El lunes se dictará la sentencia en el juicio a Emilio Romero, expolicía federal, quien está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar. Se lo juzga por los hechos ocurridos en torno al homicidio y la desaparición de Victorio Coco Erbetta, quien se encontraba detenido en el centro clandestino de detención que funcionó en los cuarteles del Ejército de Paraná.

Emilio Romero fue acusado de ocultar las verdaderas causas del homicidio agravado de Erbetta, un militante peronista que había sido secuestrado y sometido a tormentos, apremios y vejámenes mientras estuvo preso ilegalmente en el Batallón de Comunicaciones de Paraná, en agosto de 1976.

Durante el juicio, el fiscal federal interino Leandro Ardoy solicitó el martes al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, la imposición de una pena de tres años de prisión para Emilio Romero, quien se desempeñaba como inspector de la Policía Federal Argentina. Para la fiscalía el acusado fue coautor responsable del delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 del Código Penal.

El exefectivo está acusado de encubrir el homicidio agravado de Coco Erbetta, quien fue sacado del calabozo asesinado en medio de un simulacro de fuga, según declararon otras víctimas que se encontraban secuestradas en el mismo centro clandestino de detención que funcionó en Paraná durante la dictadura.

El juicio, de carácter correccional, comenzó el 8 de febrero. A lo largo de las audiencias declararon 14 testigos en forma presencial y por videoconferencia. Este lunes 21 de febrero, a las 9 de la mañana, se dará a conocer el veredicto.

La causa

Esta causa surgió a partir de que la Cámara Federal de Apelaciones, en la causa Área Paraná I, resolvió que se siguiera investigando a otros responsables del homicidio de Erbetta, además del también policía federal Cosme Demonte, condenado a prisión perpetua. La Fiscalía comenzó a investigar entonces el encubrimiento del hecho, con lo cual disintieron los querellantes, disconformes con la realización de un juicio meramente correccional para delitos de lesa humanidad. Por ese motivo, no hubo querella en el juicio, mientras que el Registro Único de la Verdad intervino como amicus curiae.

Se pudo reconstruir que el 16 de agosto de 1976, Erbetta fue privado ilegítimamente de su libertad en la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Católica Argentina de Paraná, por dos personas que vestían de civil, que lo trasladaron a las dependencias de la Policía Federal Argentina. Luego lo encerraron en uno de los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones 2, en avenida Ejército, donde los represores mantuvieron cautivos a decenas de personas, en especial durante el segundo semestre de 1976.

La última vez que Erbetta fue visto con vida por otros detenidos en ese CCD fue el 22 de agosto de 1976. Según el relato de algunos testigos, vieron a través de los agujeros de las puertas de los calabozos en los que permanecían secuestrados, cómo durante la noche los custodios sacaban un cuerpo sobre una camilla.

De acuerdo con la acusación, Romero y otras personas –agentes y oficiales de la Policía Federal Argentina– encubrieron la muerte de Erbetta, presentando los hechos como si hubieran sido consecuencia de un intento de fuga cuando, en realidad, se trató de un homicidio ocasionado en el marco de los tormentos, apremios, vejámenes y severidades a las que fue sometida la víctima. Junto a él actuaron Jorge Vicente Strack y Oscar Luis Rivarola, entre otros, que fallecieron antes de ser juzgados.

En el marco de la investigación, se demostró que luego del asesinato de Erbetta, durante la noche del 24 de agosto de 1976, se orquestó y desarrolló un simulacro de su fuga. Para ello, el imputado y sus cómplices ingresaron a tres personas detenidas, vendadas, encapuchadas y con las manos atadas, a un automóvil tipo furgón, mientras decían que Erbetta también iba con ellos. Luego los trasladaron a las inmediaciones de la estación de ferrocarril, donde detuvieron la marcha, realizaron disparos y gritaron que la víctima se escapaba.

Romero, junto al condenado Demonte y otros policías federales, integraban un grupo de tareas que se dedicaba a cometer distintos crímenes durante la dictadura, entre ellos el asesinato de Pedro Sobko, también desaparecido.