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Se aprobó una nueva moratoria municipal

Prevé planes de pago hasta 24 cuotas por infracciones que competen al Juzgado de Faltas, de cánones, concesiones y derechos de cementerio.

Jueves 26 de Septiembre de 2019

Por unanimidad, se aprobó ayer sobre tablas un proyecto de ordenanza presentado in voce por la concejal Karina Llanes (Cambiemos), que contempla un régimen de regularización de obligaciones derivadas de infracciones competencia del Juzgado de Faltas y omisión de pago de cánones, concesiones y derechos de cementerio.

La norma propone y contempla planes de pago que van desde seis o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Y establece como regla general aplicable a todas estas obligaciones, la quita de los intereses por mora o punitorios o accesorios, con determinadas especificaciones contempladas en la norma.

La normativa establece que en cuanto a las obligaciones derivadas de actas de comprobación tramitadas por ante los juzgados de Faltas pueden saldarse mediante un pago único íntegro con una quita del 40% del capital adeudado si se ingresa mediante un solo pago cancelatorio de la deuda. Caso contrario se puede adherir a los distintos planes, como el resto de las deudas por cánones, concesiones y derechos de cementerio:

*En seis o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas se tomará en cuenta el capital, sin recargos.

*Si se adopta un plan de pago de hasta 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se aplicara una tasa de interés por la financiación del 2,5% mensual sobre saldos, resultando el importe de las cuotas de la aplicación del sistema Francés de Amortización de Deudas.

*Si se adopta un plan de pago de hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se aplicará una tasa de interés por la financiación del 5% mensual sobre saldos, resultando el importe de las cuotas de la aplicación del sistema Francés de Amortización de Deudas.

Además, quedan excluidas de la moratoria y no podrán acogerse a este beneficio aquellas obligaciones que superen los 500.000 pesos.

La concejala Llanes explicó que si bien hubo una moratoria el año pasado para impuestos y multas, durante cuatro meses, coincidió con el traslado del edificio del Juzgado y luego el receso, por lo que estuvo en vigencia en un corto lapso perjudicando la adhesión a ese beneficio.

Votación por veto

Por otra parte, quedó firme el veto dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal al proyecto de ordenanza que pretendía elevar los topes salariales para acceder al boleto obrero. Por lo tanto, se mantiene en vigencia la ordenanza que fija que podrán gozar de ese beneficio quienes trabajen en relación de dependencia y cuyo haber, excluyendo las asignaciones familiares, no supere el importe de una vez y media el salario mínimo, vital y móvil, los monotributistas sociales y los trabajadores autónomos cuya facturación anual sea igual o inferior al valor de 19 veces y media el salario mínimo vital y móvil. El proyecto vetado pretendía que alcance hasta aquellos cuyos ingresos no superen el valor de dos veces y media el salario mínimo, vital y móvil.

Para rechazar el veto, se requería una mayoría especial de dos tercios que no se alcanzó: a favor de insistir con la norma votaron Enrique Ríos, Stefanía Cora, Sebastián Bértoli, Cristina Sosa y Sergio David Cáceres (FPV); Silvina Fadel, Luis Díaz (UNA-Frente Renovador) y Santiago Gaitán (Paraná de Pie); acompañaron la decisión del Ejecutivo Karina Llanes, Carlos González, Claudia Acevedo y María Marta Zuiani (Cambiemos),; Emanuel Gainza (Cambiemos) y Elsa Salazar (Paraná de Pie) participaron de la sesión, pero no estaban en el recinto al momento de la votación.

El concejala Ríos, al recurrir a datos estadísticos, ejemplificó que comparado el primer semestre de 2018 con 2019, “se observa una caída 250.000 boletos obrero, lo cual está revelando que tan significativo número de trabajadores han dejado de usar el transporte público”, situación que definió como “grave y alarmante”.

En representación del oficialismo, el concejal Carlos González sostuvo: “El transporte público de pasajeros a nivel nacional está cuasi colapsado por la eliminación de los subsidios y, por lo tanto, cualquier movimiento que se pueda dar en esa dirección pondría en peligro el resto del sistema”.

Llanes acotó que en la actualidad el 45% de los usuarios están subsidiados, tanto por el Estado o por la tarifa plana. Finalmente, el proyecto que contempla el Nuevo Código de Edificación quedó para la sesión del 10 de octubre.

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