Este martes a partir de las 13, el Senado entrerriano está convocado a una sesión especial para tratar la modificación del artículo 60 de la Constitución Provincial (CP).

El expediente Nº 29.311 refiere al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión por el que se reglamenta el efecto derogatorio previsto en el artículo 60º, último párrafo, de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con o sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales Acuerdos.

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El artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos, incorporado en la reforma de 2008, establece la nulidad de toda ley, decreto u ordenanza provincial contraria a la Constitución Nacional o provincial, y dispone que una norma pierde vigencia general tras acumular tres declaraciones de inconstitucionalidad por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Con esta reglamentación el Gobierno blindaría la recientemente aprobada Reforma Previsional de las acciones de inconstitucionalidad que ya han previsto formalizar diferentes sectores.

Actualmente el artículo 60 dispone que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) puede derogar una ley por inconstitucional cuando sume tres sentencias firmes.

Con los cambios que se pretenden introducir el trámite se complejiza y se requiere que esas tres sentencias deben ser dictadas por el pleno del STJ (nueve miembros) y no solo por una de sus salas (tres).

El proyecto ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se espera la aprobación definitiva por parte del Senado con los votos del oficialismo, más el aporte de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda, desprendidas de la bancada opositora peronista.

Críticas de la oposición

La modificación pretendida generó duras críticas de la oposición que considera que dicho cambio es "apresurado" para reglamentar "una cláusula de la Constitución provincial que establece un mecanismo excepcional para que una norma general que ha sido declarada reiteradamente inconstitucional pierda vigencia". "Una cuestión de esta naturaleza requiere debate, análisis y participación de todos los sectores, no una aprobación apurada”, señalaron.

“No se puede reglamentar la Constitución restringiendo el alcance de una herramienta que la propia Constitución establece”, afirmaron.

El bloque de senadores justicialistas manifestó su preocupación y rechazo al proyecto: “Resulta difícil no preguntarse si detrás de esta urgencia no existe también una preocupación del Gobierno frente a la avalancha de recursos judiciales que puede generar la reforma previsional”.

“En lugar de garantizar que los entrerrianos tengan herramientas efectivas para recurrir ante la Justicia, se pretende avanzar rápidamente sobre el mecanismo constitucional que puede terminar teniendo un papel central frente a normas que sean declaradas inconstitucionales”, advirtieron.

Finalmente se sostuvo que la Legislatura tiene la responsabilidad de reglamentar las disposiciones constitucionales sin desnaturalizarlas ni reducir los derechos y garantías que ellas consagran.

Transparencia y Ética Pública

También se tratará el Expediente Nº 26.785, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, sobre Transparencia y Ética Pública, con o sin Dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales Acuerdos y de Legislación General.