Las condenas a los grandes criminales que no les alcanza el bolsillo, quedan siempre a medias. Cuando el pilar económico de las organizaciones delictivas no se toca, siguen funcionando más allá de las penas de prisión a sus integrantes. La Fiscalía calculó en 9 millones de dólares el desfalco producido por el exgobernador Sergio Urribarri y sus cómplices, en los hechos detallados en los cinco expedientes por los cuales la semana pasada el Tribunal dictó la histórica condena. Ahora, convertidos a pesos, según el cambio oficial del Banco Nación, la cifra supera los 1.000 millones en moneda nacional.

El total de las multas aplicadas a los nueve condenados es de 990.000 pesos, un 0,09% del dinero sustraído del fisco entrerriano. A eso hay que agregarles los decomisos de dos propiedades en calle Racedo, una moto y dos autos.

Sucede que las multas no se calculan según el monto del botín, sino a parámetros que los jueces deberían explicar para tener una sentencia en lenguaje claro, ya que el mencionado cálculo comparativo es el que hicimos la mayoría y nos causó cierto sarcasmo.

Hay quienes podrán decir que aquella cifra es apenas una muestra de lo que el exgobernador y su entorno acumularon, no solo a lo largo de ocho años en el poder provincial, sino de décadas atrás. Y lo podrán sostener con la evidencia que surge a simple vista de una familia que vive como la de un magnate, mientras el pueblo y los trabajadores viven cada vez en peores condiciones de pobreza; o, más detalladamente, con lo expuesto en las investigaciones periodísticas que se publicaron en la revista Análisis a lo largo de la última década, en buena medida responsable del inicio de esta historia (por eso también fue blanco del descargo del exgobernador).

Otros podrán responder que la Justicia apenas pudo probar el desvío de unos pesos en unos spots publicitarios. Y... siempre fue así: Al Capone lideraba un imperio delictivo y terminó condenado por evadir impuestos. Más cerca en tiempo y lugar, Daniel “Tavi” Celis, tras permanecer impune durante 20 años en el mercado de las drogas, cayó en desgracia por un robo fallido.

Pasó una semana del fallo, vendrá la instancia de Casación, mientras tanto surgen otros interrogantes, y tal vez otras tareas para seguir haciendo historia.

Si un Tribunal sentenció que exfuncionarios de altísimo rango malversaron fondos públicos, podría ahora un fiscal, de oficio, abrir un legajo de investigación para determinar dónde terminaron esos recursos. La famosa ruta del dinero, tan difícil de determinar en Argentina.

Podría ser otro paso en camino a una justicia que empiece a morder más a los poderosos y no sólo a los descalzos.

Políticos condenados hay varios en Entre Ríos; que hayan pasado por la cárcel, muy pocos; también hubo golpes económicos importantes, como el decomiso del campo de 2.000 hectáreas al exsenador Mario Yedro, condenado por enriquecimiento ilícito. Ahora que por primera vez se condena a un exgobernador, es una buena oportunidad para rastrear las fortunas que tanto se menciona que ha construido Urribarri a lo largo de las últimas décadas, donde sólo fue un funcionario público.

El lavado de activos es uno de los delitos menos investigados en la provincia, y uno de sus orígenes es el enriquecimiento ilícito (en particular, de funcionarios públicos). Para enfrentarlo se requiere decisión política y, consecuentemente, los recursos y la estructura para contrarrestar el ejército de contadores y prestanombres que trabajan para el encubrimiento del dinero mal habido. Claro que no se trata de mecanismos delictivos exclusivos de quienes han ostentado un cargo público, sino de una práctica extendida, sobre todo, en el sector privado.

Si la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná ha dejado un mensaje para aquellos que administran los recursos del Estado, la advertencia sería aún mayor si, además, el sistema penal amenaza con dejarlos sin el dinero con el cual siguen disfrutando de propiedades y viajes en primera clase, tanto ellos como las generaciones de sus familias que los suceden.