El Congreso nacional abrió el debate sobre una problemática estructural, y que afecta a millones de familias argentinas: la falta de acceso a la vivienda propia, es el reflejo de la deficiente actuación del Estado para garantizar un derecho esencial en la vida de una persona. Sin políticas públicas acordes para dar respuesta a esta necesidad, una de las pocas alternativas es alquilar a merced de un mercado inmobiliario que no tiene en cuenta las posibilidades de pago de las familias. En base a datos que se volcaron en el Censo 2010, la agrupación Inquilinos Agrupados de Entre Ríos estima que en Entre Ríos un 10% del total de los habitantes no tenía más alternativa que alquilar, aunque habrá que esperar los números actualizados que arroje en el Censo 2022.

Si bien siempre se pensó a la cuestión como un problema crónico, recién a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Alquileres el 30 de junio de 2020, surgieron los primeros contrapuntos entre los representantes de los colegios inmobiliarias junto a propietarios, y colectivos que se formaron en defensa de los derechos de los inquilinos. Finalmente el tema se instaló en la agenda legislativa, y más allá de diferencias lógicas, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la posible modificación a la Ley de Alquileres.

“Da previsibilidad”

El vialense Jonathan Villanueva es la cara visible de Inquilinos Agrupados Entre Ríos y aceptó la invitación de Diputados para exponer sobre mirada sobre el tema. “Obviamente hay dos sectores, el inmobiliario quiere bajar los tres años –de contrato de locación– a dos y hay varios proyectos dando vueltas. No todos los proyectos contemplan modificar la ley de alquileres puntualmente, sino agregar cosas. Uno de ellos, el del diputado nacional Rogelio Frigerio explícitamente dice de bajar de tres años a dos, quitar la actualización y borrar el índice, que sea más bien un acuerdo entre dos partes. Es lo que dice el contrato de alquiler, pero en realidad la inmobiliaria te dice o lo tomás o lo dejás. Entonces no es un acuerdo, en un acuerdo a uno le dan la oportunidad de expresarse y de decir ‘a mí me parece que no te lo puedo devolver pintado, porque vos tampoco me lo estás dando pintado’. Eso parece una pavada, pero eso hoy en día lo tenemos como muy arraigado, que cuando uno se va tiene que pintar. La ley dice que es algo que se puede acordar, pero cuando uno dice que no lo quiere devolver pintado, no te dan otras alternativas. Esto suele ocurrir mucho en ciudades grandes como Paraná, donde la inmobiliaria es la moneda corriente”, manifestó en diálogo con UNO.

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Villanueva defendió los proyectos de José Luis Gioja y de Gisela Marziotta, porque proponen regular el precio inicial de los contratos de alquiler. “Sus iniciativas no solo buscan gravar la vivienda ociosa, sino que además establecen un número inicial a los contratos. Como eso está liberado, ocurre que por todos los lugares donde se supone que las inmobiliarias están perdiendo, lo van a cargar en el primer mes. El precio del primer mes no tiene ni piso ni techo, entonces genera que te cobren un monoambiente 20.000 pesos, lo cual es una locura. Es decir que una casa de uno o dos dormitorios debe estar en 30.000 pesos o más todavía. Y a eso le tenés que cargar el 5% de todo el contrato, más el sellado, más el mes de garantía. Una familia necesita una millonada para ingresar a una vivienda en alquiler”, advirtió.

Inquilinos Agrupados de Entre Ríos se mostró a favor del índice de aumento para cada contrato, el cual se conforma por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Para Villanueva se debe mantener la modalidad actual, “porque es un número que a la larga sirve, pero ¿qué sucede? Tiene que ser menor, estamos de acuerdo en que debe ser más chico, porque si el sueldo mínimo que se toma para el índice es de 100.000 pesos, algo anda mal, porque ese número es completamente irreal. Si no van a proponer este índice, que se mantenga este, porque dejar la actualización en manos de la inmobiliaria y del mercado es imposible”.

“La ley actual salió al revés”

José María Armándola habló en el Congreso en nombre del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. En comunicación con UNO sostuvo que el Colegio Nacional de Corredores Inmobiliarios, a través del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), “opina que los dos únicos puntos que hay que tocar hoy por hoy son reducir de tres a dos años –plazo mínimo del contrato de alquiler– porque alargar los plazos de contrato en una economía como la argentina, que es cambiante y volátil, lo único que hace es complicar las cosas para las dos partes. Nadie hoy en Argentina puede decirte qué va a pasar de aquí a tres años. Hay que volver a los dos años y hay que dejar que las partes negocien el contrato, no poner un índice, porque los índices resultaron ser muchísimo más altos de lo que veníamos aplicando. Según un estudio propio, antes de la actual ley estábamos aplicando un ajuste un 10% menor. La ley es una complicación y salió exactamente al revés”. Consideró urgente que el Gobierno “reduzca la inflación y maneje la economía”.

Un diputado propone modificar ley de corretaje

El diputado provincial Juan Manuel Huss presentó un proyecto que propone modificar la Ley de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos. A través de la modificación de los primeros cinco artículos de la Ley Provincial N° 9.739 –que contempla la existencia del Colegio provincial–, Huss pretende “salvaguardar al inquilino de los abusos a los que se expone” en el mercado inmobiliario y proveer “protección para el locatario que necesita acceder a su vivienda”.

Según consta en la iniciativa presentada hace dos semanas, por medio de la modificación del artículo 1° se busca establecer en un 4,15% del valor total del contrato de alquiler los honorarios a cobrar por la actividad realizada y por las comisiones de su comitente en los casos en los que el locatario sea una persona física.

Asimismo, se incorpora como inciso i al artículo 10 Capítulo VI de la Ley la prohibición, en las locaciones de inmuebles con destino a vivienda en los que el locatario sea una persona física, de requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación”. Esta prohibición es extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones.

La modificación del artículo 3° propone que los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino a vivienda que sean personas físicas.

Entre los fundamentos del proyecto que cuenta con el acompañamiento de los diputados oficialistas, se asegura que su objetivo final es “disminuir los elevados costos para las personas físicas” que representa la celebración de un contrato.