El presidente municipal paranaense Sergio Varisco, a través del Decreto Nº 2319 fechado el jueves, promulgó parcialmente la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de octubre, que declaró la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Paraná hasta el 9 de diciembre.
Varisco promulgó la ordenanza de la emergencia económico
Según el texto legal al que accedió, se promulgaron los artículos 1º, 2º, 3º y 5º de la ordenanza en cuestión y se vetó el 4º, precisamente el punto resistido por la oposición en el cuerpo deliberativo.
Se trata del artículo que autorizaba al Ejecutivo a modificar el destino que por ordenanza tenían establecidos los intereses devengados de un plazo fijo del Estado Municipal por 7.345.306 dólares. Los fondos de esa operatoria “deberán destinarse exclusivamente a la inversión de bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura en el ámbito de la jurisdicción de este Municipio”, dice la norma Nº 9615 del 2017 que el Concejo modificó para que el intendente pueda usar esos montos en el arreglo de vehículos y maquinarias; algo que finalmente fue dejado de lado por el Ejecutivo municipal, según consignó la agencia APF .
De esta manera, la declaración de la emergencia en Paraná comprenderá la desafectación de partidas correspondientes al Ente Mixto de Turismo - Empatur - y a las destinadas originalmente al denominado “Presupuesto Participativo”.
La votación Los concejales oficialistas Karina Llanes (presidenta del bloque), María Marta Zuiani, Claudia Acevedo, Carlos González, Elsa Salazar, y Santiago Gaitán; y los electos por el Frente Renovador, Silvina Fadel y Luis Díaz fueron quienes votaron sobre tablas a favor de la iniciativa que promovió el Ejecutivo.
En contra lo hicieron los peronistas David Cáceres, Enrique Ríos y Sebastián Bértoli Ríos había manifestado: “La crisis institucional por la que atraviesa el municipio no se puede resolver con una solución de coyuntura que compromete a la gestión que viene”, a la vez que había remarcado la posibilidad de que el artículo 4º de la norma - ahora vetado - careciera de legalidad y constitucionalidad en tanto modificaba los destinos específicos de esos montos.
Cáceres por su parte había solicitado “explicaciones sobre lo que ha pasado todos estos meses”, a la vez que demandó también a los concejales oficialistas información sobre el destino de estas reasignaciones de partidas. Desde el oficialismo, Gaitán justificó su postura en que el proyecto porque tenía como fin el pago de los haberes de los empleados municipales.