Prestadores, familiares y trabajadores de centros de atención de personas con discapacidad se concentraron el miércoles frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos para manifestar su rechazo unánime al nuevo proyecto de ley de Discapacidad presentado por el Gobierno nacional.

Los manifestantes advirtieron que la iniciativa, que busca derogar o modificar la Emergencia aprobada en septiembre de 2025, y que el Gobierno se niega a implementar, representa un ajuste injusto sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Durante la movilización se dio lectura a un comunicado donde se remarcó que "no se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad", en alusión al incumplimiento previo de la normativa de Emergencia por parte de la Nación, y se denuncia la crisis profunda que enfrenta el colectivo de personas con discapacidad debido a un proyecto de ley que amenaza con recortar sus derechos fundamentales.

En ese sentido se recalcó que las reformas propuestas representan un retroceso grave en el acceso a tratamientos, transporte y servicios esenciales de inclusión. En tanto se exige la derogación de medidas que consideran injustas, argumentando que la discapacidad no debe ser utilizada como una variable de ajuste económico. Por último se hizo un llamado urgente al Estado y a la sociedad para proteger la dignidad y los proyectos de vida de los sectores más vulnerables y se enfatizó la unidad del colectivo.

El rechazo

Entre los puntos señalados indicaron que las auditorías "menosprecian" a las personas con discapacidad para que desistan de solicitar recursos. Recalcaron que la eliminación de nomenclador nacional de discapacidad genera que lso prestadores tengan que pactar en forma individal, por ende sin fuerza, con obras sociales y prepagas. Estas empresas podrán determinar discrecionalmente el valor de cada prestación sin ningún control del Estado. Aseguran que esto dejará a la deriva a personas muy vulnerables. En tanto proyecto de Javier Milei busca eliminar la compatibilidad entre discapacidad e invalidez laboral, lo cual afectaría directamente la autonomía de las personas, un objetivo central de las terapias actuales.

Situación de entidades locales

Los manifestantes expusieron la situación alarmante de las entidades de la provincia. En ese sentido advirtieron que ya se han registrado cierres de intituciones que atienden a personas con discapacidad y mencionaron la precaria situación financiera de centro San Francisco de Asís u Mundo Jove de la ciudad de Paraná.

El comunicado

"El colectivo de personas con discapacidad atraviesa hoy una de las situaciones más críticas en los últimos años. El proyecto de ley que se presenta en el Senado pretende modificar los artículos de la ley de emergencia de discapacidad y no representa un avance sino un profundo retroceso en materia de derechos, inclusión y acceso a servicios esenciales. Vulnera derechos fundamentales conquistados tras años de lucha colectiva que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, limitando el acceso a tratamientos, prestaciones básicas, acompañamiento profesional y condiciones dignas de vida.

No se trata solo de números o ajustes, se trata de personas, de trayectorias y de proyectos de vida que hoy se ven amenazados. Hoy queremos dejar en claro que no estamos solos: personas con discapacidad, familias, prestadores y transportistas estamos atravesando una situación crítica, pero también estamos unidos, organizados y firmes en la defensa de nuestros derechos. Este ajuste no solo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, exigimos la derogación del proyecto de ley denominado "fraude de las pensiones por invalidez", que pretende modificar artículos de la ley de emergencia discapacidad, una ley que ni siquiera ha sido plenamente implementada. No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad. La discapacidad no puede ni debe ser variable de ajuste. Cada recorte, cada demora y cada obstáculo administrativo es un derecho menos, una oportunidad menos y un ejercicio más.

Por eso, desde nuestro lugar levantamos la voz y exigimos que se garantice el cumplimiento pleno de los derechos establecidos. Rechazamos cualquier medida que indique retroceder en materia de inclusión. Le pedimos al gobierno que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha que no es sectorial ni aislada; es una causa justa, humana y urgente.Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad que no mire para otro lado.

Defender los derechos de las personas con discapacidad es defender una sociedad más justa para todos. No al retroceso en discapacidad, por el derecho a la inclusión y la dignidad del colectivo"