La Provincia

Un exmarino aportó datos sobre la desaparición de Julio Solaga

En el juicio por delitos de lesa humanidad, Héctor Edmundo Maquieira dijo que el militante concordiense fue secuestrado por la Policía Federal y tuvo como destino final La Plata. Además, investigarán por presunto falso testimonio a un exchofer de la Policía de Concordia. Comenzó a declarar Valentino y negó los cargos en su contra.

Miércoles 14 de Noviembre de 2012

Luciana Actis/De la Redacción de UNO

En la última etapa del megajuicio por la causa Harguindeguy, por crímenes de lesa humanidad en la costa del Uruguay, este miércoles hubo una maratónica jornada en los tribunales federales de Paraná. Declararon tres testigos, uno de los cuales aportó datos sobre la desaparición de un militante concordiense y otro estuvo a punto de ser detenido y se investigará si incurrió en falso testimonio. El imputado Juan Miguel Valentino comenzó a prestar declaración indagatoria y continuará este jueves.

Héctor Edmundo Maquieira, marino retirado que en 1976 se desempeñaba como docente en la ENET Nº 1 de Concordia, fue el primero en declarar. En su testimonio, señaló que mantenía algunos vínculos de carácter social con el personal del Regimiento de Concordia, ya que era invitado como personal retirado a los festejos patrios. También conocía a los jefes de Prefectura, Gendarmería, la Policía de la provincia y la PFA.

Durante su relato, aportó datos de relevancia, relacionados con la desaparición del militante peronista Julio Alberto Solaga. En este sentido, señaló que una docente colega -María Estela Solaga, hermana del desaparecido- le pidió que averigüara si existía algúna información sobre el paradero de su hermano Julio.

“Yo empecé a preguntar. En esa época estaba mal visto y me trajo algunos problemas. Me dijeron que este chico tuvo como destino final la ciudad de La Plata. Me dijeron que lo tenía la Policía Federal”, señaló, y añadió que se trataba de “brigadas que se movían por toda la provincia y el país”.

Por otra parte, dijo que no le constaba que Solaga hubiera estado detenido en el Regimiento de Concordia, pero la Fiscalía le recordó que tiempo atrás, María Solaga declaró que Maquieira le había dicho que su hermano pasó por un “periplo”, y que estuvo cautivo en el Regimiento. Ante esto, el exmarino dijo que era posible, pero que no recordaba detalles.

Respecto a las fuentes que le dieron tal información, dijo que fue el comandante retirado Sandri quien le dio datos sobre Solaga, como así también de otra persona desaparecida cuya familia era amiga de la esposa de Maquieira.

Además, el testigo dijo que concurría a algunas reuniones de camaradería con personal de las fuerzas armadas, pero que allí no se hablaba de los desaparecidos. “En esas reuniones no se hablaba de temas políticos, para no herir susceptibilidades de muchos que no estábamos de acuerdo. Considero que (las desapariciones) eran un tema político”. En otro tramo de su testimonio, dijo que por este motivo tuvo “altercados” con integrantes de las fuerzas, incluyendo al gendarme represor Héctor Febres -juzgado en la causa ESMA y aparecido muerto en 2007 en una situación dudosa-, quien lo amenazó. “Yo estaba en contra del derramamiento de sangre entre los hermanos argentinos. Tampoco estaba de acuerdo con que se usara a la ESMA con el fin que se le dio”.

Con respecto al sector militar concordiense, dijo que no tuvo altercados “porque ellos respetaban mi pensamiento”, y añadió que no le constaba que hubiera habido presos políticos en el Regimiento.

El segundo testigo fue Mario Enrique Di Maio, que durante 1976 se desempeñaba como alférez de Gendarmería en el destacamento del Regimiento de Gualeguaychú. En su declaración, señaló que fue él quien llevó a cabo la detención del abogado Enrique Zapata, expreso político.

“No recuerdo con precisión, pero fue a la madrugada, entre el 23 y el 25 de marzo de 1976. Fuimos hasta el departamento de Zapata, él me abrió la puerta y me dijo 'lo estaba esperando'. Eso me tranquilizó, porque no hubo violencia física ni verbal de ninguna de las partes”, dijo y señaló que Zapata era catalogado como “activista”.

Señaló además que concurrió acompañado de otro oficial y dos policías de la provincia, que salieron como testigos al momento de labrar el acta. Explicó que secuestraron armas y las entregaron a sus superiores, y trasladaron a Zapata a la sección Gendarmería y luego al Penal. Más tarde, el jefe de Área, el imputado Juan Miguel Valentino, lo llamó por teléfono desde el penal de Gualeguaychú y lo reprendió porque “no tenía conocimiento de a quién le habíamos entregado las armas secuestradas”.


Testigo reticente
A su turno, el expolicía Santos Adolfo Olivera, fue convocado a declarar, ya que en 1976 era chofer personal del Jefe Departamental de la Policía de Concordia, Pedro Ramón Campbell (fallecido), sindicado por testigos anteriores como uno de los responsables de los secuestros y desapariciones en la ciudad, como la del obrero ferroviario Sixto Zalasar.

