Secciones
Pobreza

"Siempre hay tiempo pa dispués cuando es del otro la espera"

Funcionarios con ínfulas, en un país empobrecido. Los dichos de un juez, y los tan ocultos como asombrosos sueldos de funcionarios cuando la mitad de los gurises vive bajo la línea de pobreza

Domingo 22 de Septiembre de 2019

El título de esta columna es una canción de José Larralde que no pierde vigencia, y aquí veremos testimonios de funcionarios y empresarios sin conciencia del estado de las cosas, capaces de abogar por derechos insostenibles. Un empresario de Buenos Aires bien arraigado en Paraná gracias a su sociedad con políticos encumbrados ofreció a medio centenar de obreros de Coceramic (que permanecen desocupados en virtud de una estafa) unos 10 millones de pesos para quedarse con el capital de su cooperativa, valuado en 1.500 millones de pesos

Los socios del empresario le pidieron, entonces, que aumentara la oferta para abortar el conflicto y evitar así que nombres de fama alcancen mayor fama aún, y en eso está la cosa. Tal vez la primavera llegue con algún alivio. Ojalá.


El cero coma uno



El gobierno provincial advirtió, tras varias publicaciones periodísticas, que sería mejor intervenir, dada la voluntad de fierro de algunos obreros cooperativistas. Entonces, antes de las elecciones prometió un subsidio de 4.000 pesos por persona, para ir paliando la situación, mientras se analizan alternativas. Lo que se cumpliría en el término de 15 días sigue en veremos, dos meses después.

Cuatro mil pesos cada uno, por única vez, equivalen a menos del 0,1% de lo que gana un funcionario de la empresa estatal Enersa en el año. Pusimos atención en ello por sugerencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En vez de alarmarse por el abismo que separa a los sueldos de los jueces y la pobreza del pueblo, este juez sugirió que sus ingresos son bajos si se los compara con los sueldos de Enersa, es decir: el hombre quiere cobrar más.

Un conocido centro de estudios de la región integrado por economistas, historiadores, artistas, periodistas, cooperativistas, estudiantes, docentes, publicó un documento titulado “Economía de guerra a los privilegios”, para explicar por qué los funcionarios del Estado debieran cobrar como máximo el equivalente a dos jubilaciones mínimas, o tres en una excepción. Es decir: si una jubilación asciende a 15.000 pesos, un sueldo máximo podría rondar los 30.000 pesos, y los sueldos mayores (el gobernador, los jueces, los legisladores), unos 45.000 pesos. Así las cosas, un funcionario de Enersa podría cobrar 40.000. Sin embargo, la resistencia de las autoridades de Enersa a hacer públicas las cifras deja pensar que cobran 400.000 pesos mensuales. Un desatino si se piensa que ese dinero sale de la bolsa que a duras penas junta el pueblo cada mes, un pueblo con la mitad de todos sus hijos bajo la línea de pobreza.

Es fácil ver que esos sueldos no son producto de la democracia. Con la mitad de todos los niños bajo la línea de pobreza, ¿qué diría la voz del pueblo? ¿El equivalente a 30 jubilaciones como máximo, o el equivalente a tres? ¿Por qué no se publican todos los sueldos y viáticos y demás que pagan los estados nacional, provinciales y municipales? ¿Qué ocultan?

Eso nos permitiría conocer, en un paso siguiente, una estructura sostenida en multinacionales, banqueros, terratenientes, exportadores, que controlan los resortes de la economía y dejan espacios oscuros para que sus servidores muerdan sin ser vistos.

La solución que da ese centro de estudios para aquellos jueces, legisladores y funcionarios que entienden que el sueldo que se les ofrece es bajo, resulta muy atinada: si es bajo, basta con aumentar los montos de las jubilaciones mínimas y todo se encadenará. De lo contrario: gracias por los servicios prestados, y que pase el que sigue… La cuestión es muy sencilla, y quizá haya modos más simples de explicarla. Los jueces del Superior Tribunal de Justicia creen que es justo lo que cobran, y puede que tengan razón, pero no dejan en claro para qué país. Porque el pueblo que les paga está apretado por la desocupación, el desarraigo, la expulsión, el hacinamiento, la indigencia, y jamás aceptaría (si se lo consultaran) que en una república una sola persona sacara la parte del carancho (ya que la parte del león, sabemos, queda más arriba).

