La Ley N° 27.351 de Electrodependientes, aprobada en abril de 2017, establece en sus principales artículos los derechos que gozan las personas que por cuestiones de salud necesitan de la energía eléctrica para vivir. La iniciativa provee el servicio eléctrico gratuito, permanente y con niveles de tensión adecuados “para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado”. A través de este instrumento legal, también se garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir los cortes en el suministro energético y además se contemplan los costos de funcionamiento de los mismos aparatos; se crea una línea 0800 para casos de emergencia y se invita a las provincias a adherir al régimen. Entre Ríos, al igual que unos pocos distritos, es una de las provincias que aún no adhirió a la normativa por la falta de voluntad política de sus legisladores, según denunció la Asociación Argentina de Electrodependientes (Aaded).
A casi dos años de vigencia de la ley, dos diputadas entrerrianas presentaron sendos proyectos de adhesión que no encontraron acompañamiento en la Cámara baja: uno pertenece a la peronista Emilce Pross, y el restante a la representante de
Cambiemos Gabriela Lena. Pese a las diferentes gestiones con las autoridades políticas de la Provincia, incluso se hizo llegar una carta al gobernador, Gustavo
Bordet, la realidad indica que alrededor de 400 familias con pacientes electrodependientes esperan la adhesión a la normativa nacional. “Sé que los proyectos pasaron por la Comisión de Energía, y cuando llegaron a esa instancia desde la empresa Enersa ellos dijeron que ya tenían tarifas sociales para subsanar las demandas de las personas electrodependientes. Pero esto no es así porque a las familias les están llegando boletas de luz con importes de 5.000, 7.000 u 8.000 pesos y la que menos paga son 1.500 pesos por mes.
No solo eso, sino que las empresas en casos de cortes de luz tienen que administrar un grupo electrógeno o una fuente alternativa de electricidad, y esto no sucede”, alertó en diálogo con UNO la secretaria de la Aaded, Mayra Helman. En su testimonio, la activista, que es mamá de un niño con broncodisplasia pulmonar, explicó que las patologías más frecuentes que requieren de la conexión a aparatos eléctricos son la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la broncodisplasia pulmonar, la encefalopatía crónica no evolutiva, aunque también puede ser indicada para personas con cáncer, con malformaciones congénitas o para bebés prematuros. Además recordó que los aparatos contemplados por la ley son el concentrador de oxígeno, el respirador artificial, Tratamiento de Presión Positiva en las Vías Respiratorias (CPAP), bombas de alimentación y la diálisis peritoneal, entre otros equipamientos médicos.
“En Entre Ríos debe haber entre 400 y 500 electrodependientes, lo que sucede es que al no difundir la ley las personas ni siquiera saben que son electrodependientes. Porque hay muchas personas adultas que tienen EPOC y que tienen alguna enfermedad respiratoria por la que usan un concentrador de oxígeno para dormir y no lo saben”, aseveró Helman. Desde su lugar de militante por el derecho a una salud de calidad aseguró que la falta de la adhesión a la ley es una forma de discriminación “porque todos los nenes del país tienen que ser iguales”.
Y advirtió que si continúan bajo estas circunstancias “hay en juego vidas, y casi todos los que conocemos son niños. Se les está cobrando por respirar a los chicos. Respiran a través de la energía y al estar bajo internación domiciliaria, es también un ahorro al sistema público y privado, porque la demanda de camas es altísimo”. Durante este mes, la Aaded lleva adelante una campaña para con cientizar acerca de los derechos de las personas con esta problemática, y a su vez para conmemorar el 17 de mayo, el día en el cual entró en vigencia la Ley Nº 27.351, dando lugar al Día del Electrodependiente. La actividad se cerrará con la primera edición del Maratón Conectados a la Vida.
“Hay en juego vidas y casi todos los que cono- cemos son niños. Se les está cobrando por respirar y lo hacen a través de la energía”.
“Hay en juego vidas y casi todos los que cono- cemos son niños. Se les está cobrando por respirar y lo hacen a través de la energía”.
Por otro lado, se inició una campaña en redes sociales con pacientes de Entre Ríos portando carteles pidiendo por la adhesión a la ley nacional. En definitiva, se trata de una estrategia para poner en conocimiento a la clase política que las familias ya no pueden seguir pagando sumas abultadas por el
consumo de energía. “Algunas familias tienen la tarifa social, pero teniendo ese beneficio siguen pagando una factura de 7.000 pesos”, señaló Helman.
Sin voluntad política Gabriela Lena, una de las dos diputadas que impulsaron la adhesión a la ley nacional, reconoció que esto no se ha podido lograr “porque la Secretaría de Energía se opone, porque sostienen que las familias tienen planes especiales, pero no es tan así”. Desde el momento en que los dos proyectos de ley de Lena y de Pross ingresaron a la Cámara que daron frenados por una decisión corporativa del oficialismo: “Soy una triste opositora. Uno intenta, grita, patalea, pero en estas cuestiones las mayorías son las que deciden.
Y la mayoría decide en la Cámara que esa ley no se trate. Y así parece que va a seguir siendo en la provincia según las últimas PASO”. En comunicación con UNO, Lena explicó que desde la Comisión de Legislación fueron tajantes cuando quiso obtener información al respecto: “Me dijeron que había órdenes de la Secretaría de Energía de que esto quede planchado”. Sobre las razones políticas y económicas que están frenando esta iniciativa, la diputada dio su punto de vista. “El costo que le va a significar a la Secretaría de Energía no es tanto. No es mucha la cantidad de electrodependientes registrados como tales y que cobran la tarifa social por esta situación. No creo que eso le incida en el costo o le haga tambalear el costo de lo que cobra Enersa, porque bastante es lo que nos cobra. Por algo es una de las energías más caras del país, y el precio que se cobra la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es el mismo para todo el país”, graficó.
