Marcan distorsiones en el reparto de la coparticipación impositiva

Ante el anuncio del gobierno nacional sobre la posibilidad de abrir una instancia para rediscutir el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos (la Nación concentra la recaudación de los impuestos más importantes y luego los distribuye entre las provincias) el Instituto Argentino de Análisis Fiscal  (Iaraf) difundió un estudio que marca distorsiones en el reparto de esos fondos, y apuntala la necesidad de  revisar el sistema. 

En lo que respecta a la distribución primaria –reparto entre la Nación y el conjunto de provincias-, se evidencia que los fondos enviados a las provincias durante 2015 representaron el 27% de la recaudación nacional. Este porcentaje, si bien se viene recuperando en los últimos años, es 3,2 puntos porcentuales menor al del promedio 1997-2000.

Coparticipación por habitante

Los envíos a provincias en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales fueron  de 415.053 millones de pesos durante 2015. Esto implica que las jurisdicciones subnacionales recibieron 111.134 millones de pesos más que lo enviado en el año previo (2014). La tasa de crecimiento registrada durante 2015 es del 36,6% y resultó levemente inferior al incremento de 2014. Sin embargo, este crecimiento de la Coparticipación y las leyes Especiales es el tercero más relevante desde 2004.

Un análisis importante consiste en evaluar la coparticipación en términos per cápita enviada a las provincias argentinas, con el fin de examinar las diferencias que existen  entre las jurisdicciones. 

Durante 2015 la provincia de Tierra del Fuego fue la que más recursos por habitante obtuvo, con un promedio de 33.494 pesos. En el otro extremo se ubica la Ciudad de Buenos Aires donde sus habitantes recibieron ingresos el equivalentes al 8% de la provincia fueguina (2.580 pesos per cápita), mientras que en otros casos las diferencias también fueron importantes, como por ejemplo Buenos Aires (15%), Mendoza (28%) y Córdoba (31%).

Para visualizar las disparidades entre las regiones, resulta útil agrupar a las 24 jurisdicciones en función del ingreso (producto bruto) y de la densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado). Surgen cuatro grupos

- Altos ingresos y alta densidad poblacional: Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.
- Altos ingresos y baja densidad: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
-Bajos ingresos y alta densidad: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Tucumán.
-Bajos ingresos y baja densidad: Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero.

Durante 2015 el grupo relativamente más homogéneo en cuanto a los fondos recibidos fue el de Bajos ingresos y alta densidad, en el que la provincia de Chaco es la que más obtuvo (18.607 pesos) y Misiones la que menos (11.924 pesos). En el resto de los grupos se evidencian disparidades que resultan más importantes. 

En el conjunto Bajos ingresos y baja densidad,  un habitante de Catamarca recibió, en promedio, más del doble que uno que reside en Salta, siendo que estas jurisdicciones poseen características económicas y poblacionales similares.

Del mismo modo, un ciudadano de Tierra del Fuego, de la franja  Altos Ingresos/Baja Densidad recibió fondos por coparticipación (33.494 pesos) lo que equivale a casi tres veces los que recibió uno de Neuquén (12.340 pesos).

En el caso de Entre Ríos, que pertenece al grupo Bajos Ingresos /Alta Densidad (Ver ilustración)  cada  habitante recibió en promedio 14.702 pesos durante 2015, unos pocos pesos más que los 14.516 de los correntinos, con ambas jurisdicciones ubicadas en el promedio de su grupo.

La provincia más favorecida fue Chaco, con 18.607 pesos por persona; y Misiones la más perjudicada, con 11.924 pesos por persona.

Aconsejan un replanteo total

“El sistema actual de coparticipación en Argentina adolece en la práctica de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias que da lugar a importantes distorsiones y disparidades. Sin lugar a dudas, es indispensable que se debata en el país el reparto de fondos existente, considerando en el análisis todos los fondos que bajan desde la Nación a las provincias. Esta integralidad del debate implica que las necesidades económicas o fiscales de las 25 partes involucradas en la discusión no debieran buscar soluciones individuales”, indicó el Iaraf.