecologistas exigirán estudios y controles de impacto ambiental que nunca se hicieron. Prefectura y la UIF advertirán por delitos –muchos, de guante blanco– que se cometen en nuestras aguas. Las provincias destacarán cuánto aporta cada una a la Hidrovía.
Las empresas que se disputarán la concesión escucharán todo lo que se discute, confiadas en que no son estos los jugadores de la mesa de la licitación. Al menos por ahora. Mientras sesione el Concejo, dirigentes políticos, gremios, profesionales y ecologistas se concentrarán en la plaza San Martín de Rosario y en el puerto de Santa Fe capital para reclamar que se cree la empresa nacional y la Hidrovía, después de 25 años, pase a manos argentinas.