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Paro de transporte

Se levantó el paro de colectivos

La comuna giró ayer a ERSA y Mariano Moreno fondos por el 19% de la masa del aguinaldo de bolsillo. Este martes UTA recibió la notificación para una audiencia de partes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para el lunes 22.

Martes 16 de Julio de 2019

La UTA recibió en la mañana de este martes la notificación para una audiencia de partes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, el próximo lunes, 22 de julio. La novedad fue confirmada a UNO por el secretario general de Unión Tranviarios Automotores (UTA) Sergio Groh.

Las partes citadas deben deponer sus medidas, el gremio debe levantar el paro y las empresas deben abstenerse de despedir empleados por 10 días, mientras dure la instancia de conciliación.

Al respecto el secretario de Trabajo de la Provincia, Fernando Quinodoz explicó que el procedimiento conciliatorio brinda un ámbito de negociación para que, en lo posible, se preserven las condiciones del empleo.

En caso de no arribar a un acuerdo el día lunes, momento en que se realizará la reunión con las tres partes involucradas en el conflicto (UTA, Municipalidad y Buses Paraná), el organismo termina el procedimiento conciliatorio y queda la vía judicial a la empresa que pretende despedir empleados invocando el artículo 247. Allí se deberá probar que están dadas las circunstancias alegadas para suspender o despedir trabajadores, con una indemnización diferente a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La situación

Las empresas Mariano Moreno y ERSA recibieron ayer parte de la deuda que le reclaman al gobierno municipal de Paraná. En realidad se giró solo 1,4 millones de pesos a las empresas, que solo alcanza a cubrir un 19% de la masa salarial total, sin incluir aportes patronales. Debido a ello, los choferes de colectivos decidieron mantener la medida de fuerza y los colectivos tampoco circularán hoy, al menos en las primeras horas del día.

Sin la totalidad de los fondos necesarios para hacer frente al 50% del Sueldo Anual Complementario –unos 14 millones de pesos, con aportes–, demanda de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el conflicto que, desde la semana pasada dejó sin servicio de transporte urbano a Paraná, se destraba a partir de la presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que formalizaron ayer ambas empresas concesionarias ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En la solicitud, según se confirmó a UNO, se establece que ante el desfinanciamiento que sufre el sistema por la falta de compensaciones y subsidios, el atraso de la tarifa y el incumplimiento del Estado municipal para abonar sus compromisos, se requirió la autorización para despedir a 94 trabajadores –60 pertenecientes a ERSA y 34 a Mariano Moreno–,y la suspensión de otros 94 choferes, también 60 de ERSA y 34 de Mariano Moreno. “Eso implica el 40% del plantel del personal de las empresas, debido a la afectación que tienen las empresas producto de la eliminación de servicios que seguramente se va a tener que realizar en este corto plazo, para equilibrar los costos. Los servicios se deberán reducir en esa proporción, y por eso será la posibilidad de ofrecer trabajo para esas prestaciones. Sacar un colectivo de circulación, implica dos y medio choferes menos”, explicó a UNO el abogado Gustavo Larrea.

Desde la cartera laboral provincial informó ayer a UNO que se estaban realizando el análisis de la documentación presentada, algo más de 2.000 fojas con fundamentos técnicos de las empresas. Y tiene un plazo de 48 horas para extender la notificación a la UTA, que empezó a correr desde ayer a la mañana.

El profesional ligado a la firma ERSA insistió que a esta situación se llegó por la crisis del transporte de pasajeros de la ciudad de Paraná. Enumeró la falta de reconocimiento de los costos de servicio, desde hace tiempo, y por el que las empresas venían realizando presentaciones, cuando se empezó a advertir la diferencia de tarifas en relación a los nuevos costos. “En septiembre se hizo el primer reclamo; luego en noviembre-diciembre y en este ultimo período con el desfasaje de los primero seis meses implica una diferencia de costos y de tarifas de cerca de 100 millones de pesos a favor de las empresas”.

En esa deducción se incluye los reclamos en la diferencia entre tarifa técnica y real, pero también “otras verificables”, dijo. “El Estado municipal no nos paga el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), desde marzo; tampoco los 2,80 pesos que se comprometió el DEM para subsidiar la tarifa y dejarla en 20 pesos”, indicó. A ello, acotó el empresario Marcelo Lischet –titular de la Mariano Moreno y vicepresidente de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap)– hay un desfasaje mensual de 10 millones de pesos. “En el incremento de la tarifa se incluyó un subsidio de 15 millones de pesos, en el costo de la tarifa, que aportaba la Nación a las empresas, provenientes del Fondo de Asistencia Financiera. Varisco se comprometió que iban a bajar 15 millones de pesos, y en base a eso se determinó el valor del pasaje, pero Nación paga 5,1 millones. Hay un desafasaje de 10 millones cada mes, que se va acumulando”. Larrea, por su parte, acotó: “El gobierno local determina el desfasaje, el costo para solicitar la asistencia en 15 millones, pero Nación aportó solo 5. Entonces quedan 10 millones de pesos que por reconocimiento del propio municipio, tiene que compensar. Esto también suma a todo el monto que se está adeudando”.

En razón de esta situación, y en la necesidad de encontrar equilibrios, es que con el PPC las empresas buscan que los servicios de transporte se reduzcan en esa proporción: por ello, y porque el costo laboral representa un 58% del total de costos, es que se busca reducir la planta de personal. “Sacar un colectivo de circulación, implica dos y medio choferes menos”, indicó el abogado.

Ayer, ante la consulta de UNO, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, sostuvo que acatarán la notificación, que impide realizar medidas de acción directa a cualquiera de las partes: a las empresas realizar despidos o suspensiones, y a los trabajadores, hacer paros.

La notificación

“Se trata de un proceso de 17 días hábiles. Luego de la notificación al gremio, a los cinco días se debe hacer la primera audiencia formal donde se puede determinar un acuerdo, que dependerán de factores que impliquen flexibilización laboral y reducción de costos. Acá se busca reducir los costos laborales, como pagar aguinaldo en cuotas. Y si no hay un acuerdo, las partes quedan liberadas, para la huelga o para los despidos”, razonó Larrea.

Por eso subrayó que el corte de servicios actual podría superarse en lo inmediato, teniendo en cuenta que el artículo 104 de la Ley 24.013 de Empleo que regula los PPC establece claramente que no se pueden tomar medidas de acción directa ni las empresas ni el sindicato. Así, a partir de la notificación del convenio al sindicato, debería cesar la huelga, a partir de la notificación de Trabajo.

La concesión

Respecto al marco legal vigente de concesión del servicio, los letrados de las empresas sostienen que las pautas establecidas para ese funcionamiento “hace rato están rotas, pero no por responsabilidad de las empresas, sino por incumplimientos de la concedente (la Municipalidad). De hecho –dijo Larrea– en enero y en mayo las empresas presentaron el cambio de condiciones contractuales producto de esta situación.

El contrato está roto porque si bien las empresas están prestando los servicios, no existió la otra contraprestación adecuada como las tarifas y las compensaciones. Y justamente desde enero en adelante, porque desde el 1º de enero cambiaron las reglas de juego”, comentó, en relación al nuevo esquema determinado por el gobierno nacional, que desligó su responsabilidad en las provincias y municipio. En esa línea, Larrea marcó que producto de la eliminación de los subsidios nacionales cambiaron las condiciones contractuales. “Advertimos al Estado municipal que cambiaron las condiciones, porque en las normas del proceso y del contrato local está previsto que lo subsidios son parte de la tarifa; al eliminarse, cambia la discusión tarifaria.

También se apuntó a la Provincia. Más allá de los incumplimientos actuales del gobierno municipal, las provincias asumieron un compromiso con la Nación, que se trata de un monto congelado, correspondiente al 50% de los subsidios de mitad de 2018; hoy los costos son otros. Nosotros reclamamos a las autoridades nacionales, y queremos que se haga cargo la Nación que dejó el sistema en banda en todo el país. Pero tenemos como respuesta que las provincias firmaron convenios de pacto fiscal y después se acordó una ley que eliminó los subsidios”, indicó Larrea.

Las empresas remarcaron que Nación discriminó al interior, dotando de recursos continuos, permanentes y crecientes a provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que permitieron otorgar 20% de aumento salarial y 16.000 pesos de monto no remunerativo a los choferes de esa zona, en detrimento de todo el interior del país.

“En todo el país, el aumento que se está solicitando UTA representan 4.300 millones de pesos; en Entre Ríos son 130 millones de pesos. Hoy no se puede pagar aguinaldo, pero ya no se pueden hacer frente a la masa salarial o los pedidos de aumentos”, cerró Larrea.

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