En reversa

La inflación no sucede porque sí, no es producto del azar. Es la transferencia regresiva de ingresos. Cuando hay inflación, significa que los que más tienen más acumulan porque se apropian del ingreso socialmente producido mediante una continua y desproporcionada remarcación de precios.

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Los voceros de la ortodoxia económica y los medios masivos de comunicación suelen achacar el impulso inflacionario a las exigencias de aumento salarial. Y aunque se empeñen en explicar la inflación con fórmulas monetaristas o en términos de oferta y demanda ensayados en una probeta, la realidad –al menos, en nuestra particular economía dolarizada– es mucho más sencilla: los de arriba quieren acumular más.

A diferencia de otros procesos inflacionarios destinados a impulsar la actividad económica, la actual inflación tiene efectos meramente regresivos, en especial en un contexto en el que la economía se ha enfriado debido a la pandemia. El primero y el más obvio de esos efectos es el deterioro del poder adquisitivo: los sectores de bajos recursos no tienen ahorros ni acceso a los mercados financieros para protegerlos. Por otra parte, en un país donde la mayoría de los impuestos son regresivos (como el IVA, un cruel impuesto al consumo), los estratos pobres continúan pagando una mayor proporción de sus ingresos.

Como contracara, los estratos altos ven a la inflación como un contexto beneficioso para invertir (en el mercado financiero o en el inmobiliario) y luego disfrutar de las ganancias que consiguieron sin levantarse de la reposera.

Desde el fin de la convertibilidad, en la Argentina se terminó de consolidar un conglomerado financiero que posee negocios en varios rubros: bancos, compañías aseguradoras y fondos de inversión que poseen un elevadísimo porcentaje de extranjerización de sus fondos. Asimismo, el sector agroexportador se ha vuelto marcadamente más dinámico. Para ambos, cada proceso inflacionario termina recomponiendo su tasa de ganancia.

Tampoco hay que olvidar a otros grupos que contribuyen a inflar los precios, como las petroleras y los hipermercados (que, además, les pagan a sus proveedores a 60 o 90 días y, por ende, “le ganan por goleada” a la inflación).

Por el momento, el gobierno nacional no ha ejecutado medidas concretas para ponerle un tope a este proceso, más que una reunión con empresarios, sindicatos, dirigentes agropecuarios donde se apeló a la cooperación y buena voluntad de las partes, que por el momento no dista demasiado del “pacto de caballeros” al que apelaba durante los últimos estertores de su mandato el expresidente Mauricio Macri. El actual Gobierno tampoco está dispuesto a hacer que los que se llevan la mayor parte de la torta conviden: ni retenciones, ni intervención estatal en el mercado.

¿Entonces? La economía no se arregla a base de diálogos, sino con políticas contundentes. Por el momento, la inactividad gubernamental hace sospechar que el proyecto político económico que ganó las elecciones en 2015 goza de buena salud.