Coacciones
Martes 30 de Octubre de 2018

Solicitan cárcel para De la Rosa e integrantes de UPCN

Los fiscales Taleb y Dato arribaron a la "conclusión de certeza respecto de las hipótesis acusatorias" en torno a la coacción. Los defensores exigieron la absolución. La sentencia se adelantará el 6 de noviembre

En su alegato de clausura el Ministerio Público Fiscal, integrado por Gamal Taleb y Laureano Dato, solicitó penas de prisión efectiva para el grueso de la conducción de UPCN en Entre Ríos y para el exministro de Salud de la provincia, Ariel de la Rosa, que van desde los 3 a los 5 años, menos para el gremialista Guillermo Barreira, para quien pidieron la absolución por el delito de Resistencia a la autoridad y amenazas.
En ese mismo acto, el fiscal Taleb fue el encargado de detallar los pedidos de condena para los imputados: para De la Rosa solicitaron 5 años de prisión efectiva por el presunto delito de coacción agravada y coacción agravada en coautoría; para José Zarza se requirió 5 años y 6 meses de cárcel efectiva por coacciones agravadas; a Carina Domínguez y Noemí Santamaría. Los tres fueron considerados como coautores de coacciones agravadas en concurso real con los hechos del lunes 5 y el miércoles 7 de junio de 2017. En tanto, para el secretario adjunto del gremio, Fabián Monzón, se reclamó una pena de 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional por el delito de resistencia a la autoridad.


De esta manera los representantes de la acusación pública dieron marcha atrás con el pedido realizado en la etapa preliminar, donde habían adelantado pedidos de condena altísimos: para cuatro de los integrantes de la cúpula gremial habían pedido una condena de 7 años y 6 meses de prisión. La misma sanción había sido formulada para De la Rosa. Se mantuvo la acusación para el caso de Monzón.

Argumentos
En el comienzo de su alegato, Gamal Taleb sostuvo que "se llegó a la conclusión de certeza respecto de las hipótesis acusatorias". El fiscal cargó contra "las versiones casi idílicas de una manifestación gremial, angélicas, que nada tienen que ver con las constancias que se han incorporado a la causa. Por el contrario, aquella afirmación inicial del doctor Laureano Dato de que se trató de actos de patoterismo han sido confirmadas por las visiones que han tenido los protagonistas del suceso, las visiones que se basan en sus percepciones válidas del mundo de la vida".

Con estas palabras aludió a los hechos ocurridos entre el 5 y el 7 de junio de 2017 en el hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, cuando un grupo de dirigentes de UPCN irrumpió por la fuerza en el predio para exigirle a la directora del nosocomio, Noelia Trossero, que diera marcha atrás con la baja del contrato de la enfermera Yanina Migueles. El incidente derivó en una denuncia penal contra los sindicalistas y el exministro de Salud por coacciones agravadas, resistencia a la autoridad y amenazas.

Taleb destacó el valor de los testimonios y el hilo conductor de los mismos: "Todos hablan de intimidación, apriete y patoterismo. Todo esto producto no solo de esa actitud, sino de actitudes adicionales".

Reconstrucción del hecho
Laureano Dato, desplegó de forma minuciosa un relato de cómo sucedieron los hechos y la participación que tuvieron cada uno de los imputados. Sobre el rol que desempeñó Carina Domínguez, dijo que había sido "la organizadora y la que financió, y proveyó de los vehículos de UPCN para que se trasladaran el 5 de junio al hospital de Salud Mental de Diamante conocido como la 'Colonia'. Concretamente, eran los señores Zarza y Santamaría, y en este debate se determinó que había otra persona, identificada como Haydé". El fiscal aseguró que la secretaria gremial tenía conocimiento de dicha actividad, lo que se pudo corroborar a través de una serie de audios de Whatsapp. "Acordó con el ciudadano Zarza que debía presentarse a las 7 en el despacho de la licenciada Trossero para exigirle que se diera marcha atrás con la baja del contrato de la enfermera Migueles", manifestó en la audiencia que registró UNO.
Ese día –continuó Dato– se vivieron "situaciones de atropello" y planteó que la presencia de los dirigentes de UPCN "generaba un ambiente tenso, hostil, sumado al patoterismo, sorpresa y miedo". Para Dato esos conceptos caracterizaban a las prácticas y al comportamiento gremial, aunque aclaró que no era la primera vez que sucedían. "Ya habían sucedido otros hechos graves en contra de la directora. Ha quedado demostrado en este debate que la directora Trossero nunca pudo tomar una decisión libre", aseveró. Respecto de la intervención del exministro se desarrolló "una acción conjunta", con los dirigentes que acudieron a Diamante. "Era un juego de pinzas, el ministro amenazaba por teléfono y el gremio actuaba", describieron.

Absolución
Como ya lo habían adelantado, los abogados defensores Marcos Rodríguez Allende (asistió a Domínguez, Zarza, Santamaría, Monzón, Suárez y Barreira) y Julio Federik y Leopoldo Lambruschini (representó a Ariel De la Rosa) solicitaron el pedido de absolución de culpa y cargo de los imputados.


La sentencia se conocerá el 6 de noviembre

La sala N° 1 de audiencias estuvo repleta por la presencia de familiares, amigos e integrantes de la conducción de UPCN, además de los periodistas que realizan la habitual cobertura de casos judiciales. Antes del inicio de los alegatos, el presidente del Tribunal, Alejandro Grippo, aceptó la incorporación de una de las pruebas solicitas por la Fiscalía. La medida estuvo acompañada por los defensores Rodríguez Allende, Federik y Lambruschini.
Al final del juicio hicieron uso de la palabra De la Rosa, Santamaría, Zarza, Domínguez, Suárez y Monzón, salvo Barreira.
Cada uno realizó una especie de descargo frente a los jueces que deberán determinar si tuvieron responsabilidad en los hechos que se les imputan.
Los vocales que integran el tribunal informaron que el adelanto de la sentencia se conocerá el 6 de noviembre a las 9.

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