Paraná
Martes 27 de Marzo de 2018

Tienen que retirar la grúa de 50 metros en calle Catamarca

Una nueva decisión de la Justicia, a favor de los vecinos, interviene y avanza sobre temas sin poder de resolución en el ámbito urbano municipal

En el marco de la conflictiva y polémica obra de construcción de un edificio –proyectado como el más alto de Paraná y de la provincia– sobre calle Catamarca al 600, la Justicia volvió a disponer medidas concretas y nuevamente falló a favor de los vecinos.

En junio de 2017, la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná había hecho lugar a un recurso interpuesto por un vecino y obligó a frenar la continuidad de la construcción. Días atrás, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 hizo lugar a una nueva presentación judicial, que bajo la figura de "daño temido" –consagrada en el nuevo Código Civil y Comercial– dispuso al Fideicomiso Catamarca 646, que en el término de 60 días a partir de la notificación –desde el 2 de marzo– se efectúen las medidas de seguridad necesarias, para resolver la submuración abandonada, y el relleno de un pozo de tres a cuatro metros de profundidad sin relleno, que está poniendo en riesgo de estabilidad a las viviendas linderas. Al mismo tiempo, obligó a que en 90 días se retire la grúa, estructura que quedó fijada en el lugar hace más de un año sin uso, y que se ha convertido en la nueva postal urbana del Parque Urquiza de Paraná.

La información fue confirmada a UNO por uno de los vecinos damnificados y autor de la presentación judicial, César Pross. Al mismo tiempo, el fallo de la jueza Gabriela Sione ordenó a "la Municipalidad de Paraná a que realice el control de la ejecución de las medidas de seguridad e imponga las medidas que considere adecuadas, para evitar los futuros daños, dentro de sus facultades de contralor de construcciones urbanas".

La obra en calle Catamarca, entre Alameda de la Federación y Mitre, tuvo un controvertido proceso administrativo previo para obtener su factibilidad entre 2013 y 2015. En ese último año se iniciaron los primeros movimientos de obra. Justamente, las anomalías de esas autorizaciones constituyen el litigio de fondo aún en indefinición judicial. Mientras tanto, desde junio de 2017, la obra fue detenida.

El proyecto contemplaba la construcción de 25 pisos, 74 departamentos y 60 cocheras en un lote de unos 10 metros de frente, por 80 metros de fondo. Se trabajó, según contaron los vecinos, en el subsuelo, planta baja y primer piso. La detención de la obra sumó nuevos, graves y riesgosos inconvenientes a los vecinos.

Según contó Pross –vecino lindante a la obra–, hay una enorme excavación practicada en ese inmueble como parte de la construcción, que no ha sido submurada ni rellenada. Esa situación tiene un alto impacto en el terreno. Según explicó, la pared medianera tiende a deslizarse hacia el enorme foso, poniendo en riesgo la estabilidad de la vivienda.

"Hemos tenido la fortuna de un largo período sin lluvias, pero es una amenaza latente" que se desplace, arrastre y caiga parte de la vivienda, indicó.

Por otro lado, en la presentación bajo la figura de "daño temido", se hizo hincapié en otro peligro: la grúa de casi 50 metros de altura, con una pluma móvil de una tonelada, que rota en círculos y se bambolea cuando hay viento y pasa por encima de todas las viviendas linderas.

"En cuanto a la grúa –afirma el fallo–, si bien no está acreditado el peligro inminente, lo cierto es que considerando las dimensiones de la misma, que la pluma gira sobre el espacio aéreo de los terrenos vecinos y la vía pública, y que permanece inactiva, es dable entender que genera intranquilidad a los vecinos sobre posibles caídas.

"Notamos en nuestros techos que se acumulan manchas de aceite que caen de la pluma. La grúa está sobre una base de hormigón sin terminar. Pero además, hay normas específicas que obligan a cumplir determinadas condiciones de seguridad e higiene de trabajo, mantenimiento periódico, distancias, no puede haber operarios debajo, entre otras. Todas estas cuestiones están en forma irregular", indicó el vecino.

Del mismo modo que cuando asomó el conflicto, allá por 2015, expuesto por UNO, los vecinos damnificados remarcaron e insistieron que no están en contra de las obras, del progreso y de la generación de puestos de trabajo. Pero reclaman normas claras y la actualización del Código Urbano.

"Hace unos años atrás se habían aprobado nuevas legislaciones, y la actual gestión municipal las derogó y volvió a regir un viejo Código", sostuvo Pross.

"Queremos mostrar a la comunidad que estas situaciones las padecemos hoy nosotros, pero otros la van a sufrir en el futuro si no están claras las normas, los controles y un claro debate sobre las alturas", insistió. En ese sentido, planteó que el Parque Urquiza es una postal de la ciudad, y en general, las ciudades tienden a proteger esas áreas naturales que constituyen su marca o identidad.

Tema pendiente
Pasan los años y el debate público sobre las necesidades y prioridades de una comunidad siguen sin ser establecidas y definidas en un nuevo marco legal.
Mientras tanto proliferan los edificios en altura, del mismo modo que los reclamos de los vecinos y los graves problemas en los servicios públicos. Redes de agua potable y cloacas diminutas, previstas hace 100 años para viviendas, ahora están permanentemente colapsadas –y estallan– por los mayores flujos que demandan decenas de nuevos grupos habitacionales en el mismo lugar donde solo había una casa.
Ante la falta de soluciones a los problemas vecinales desde un marco normativo como el Código Urbano, la Justicia está ocupando ese lugar, por ahora.

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