El acceso temprano de los niños a los teléfonos celulares sigue creciendo en Argentina y reaviva el debate sobre el uso de estos dispositivos en las escuelas. Un informe de Argentinos por la Educación reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado de primaria, de alrededor de ocho años, ya cuenta con un teléfono móvil propio, mientras que otro 23% utiliza el de algún familiar. Solo el 18% de los estudiantes de esa edad no tiene acceso a un celular.

El estudio, titulado Celulares: ¿prohibir o no prohibir?, fue elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación). El trabajo utiliza datos del operativo Aprender 2024 y analiza tanto el acceso a la tecnología como la evidencia internacional sobre las políticas que restringen el uso de celulares en los establecimientos educativos.

Diferencias entre provincias

Aunque la presencia de celulares es elevada en todo el país, existen marcadas diferencias regionales. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego presentan los niveles más altos, con más del 65% de los alumnos de tercer grado que poseen un teléfono propio. En el otro extremo se ubican Misiones y Formosa, donde la proporción ronda el 40%.

También se observan desigualdades vinculadas con el nivel socioeconómico. Entre los estudiantes de mayores ingresos, el 63% dispone de un dispositivo propio, mientras que el porcentaje desciende al 52% entre quienes pertenecen a los sectores de menores recursos.

En el nivel secundario, la presencia de celulares es prácticamente generalizada: según Aprender 2023, nueve de cada diez estudiantes cuentan con un teléfono propio.

El efecto de las restricciones

El avance de la tecnología en las aulas impulsó a numerosos países y provincias argentinas a establecer normas para limitar el uso de los dispositivos durante la jornada escolar. Sin embargo, la evidencia científica disponible no ofrece respuestas concluyentes.

Las investigaciones coinciden en que las restricciones reducen el uso del celular y las distracciones en clase. No obstante, los resultados sobre su impacto en el rendimiento académico son heterogéneos. Algunos estudios detectan mejoras moderadas, especialmente entre estudiantes con bajo desempeño, mientras que otros no encuentran diferencias significativas.

En cuanto al clima escolar, los resultados también son diversos. Algunas investigaciones muestran una disminución de situaciones de acoso escolar, mientras que otras no registran cambios relevantes.

Más regulaciones en el mundo

De acuerdo con datos de la Unesco, la cantidad de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.

Las estrategias son variadas. Francia, Países Bajos y Chile aplican prohibiciones generales; Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente; mientras que en el Reino Unido cada institución define sus propias normas.

La situación en Argentina

En el país no existe una regulación nacional sobre el uso de celulares en las escuelas. Al menos once jurisdicciones avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos específicos, mientras que el resto aún no cuenta con una normativa definida.

Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa establecieron restricciones amplias en los niveles inicial y primario. La provincia de Buenos Aires limita el uso en escuelas secundarias, Mendoza solo lo permite con fines pedagógicos y otras provincias, como Salta y Tucumán, habilitan que cada institución adapte las reglas según su contexto.

El desafío de educar en la era digital

Los especialistas coinciden en que el debate no debería reducirse únicamente a prohibir o permitir los celulares.

Andrea Goldin sostuvo que la evidencia aún no demuestra de manera concluyente que las prohibiciones modifiquen los hábitos de los estudiantes y consideró que el desafío pasa por enseñar un uso responsable de la tecnología con objetivos pedagógicos claros.

En la misma línea, el sociólogo Alejandro Artopoulos advirtió que las restricciones responden a un contexto de preocupación por la salud mental y afirmó que es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan un uso saludable de las tecnologías.

Por su parte, Lucía Fainboim expresó su preocupación por la naturalización del acceso a celulares a edades cada vez más tempranas y señaló que la infancia requiere espacios para el juego, la socialización y el desarrollo fuera de las pantallas.

Finalmente, la especialista en tecnología educativa Melina Masnatta remarcó que el desafío no consiste únicamente en debatir si los celulares deben prohibirse, sino en construir estrategias que permitan integrarlos de manera responsable al proceso de enseñanza y aprendizaje.