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Un megajuicio que interpela al poder político

Se terminó la primera parte del megajuicio contra el exgobernador Sergio Urribarri. El proceso interpela al poder político y pone a prueba la credibilidad del poder judicial.

Lunes 03 de Enero de 2022

Se terminó la primera parte del megajuicio que tiene como principal acusado al exgobernador Sergio Urribarri. En un solo proceso están agrupadas varias causas donde se investigaron supuestos hechos de corrupción, por los cuales se imputaron además de Urribarri a los exministros Hugo Marsó y Pedro Báez, empresarios y familiares del exmandatario.

Nunca antes un exmandatario en Entre Ríos había tenido que dar explicaciones por presuntos delitos contra la administración pública, y ésta quizás sea una de las principales razones del interés que demuestra el debate.

Es necesario realizar un análisis integral de este primer tramo del juicio. En primer lugar, vale decir que quedaron debidamente argumentadas las posturas de cada una de las partes: Urribarri se declaró inocente desde Israel, donde ejerce la función de embajador argentino. En los primeros días de octubre, el diplomático rechazó las acusaciones del Ministerio Público Fiscal. “Mi oportunidad de declarar será más adelante, pero más que nadie estaba esperando este momento para defenderme de tantos ataques injustos que recibí durante estos años”, manifestó quien fuera dos veces gobernador.

El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, se basó en la misma estrategia: negar los cargos que se le imputan, y poniendo en crisis la imputación de la acusación pública. “¿Por qué solo nosotros somos merecedores de grandes imputaciones? La apertura de estas causas por actos de gobierno tienen el objetivo de enlodar a una determinada gestión de gobierno”, fue la réplica del dirigente en el salón de audiencias.

La Fiscalía entiende que en el último gobierno de Urribarri se desviaron fondos públicos, para financiar por ejemplo la precandidatura presidencial del entonces mandatario. Así lo planteó en su alegato de apertura la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche –actualmente suspendida de su cargo por un Jury-. Habló puntualmente de las cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes: “Con mayor o menor éxito, en estos cinco casos se procuró dar apariencia de regularidad a los procedimientos administrativos con el fin de encubrir la desviación de poder y la sustracción de dineros públicos”.

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En su matriz el proceso interpela al poder político, y a la vez pone a prueba la credibilidad del poder judicial en causas de corrupción. Y en el medio una puja paralela y acusaciones ccruzadas en el marco del Jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticcorrrupcción, Cecilia Goyeneche.

Al momento de hacer un balance de las actuaciones, el juicio está dejando al descubierto un entramado de relaciones entre empresarios del rubro publicitario y de exfuncionarios con larga trayectoria en la función pública. En ese contexto las testimoniales dejaron más complicado a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y señalado como titular de las firmas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL. Sucede que algunos testigos dejaron en claro que el dirigente tenía vinculación con esa estructura comercial, a través de la cual –según la Fiscalía- se operaba de forma cartelizada para favorecer a algunas empresas que ofrecían servicios de publicidad estática en la vía pública.

En el resto de las jornadas se buscó indagar sobre la instalación de un parador en Mar del Plata y en este caso, la Fiscalía se propuso demostrar que ese complejo había sido montado para promocionar la precandidatura presidencial de Urribarri en 2015. Con la misma lupa se puso en crisis la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná y la contratación de spots publicitarios que a criterio de la acusación tenían fines proselitistas.

En total fueron 33 días de debate y luego de la última audiencia el Tribunal dispuso que se pase a un cuarto intermedio. Se estima que la actividad se retomará el 1 de febrero, luego de la Feria Judicial. Para esa fecha se anunció la declaración de imputada de Luciana Almada, su hermano Alejandro Almada, Maximiliano Sena y no se precisó sobre Juan Pablo Aguilera y el embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. El 8 de febrero, una semana después del reinicio, comenzarán los alegatos de parte.

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