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Violencia en boliches: tema recurrente y sin nuevas normas

Con casos de violencia como los de Villa Gesell y episodios en Paraná, se propuso la instalación de cámaras de seguridad en estos locales, pero no prosperó.

Jueves 20 de Enero de 2022

Se conmemoró esta semana el segundo aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gessel, un caso que conmocionó al país, por el brutal asesinato por parte de una patota.

A propósito de ello, días atrás, la concejal del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) Claudia Acevedo, había recordado en sus redes sociales un proyecto de ordenanza que había ingresado en junio de 2020, para introducir cambios en “la habilitación, funcionamiento, control e inspección de locales e instalaciones complementarias y anexos, donde se desarrollen actividades bailables y/o espectáculos de distracción diversas”.

Esa propuesta normativa fue elevada al Concejo Deliberante, girada en comisión, pero nunca fue tratada, y ya perdió estado parlamentario.

“Proponía cambios en la forma de habilitar este tipo de comercios. Seguramente vamos a volver a presentarlo este año”, dijo a UNO, respecto de la perspectiva para el próximo período de sesiones ordinarias del cuerpo.

Básicamente, esa norma exigía la incorporación de cámaras de videovigilancia en todas las puertas de entrada y salida de estos locales, incluida la salida de emergencia.

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El fundamento se originó en que las cámaras de seguridad habían asistido a la labor judicial, en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, pero también la legisladora había planteado en aquel momento “la incipiente escalada en la violencia social puesta en evidencia en enfrentamientos” en el ámbito local, lo que exigía que “la legislación de la ciudad se haga eco de medidas que aseguran el bienestar común, disminuyan y prevengan el delito y respalden la seguridad de los ciudadanos colaborando con la función y obligación provincial en cuanto a estos objetivos”.

Además de fijar los detalles técnicos del equipamiento, la norma incluía el plazo de seis meses –desde la aprobación y publicación de la ordenanza– para que todos los locales instalen las cámaras, aunque ello podría ser prorrogable, por tres meses. Y creaba un Registro de prestadores habilitados dentro de la Dirección de Habilitaciones Comerciales donde deberán inscribirse los instaladores de cámaras que cumplan con los requisitos que establezca el decreto reglamentario.

La norma era un aporte ante un tema recurrente como es la violencia en los boliches bailables, situación que sacude esporádicamente también a Paraná.

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La pandemia y las restricciones que proliferaron en casi los últimos dos años, hizo mermar los problemas de la nocturnidad, que ahora vuelven a estar nuevamente latentes.

“La violencia y los disturbios durante los espectáculos bailables no dejan de ser una situación recurrente en nuestro país. Casos como el de Fernando Báez Sosa, sientan precedentes sobre la importancia de implementar nuevos controles y medidas que ante estas situaciones logren aportar pruebas claras sobre los hechos, para el accionar de la Justicia”, planteó la legisladora.

Y tras recordar el proyecto de ordenanza con el fin de modificar la Ordenanza N° 8615 de habilitación, funcionamiento y control de locales donde se lleven a cabo actividades bailables, cuestionó que haya sido “completamente ignorado desde hace más de un año y medio”, y planteó: “Seguiré insistiendo, trabajando y visibilizando una agenda que se enfoque en medidas preventivas para los vecinos”.

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