"Los denunciantes deben decir que las pruebas que pidieron contra Urribarri, lo favorecen"

El abogado Raúl Barrandeguy, uno de los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, dijo que si los denunciantes del exmandatario "actuaran democráticamente, deberían admitir que las pruebas solicitadas hasta ahora para incriminarlo, lo han favorecido.

Barrandeguy divide las denuncias en dos ámbitos. Por un lado lo vinculado a un posible enriquecimiento ilícito, es decir la tenencia de una cantidad de bienes sin poder justificar su ingreso al patrimonio; y por otro lado, lo vinculado al ejercicio indebido de funciones públicas, como el presunto abuso de autoridad, la violación de normas en favor de empresarios, donde el punto más importante resulta lo relacionado con la Cumbre del Mercosur.

"En lo relativo al enriquecimiento indebido produjimos una cantidad enorme de pruebas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió informes a todos los registros públicos del país, a todos los bancos públicos y privados del país. Se pidieron todos los informes a AFIP, y nosotros presentamos todos los informes ante ese organismo tanto de Sergio Urribarri como de todos los miembros de su familia. Se pidieron informes a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que recibe de toda persona que paga más de 60.000 pesos -antes era de 10.000- un informe y lo investiga, cruzando datos con las tarjetas de créditos, las compañías aéreas y si hay una operación sospechosa inicia una investigación. La UFI informó que no tiene ninguna operación inconsistente de Urribarri para investigar. Esto está agregado en la prueba. Se han enviado oficios al Banco Central, para ver si hubo remesas destinadas a la Provincia y detectar alguna situación, informes de Migraciones, entre muchos otros organismos", indicó el letrado.

Barrandeguy explicó luego: "Tanto Urribarri como los defensores estamos de acuerdo con que se investiguen estas cosas. Estamos de acuerdo con que se las denuncie e incluso con que se difundan por la prensa esas denuncias. Con lo que no estamos de acuerdo es con que se hagan campañas por la prensa para difamar a una persona que, nos guste o no, tiene una significación política importante en el ámbito local. Por supuesto que hay casos en que resulta molesto, como es que se investigue el valor de la cuota de las escuelas a las que van los hijos de uno, si la persona es socia de un club náutico o tiene lancha, e incluso si es abonado a Netflix; dentro de un menú de averiguaciones para determinar si se gasta más de lo que el sueldo permite... pero no hubo ningún inconveniente y nosotros no nos opusimos a ninguna prueba, facilitamos todo y aceptamos que se levante el secreto fiscal", apuntó.

Para el abogado paranaense, uno de los puntos centrales en la denuncia de enriquecimiento es la Casa del Lago, en Federación. "Urribarri la adquirió a través de una empresa, denunció la compra en los organismos de control y tributarios, y hoy registra una deuda, por lo que no se la puede computar como íntegra de su propiedad. La está pagando, incluso con alguna dificultad. La incorporación al patrimonio está justificada y denunciada, y la única tasación que hay después de dos años es la que presentamos nosotros", aclaró el exfiscal de Estado. "Nos gustaría que los peritos miren estos números. Consideramos que todo es habido con sus recursos. Acá no hubo Panamá Papers ni un negocio con amigos. Algunos denunciantes se escandalizan por esto, pero en la misma página (digital de noticias) veo que el Presidente (Mauricio) Macri le prestó al principal contratista de la Ciudad de Buenos Aires cerca de 18 millones de pesos sin ninguna justificación, y parece que está todo bien", apuntó.

La postura de la defensa del exgobernador es que, en lo referido al supuesto enriquecimiento indebido, no hay "absolutamente nada irregular o ilegal". Por eso Barrandeguy reclamó: "Este tema debe tratarse con seriedad; es la primera vez en la historia de la provincia que a un gobernador se lo somete a semejante situación. Hay que investigar con seriedad y ser prudentes en las conclusiones que se dan a la prensa, porque esta es la manera en que el mundo institucional funciona. No tenemos que ofendernos porque alguien denuncie, pero tampoco el denunciante tiene que ir a ofendernos o a provocarnos para intentar lograr una reacción destemplada, y así invertir ese error en el mal concepto que se puede tener del denunciado". Y añadió: "Bajo estas condiciones, de respeto y seriedad, está bien que las denuncias se hagan. Pero de todas maneras sería bueno que los denunciantes, cuando asumen que después de una investigación inclemente, donde nadie dijo que no a toda la prueba requerida; después de un año que no recogen ninguna prueba salvo la que nosotros llevamos, podrían decir los denunciantes que nada se ha probado. La única prueba aportada en ese período la llevamos nosotros, que es una tasación y documentación que demuestra que Urribarri está pagando esa casa", insistió.

Barrandeguy se refirió a la participación que se le atribuye al exgobernador en un conjunto de empresas, que tienen incluso el mismo domicilio legal. "Los grupos empresarios funcionan así. Algunos tienen domicilio en Panamá, en el estudio de Mossack-Fonseca, como ha quedado demostrado con el presidente Macri y la sociedad Socma, y sus familiares; y otros en los registros de acá. Pero eso no viola ninguna ley, al contrario, son formas con que lamentablemente el capitalismo tardío diversifica su acción, incluso a veces, con el propósito de oponer al conocimiento público empresas con acciones que nadie sabe de quién son", admitió.