En su testimonio, negó conocer a Miguel Arcángel Castaño, otro chofer de la policía concordiense. Cabe recordar que una testigo anterior dijo que vio a Castaño trasladar a Zalasar en un Renault 4 el día de su detención.

En un relato plagado de inconsistencias y que hizo irritar a la querella, la Fiscalía y el Tribunal, Olivera reconoció que había un Renault 4 que había sido secuestrado y que era utilizado por personal de Investigaciones.

Señaló que su única función era trasladar a Campbell, y reconoció que lo llevó a algunos operativos pero él se “quedaba siempre en el auto”. Dijo no recordar a dónde se llevaron a cabo esos operativos, ni si en esas oportunidades se detuvo a alguien. Además, dijo que nunca vio presos políticos en la Jefatura, pero no pudo decir qué distinguía a éstos de los presos comunes.

Pero lo más llamativo, fue que declaró que conocía desde la infancia a Sixto Zalasar y que éste era el marido de su prima. Dijo además que matenía un vínculo de amistad con él: “Íbamos a guitarrear al barrio, siempre charlábamos sobre fiestas y salidas”. Ante la consulta de la Fiscalía, declaró que se enteró de la desaparición de su amigo “después de que pasaron las cosas”, pero no supo precisar cuánto tiempo después, ni cómo se enteró. Además, señaló que no se comunicó después con su prima para averiguar qué había sucedido. Esto generó sospechas entre las partes, que lo acusaron de reticencia.

La vocal Noemí Berros propuso su detención por falso testimonio, y la querella dijo que el testigo se estaba adhiriendo a un “pacto de silencio”. Tras acaloradas discusiones entre las partes, la hermana de Zalasar, que se encontraba entre el público, se paró y dijo que Olivera mentía. “Él no era amigo de Sixto, mi hermano no era guitarrero. Mi cuñada dijo que él estuvo implicado en la desaparición de mi hermano”, tras lo cual se retiró de la sala.

Esto generó aún más discusiones entre las partes, y la presidenta del Tribunal recriminó a la querella por haber llevado en calidad de testigo a una persona que debería estar imputada. Luego se interrumpió la testimonial de Olivera, y la Fiscalía pidió remisión de copias del acta, ya que presentará una denuncia contra el testigo por presunto falso testimonio.


Valentino negó los cargos

El represor Juan Miguel Valentino accedió este miércoles a prestar declaración indagatoria por primera vez en ocho meses de juicio oral y público, aunque sin aceptar preguntas. Lo hizo para negar los cargos en su contra y analizar detenidamente las supuestas contradicciones de los testigos que lo incriminaron. Su exposición se extendió por unas tres horas y continuará este jueves desde las 10.

Pese a las negaciones, el imputado reconoció que hubo “tres o cuatro” detenidos “momentáneamente” en dependencias del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada de Gualeguaychú, del cual era el jefe durante la dictadura. También se hizo cargo de las detenciones de militantes políticos, aunque dijo que las llevó a cabo cumpliendo órdenes del Comando de Caballería Blindada con asiento en Paraná.

“Niego todas las acusaciones e imputaciones que se han hecho a mí y a mi gente, mis subordinados”, comenzó diciendo Valentino. También pretendió desvincularse de las acciones represivas que realizaban otras fuerzas como Prefectura y Gendarmería; sólo dijo que tenía “control funcional de apoyo, a requerimiento” sobre la Policía y aseguró que “no tenía injerencia en absoluto” sobre la UP2 ni con los detenidos allí a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

De las víctimas de la causa que estuvieron detenidas en el Ejército, sólo admitió el caso de Hugo Angerosa, aunque juró que “no se le tocó un pelo”. Según dijo, “nunca hubo torturados en el regimiento”. Luego siguió repasando cada uno de los testimonios y marcando lo que a su entender son “falsedades”, apoyado en los abundantes apuntes que tomó a lo largo del debate. En ese marco intentó desacreditar los testimonios sobre el secuestro de Norma González, quien se encuentra desaparecida. Sin embargo, aclaró que no negaba su desaparición.

“Yo recibí a los detenidos en la Jefatura de Policía el 24 de marzo de 1976 y les hice firmar la notificación de que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, salvo los que se fugaron”, remarcó el represor. Entre esos detenidos no estaban los abogados Enrique Zapata ni Héctor Rodríguez, quienes según él se habían “fugado” y fueron apresados posteriormente. Admitió que hubo dos traslados de detenidos en avión a Coronda, pero indicó que los militares se cargaron solo de la custodia y que el operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

Amigo de Silvio Soldán
Valentino intentó demostrar su medidas supuestamente en favor de la comunidad, como que patrocinó la participación de alumnos de la escuela Magnasco en el programa Feliz Domingo, con recorrida por Buenos Aires incluida, alojamiento, comida y visita al Ital Park. “Eso nadie lo mencionó”, se quejó. Más adelante agregó que cuando se fue de Gualeguaychú siguió promocionando esos viajes porque era “amigo de Silvio Soldán”.

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