Jauretche y Larralde

No es difícil comprender los fundamentos, si todos hemos repetido alguna vez los versos de Arturo Jauretche: “o es pa todos la cobija o es pa todos el invierno”. Los jueces, los funcionarios del Ejecutivo, los legisladores, parecen demandados por los versos de José Larralde: “siempre hay tiempo pa dispués cuando es del otro la espera”. Pero las prerrogativas se han naturalizado en el país. A tal punto que, mientras en uno de los poderes del Estado el promedio de una jubilación es de 20.000 pesos, y en otro alcanza a 150.000 pesos, algunos entienden que no estamos ante un privilegio porque esos funcionarios ya habían cobrado sueldos mayores y por tanto, habían aportado más… ¿Perdón? ¿Quién aportó? ¿Y por disposición de quién? La candidez nos impide observar que el privilegio viene de antes, de los sueldos superiores que fabrican funcionarios ricos en un territorio de pobres. Parece que el privilegio, si se sostiene en el tiempo, pasa a ser legítimo.

IVA, ¿sí o no?

Pensemos en el peor gobierno argentino de todos los tiempos (cada lectora/lector ponga el nombre que prefiera); el peor de todos. Supongamos que ese gobierno, el peor, y en su momento más delicado, frente a un abismo, acepta una medida que todo el mundo pidió por décadas: eliminar el IVA a los alimentos esenciales. ¿Qué debieran hacer el resto de los partidos, los sindicatos y los demás protagonistas de la discusión social? Bueno, cuesta decirlo: se opusieron, con la excusa de que se está desfinanciando a los estados. Ahora, ¿por qué creemos que se sostuvo el IVA sobre los alimentos, que tanto cuestionamos? Es obvio que ese dinero que el Estado le saca a los pobres, es decir, a los que gastan todos sus ingresos en alimentos y sólo en alimentos, ese dinero quedará en manos de los pobres y no entrará a las arcas de un Estado que se financia allí de modo perverso.

El Estado saca a los que tienen poco o nada para luego pagar a empresas contratistas con ese dinero de los pobres, o sostener dietas de legisladores, jueces, ministros, secretarios, que multiplican por 20 o por 30 el salario de un obrero. Cuando no le alcanza, no baja los ingresos de los ricos: se endeuda. Y todos corren a aprobarlo en el Congreso. Si los estados nacional, provinciales o municipales se financian sacándole un dinero a los trabajadores activos, pasivos o desocupados cuando compran un alimento, esos estados ¿protegen o atacan a los trabajadores? No hay partido u organización del mundo de los trabajadores que no haya exigido, por años, la eliminación del IVA a los alimentos esenciales. Las plataformas anotan este reclamo en el primer punto, desde hace décadas.

Por herencia

Pero nuevamente: las oligarquías y altas burguesías que se alternan en los gobiernos encuentran siempre una excusa para posponer una decisión. Que lo digan los pobres que pagan impuestos para alimentar a sus hijos, que lo digan los obreros de Coceramic, puestos en situación de mendigos por la connivencia de empresarios y políticos. Algunos están enfermos de dolor, por el maltrato que han recibido.

En estos días volvió, es cierto, un bolsón de alimentos que acompaña, por unos 1.000 pesos mensuales. Bienvenido. Un funcionario de cualquiera de los poderes que cobra 20 o 30 sueldos por mes (y eso ocurre), al cabo de un par de años irá sumando más sueldos todavía, porque hará negocios (por ejemplo, inmobiliarios) que a su vez le redituarán en más ingresos. Al fin de su carrera cobrará una jubilación de privilegio que se sumará a otros fondos de privilegio obtenidos con sus sueldos de privilegio, y con eso pagará para que sus hijos estén en las listas de candidatos en lugares expectantes… ¿Era eso lo que querían José Artigas y aquellos pueblos, cuando pelearon y dieron la vida por la República?

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario