La Provincia

Se implementó en Paraná y rige en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal

El nuevo sistema judicial privilegia la oralidad y acelera los plazos de las causas penales. Juraron los magistrados y funcionarios designados.

Lunes 22 de Septiembre de 2014

Con la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal en la jurisdicción Paraná, quedó implementado en toda la provincia el nuevo sistema judicial que privilegia la oralidad y acelera los plazos de las causas penales. "La resolución efectiva de los casos en un tiempo razonable ya dejó de ser una esperanza para transformarse en un derecho", afirmó el gobernador Sergio Urribarri.

"Hoy ponemos en marcha de manera completa, efectiva y real un nuevo sistema de enjuiciamiento penal adecuado a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, y con un principio elemental que es la independencia de los jueces”, añadió el mandatario.

Urribarri, que participó este lunes del acto donde también juraron los magistrados y funcionarios designados, expresó además que "el llegar a esta instancia, no significa quedarnos de brazos cruzados. Hay cosas por hacer. Queremos bregar por una reforma en lo laboral y también en lo civil”.

En el Centro Cultural de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná, y con la presencia del vicegobernador José Orlando Cáceres y todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, se realizó este lunes la ceremonia de inicio de actividades del nuevo Código y la toma de juramento de los magistrados y funcionarios designados para llevar adelante la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.

Con la puesta en funcionamiento en Paraná, cobró plena vigencia en todo el territorio provincial el nuevo Código Procesal Penal que venía siendo implementado progresivamente en distintas jurisdicciones, y sólo faltaba el principal distrito entrerriano.

Con esta medida se anucia que se le dará una mayor celeridad a las causas, con menor burocracia en la tramitación de expedientes. En el código prevalecerán dos características fundamentales: eliminación de la potestad de investigar del juez de Instrucción, otorgándosela al fiscal; y la oralidad del proceso en todas las instancias.

El gobernador sostuvo: “Como titular del Poder Ejecutivo entiendo que sólo cumplimos con el deber. Ocurre que, a veces cuando uno escucha agradecimientos por cumplir con el deber, se pregunta si no habrán pasado cosas distintas en estos últimos años. Pasaron cosas distintas porque nos manejamos con un respeto mutuo, recíproco, no hubo cuestiones menores, nimiedades, egos ni personalismo que demoren o impidan que las decisiones de algunos de los Poderes logren sus resultados. Es así que pudimos, en ese entendimiento, encontrar soluciones”.

Tras ello señaló: "Que los fiscales investiguen y eleven a juicio en los casos que así sea, que los defensores confronten y que los jueces emitan sentencia de acuerdo al principio de imparcialidad e independencia”.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, dijo que para la Justicia “era una deuda pendiente que estamos cumpliendo” y acotó que se logró llegar a esta instancia por el trabajo conjunto entre los tres Poderes del Estado. “Mi agradecimiento al titular del Poder Ejecutivo que nos acompañó sostenidamente durante estos cinco años”, enfatizó, y destacó el aporte de recursos para su concreción.

“Esto ha sido posible por esto de trabajar juntos, interactuar sostenidamente, porque cinco años, desde que arrancamos en Concordia hasta hoy, es mucho tiempo. Si hubiera cambiado el gobierno, si la decisión política hubiera sido de otra persona distinta, si esto no se hubiera sostenido, no estaríamos hoy ante una instancia de estas características”, afirmó.

A continuación sostuvo que “esto fue una decisión política de un Estado. Tres Poderes en pos de completar un cambio. Acá no hubo mezquindades políticas de ninguna naturaleza, ni de la oposición ni del oficialismo. Hemos trabajado todos”.

“Según la información de la que dispongo, hoy ingresan por turno unas 600 denuncias. De ellas, el 80% son delitos contra la propiedad, la mayoría con autores desconocidos. Del resto, gran parte de las causas se desestiman porque materialmente todas no pueden investigarse ni procesarse. Obviamente la mayoría de las denuncias no llegan a convertirse en proceso penal y terminan extinguiéndose. Indudablemente, queda la sensación de injusticia”, expresó, por su parte, el ministro de Gobierno, Adan Bahl.

“Este sistema incorpora medios alternativos para la solución del conflicto penal y más personal para investigar y esclarecer los casos que merecen una respuesta. En este sentido, la estructura del nuevo código y los medios con que cuenta ahora el Poder Judicial entrerriano, no admiten excusas” acotó.

Juramentos

En el acto realizado este lunes en el Centro Cultural de Convenciones La Vieja Usina, se realizó la ceremonia de inicio de actividades y toma de juramento de los magistrados y funcionarios designados para llevar adelante la implementación del nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal.

Prestaron juramento para integrar el Tribunal de juicio y apelaciones, José María Chémez, Elvio Garzón, Miguel Ángel Giorgio, Marcela Badano, Alejandro Grippo, Elisa Zilli, Daniel Malatesta y Pablo Vírgala.

Como jueces de Garantías lo hicieron Eduardo Ruhl, Ricardo Bonazzola y Marina Barbagelata, como directora de la OGA, Nancy Bizai, y como fiscales generales de coordinación, asumieron María Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Matilde Federik.

Los agentes fiscales son Santiago Brugo, Patricia Yedro, Viviana Ferreira, Juan Francisco Ramírez Montrull, Ignacio Aramberry, Laura Cattaneo, Evangelina Santana, Sandra Terreno, Mónica Carmona, Leandro Dato, Juan Malvasio y Fernanda Ruffati.

La defensora de la Cámara de Casación es María Lucrecia Sabella, y los defensores de Primera Instancia son Jorge Balbuena, Luis Pedemonte, María Fernanda Álvarez, Paula Montefiori, Emiliana Cozzi, Ignacio Mullor y Mariana Montefiori.
 
La implementación
 
A partir de la sanción de la Ley Nº 9754, la provincia cuenta con un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, cuya implementación implicó desde sus inicios la articulación sostenida de recursos entre los tres poderes del Estado del año 2009 a la fecha.
 

En estos días se conmemora los cinco años de implementación de la primera etapa en la jurisdicción Concordia, que incluyó las jurisdicciones de Federal, Federación y Chajarí, y que se constituyó como un desafío para todo el sistema de enjuiciamiento penal de sesgo exprimental y porvenir incierto, pero que significó el inicio de un proceso sin  retorno hacia una mejor y más institucionalidad.

A aquella instancia inicial le siguieron la jurisdicción de Uruguay, en julio del 2011, cuyos efectos abarcaron las localidades de Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala. La tercera etapa importó la aplicación del nuevo sistema en Gualeguaychú, con la competencia territorial en los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Nogoyá y Victoria, entre febrero y abril del 2013. Y la cuarta etapa comprendió La Paz, Feliciano y Diamante, en noviembre del año pasado. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia, mediante el acuerdo general Nº 24 del 2014, dispuso la implementación de la última etapa del nuevo Código Procesal Penal en la jurisdicción Paraná, a partir del este lunes 22 de septiembre.

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