Luego apuntó: "Urribarri, cuando aún yo no era su defensor, presentó los balances y estados contables de cada una de las empresas, reconociendo su participación en ellas. Lo que cada empresa hizo está acreditado en los estados contables, balances y declaraciones juradas de todas. Ese es un aspecto a investigar donde da toda la sensación de que lo que se presentó fue suficiente como para decir 'no sigamos buscando cosas acá'. Esas empresas funcionan con legalidad", remarcó.

Igualmente Barrandeguy no quiso "quedarse (hablando)" sobre "la evidente condena anticipada que se intenta y la trasmutación de roles entre denunciante y juez, que ha sido el motor fundamental de todo esto, alimentado por figuras notorias de la oposición en la provincia"; y prefirió señalar: "La situación ameritaría otra postura de parte de la prensa y de los denunciantes. A Urribarri y a mí nos parece bien que se investigue el posible enriquecimiento, y que la prensa se ocupe y que opine, aunque no opine como nosotros. Sabemos que en una verdaderamente democracia republicana se tiene que reconocer el derecho de la gente a opinar sobre el gobierno, piense lo que piense. Pero entiendo que no se puede publicar que hay que pedir informes a todos los bancos, a Migraciones, a las aerolíneas, al registro de naves y embarcaciones y como no vienen bien para ellos, después quedarse callados. Creemos que una oposición que se reivindique como democrática está emplazada a considerar esto, a decir que va mucho tiempo y se ha buscado de todo, pero hasta ahora todo lo recogido es favorable a Urribarri", reiteró.

El otro conjunto de presentaciones está vinculado a presuntas violaciones normativas, desvíos de fondos, licitaciones mal hechas, cuyo eje principal se relaciona con la causa Cumbre del Mercosur. "Esto no tiene ninguna clase de viabilidad. El hecho de que nunca ocurriera una denuncia de estas características en la provincia no tiene que ver tanto con la filiación política de los denunciantes, sino con que la Constitución organiza un sistema de control de gran eficacia, con la Contaduría General, que es un cuerpo de expertos que examina hasta el último peso que gasta el Estado, encabezado por un funcionario inamovible que es el contador general. También el fiscal de Estado goza de esta inamovilidad, y también la Tesorería General hacen que sea prácticamente imposible que en el gasto público se incurra en las barbaridades que se le atribuyen al exgobernador", describió.

El abogado paranaense recordó que además debe considerarse la Ley Nº 10.327 que facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para la "ejecución de las obras, contratación de los servicios y/o adquisición de suministros" relacionados con la Cumbre del Mercosur. "La diputada (María Emma) Bargagna en el debate dijo que la Constitución dice que todas las compras deben hacerse de modo público y por licitación si es posible. En el Mercosur hasta el último tornillo que se compró lo vio el país entero. Todo lo que se hizo pasó por el cernidor de la Contaduría General, de la Fiscalía de Estado, de la Contaduría, de los organismos de control burocrático, fue publicado en el Boletín Oficial y enviado a la Legislatura", remarcó. Y añadió: "La persona que quiere denunciar porque está en desacuerdo con esto dispone también del juicio político, pero ninguno de los legisladores de la oposición pidió el juicio político por este tema. Y si esto fuera poco está la Cuenta General del Ejercicio, que los legisladores deben tratar . Y está el Tribunal de Cuentas, que juzga todas las cuentas, y si las desaprueba lleva adelante el Juicio de Cuentas", enumeró luego, para concluir: "No es necesario forzar alguna norma ni darle alguna atribución especial a un funcionario para investigar a un gobernador cuando todas estas instancias constitucionales lo favorecen. Los organismos mencionados, al término de su trabajo, realizarán las acciones que corresponden".

En ese punto reiteró que la oposición debe ser custodia del proceso. "La oposición tiene también el interés de que no se condene a inocentes. Por eso hacemos pública esta postura, sin ofender a nadie, porque creemos que cuando comienzan los agravios, la razón desaparece. Esto es lo que debemos pedirle a la oposición y a los denunciantes, una posición de responsabilidad, de hacerse cargo de que lo que dijeron no fue respaldado por las pruebas y es más, ha sido desmentido por esas pruebas que ellos pidieron".

Al referirse a otras denuncias, como las del parador turístico instalado en Mar del Plata, u otras acciones de gobierno cuestionadas en Tribunales, el abogado Barrandeguy anticipó: "Vamos a plantear que a la actividad discrecional del gobierno no la juzgan los fiscales o los jueces, en todo caso lo harán los legisladores. Hay una vieja doctrina de la Corte Suprema norteamericana, que la toma la Corte argentina con algunas limitaciones, que establece que las cuestiones políticas no son judiciables. Es la doctrina de las political questions. Es decir que si tengo una partida que me autoriza a hacer 25 kilómetros de vías y 10 kilómetros de puentes, y yo elijo una cosa y no la otra, no me pueden llevar a la Justicia por eso. Para que la acción administrativa sea eficaz, debe actuarse rápidamente. Esa es una cuestión que se juzga en otro lugar. La juzgará el elector en todo caso", indicó.

Sobre ese punto advirtió: "Lo que sucedería si permitimos a un fiscal que cuestione la acción de gobierno de un dirigente que fue electo dos veces como gobernador, estaríamos trasladando el gobierno al juez". Y añadió: "Si la oposición quiere juzgar, para sacar ventajas electorales, no es este el camino, Deberá hacerlo con sus legisladores y a través de la prensa. Lo pernicioso de este actuar es el daño que se le hace al tejido institucional", concluyó.