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Robo de identidad arraigado en maternidades paranaenses

Desde 1973, Liliana y Carlos buscan saber qué pasó con su beba. Acusan del robo al ya fallecido médico Cantaberta, quien en vida les reconoció su responsabilidad en el hecho, pero nada más.

Domingo 15 de Julio de 2012

Luciana Actis / De la redacción de UNO


Esa mañana de domingo, la joven madre escuchó por primera y única vez el llanto de su hijita. Lorena Noemí, así llamó a esa nena preciosa que la enfermera le mostró mezquinamente, para llevarla luego a un destino incierto.

Faltaba poco para el invierno, corría 1973, y los pasillos del hospital materno infantil San Roque estaban más silenciosos y fríos que de costumbre. Los llantos de la beba reverberaban contra las paredes y se mezclaban con los tacos de la enfermera obesa.



“Éramos muy chicos, yo tenía 15 años, y mi marido -que en esa época era mi novio-, 16. Él ya trabajaba, yo quedé embarazada. Tuve mi parto en el San Roque a los 8 meses de gestación, el domingo 10 de junio de 1973. El parto fue normal, la beba era hermosa y pesó 1,8 kilos. La vi llorar, la vi nacer”, recuerda Liliana Cabrera, que en ese entonces usaba el apellido de su padre, Cuestas.



A la madre adolescente la llevaron a una habitación común, no era una sala de partos. Ahí mismo le hicieron tener a la beba. Su novio, Carlos, esperaba afuera y nunca le permitieron ver a Lorena.



“En el parto me atendió el doctor Jorge Cantaberta. La nena lloró, me la mostraron, y se la llevaron. Mi novio quería conocer a su hija pero no lo dejaron verla. La excusa era que la habían llevado a la sala de Neonatología. Mucho tiempo después, me entero de que el Servicio de Neonatología del San Roque fue creado recién en 1976. Bueno, yo era muy chica, a mi mamá no le interesaba mucho, estábamos solos y no supimos manejar esa situación”, se lamenta la madre, que ahora está casada con Carlos, con quien tuvieron tres hijos más.



Las horas pasaban, y Liliana no había vuelto a ver a su beba. Se levantó de la cama, tenía las mamas hinchadas de leche, y sentía la imperiosa necesidad de alimentar a su hijita. Apenas puso un pie en el pasillo en busca de la inexistente sala de Neonatología, la enfermera se interpuso en el camino y la obligó a regresar a la cama. “Mi esposo también trataba de verla, pero no lo dejaban. Estaba afuera de la sala, discutiendo con un grupo de policías que cuidaban el lugar. Al día siguiente, una monja viene a verme -ella era la única que me daba alguna información- y me dice ‘ah, tu hija murió’, así como si nada, como si me dijera que se la llevaron de paseo”.



Destrozada por la noticia, la joven pareja pidió el cuerpo para velarlo y darle sepultura, pero recibieron otra negativa. “Nos dijeron que ya la habían enterrado, ese mismo día. Nos hicieron firmar los certificados de nacimiento y de defunción, siendo menores de edad, y sin ningún padre o tutor que nos acompañara. Yo ni siquiera tenía documentos.


En ese momento mi apellido era Cuestas, pero después, por unos problemas en el Registro Civil -en los papeles, nunca estuve reconocida por mi padre-, pasé a ser apellido Cabrera, que era el de mi madre. Como no tenía DNI, llamaron a la Policía para que me reconozca a partir de las huellas dactilares y me hicieron un prontuario”.



Carlos es el esposo de Liliana, y prefiere reservar su apellido. Se suma a la conversación para acompañar y reforzar lo dicho por su mujer: “Lo que nos llama la atención es que a Lorena la enterraron rapidísimo el mismo día que murió. ¿Cuál era el apuro? Nos hicieron firmar papeles prácticamente en el aire; yo tenía 16 años, un policía me llama y me dice ‘firmá acá’. Y a ella le hicieron un prontuario, en el que figura que tuvo una bebé. Fue todo totalmente irregular”.


Peregrinaje burocrático
Las respuestas de los médicos no fueron suficientes. A medida que pasaba el tiempo, y que la pareja adolescente pasaba -prematuramente- a la adultez, las dudas y las preguntas sobre qué había pasado realmente se iban incrementando. Fue el inicio de una investigación, que hasta ahora no ha dado frutos, y solo puso de manifiesto una red de encubrimientos.



“La doctora Lydia Lescano de Toledo es quien firmó el certificado de defunción. Ella aún vive, una vez pude hablar con ella y me dijo que no se acordaba del caso. Después de eso, no he podido volver a contactarme. Con el que pude hablar una vez fue con Cantaberta. En un primer momento, la mujer de él me dice que no podía verlo porque estaba con problemas de salud; yo le respondí que no quería hacerle mal, solo quería hablar. Cuando me dejó hablar con él, le pregunté qué había hecho con mi hija. Y al final me terminó reconociendo que la dio: ‘lo hice porque la beba iba a estar mucho mejor que si se quedaba con ustedes’. Eso fue todo lo que me dijo”, relata Liliana.



Cabe recordar que en el marco del juicio por la Causa Hospital Militar, Jorge Cantaberta y su colega Miguel Bottero Brollo fueron mencionados por acusados y testigos como los directores de la maternidad clandestina que funcionó en el nosocomio del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. El médico Juan Antonio Zaccaría, exjefe de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná, dio los nombres de ambos médicos fallecidos y dijo que serían los probables responsables de la internación y parto de la hoy desaparecida Raquel Negro, madre de la nieta recuperada, Sabrina Gullino, y de su mellizo Facundo, que aún es buscado por su familia.



“Estaba naturalizado que los médicos y sus cómplices decidan sobre la identidad de las personas. Ellos estaban convencidos de que la clase social hace a la felicidad de las personas. Por eso no les causó ningún tipo de culpa arrancarle su bebé de los brazos a una chica de 15 años. No les importó arrancarle su historia, sus raíces, su familia, con tal de darle la identidad que ellos creían que a la bebé le iba a sentar mejor”, se indigna Carlos.

Pero la investigación de estos padres no se frenó ante la falta de respuestas de los médicos responsables, y buscaron datos en todas las reparticiones que pudieran tener alguna información esclarecedora. “Investigando, me puse en contacto con un muchacho que trabajaba en la morgue del hospital San Roque, que me había dicho que la lista de bebés muertos en esa época existe. Pero unos días después me llamó y me dijo que no me la iba a poder dar, porque lo amenazaron con que lo iban a despedir. Igual me pasó un dato, que me hizo muy mal; me dijo que en la morgue demoraban para todo, y que a los cuerpitos que no los reclamaban los familiares los tenían varios días en esa sala, y que se los comían las ratas. Pero eso, a la vez, me dejó pensando: ¿por qué a mi hija la enterraron el mismo día que murió, cuando al resto de los cuerpos los dejan hasta que se los comen las ratas?”, se pregunta Liliana.



También recurrieron sucesivamente a los directores del hospital San Roque, pidiéndoles archivos de quiénes eran las enfermeras de guardia el día del parto o la historia clínica de Lorena Noemí, pero siempre obtuvieron la misma respuesta: se habían quemado los papeles, ya que los archivos se conservan por un período no superior a 12 años, ya que no se cuenta con una norma legal específica sobre la conservación de esos documentos.



En 1989 y 1997 los directores del hospital materno infantil San Roque autorizaron la destrucción de archivos. En la primera oportunidad, el doctor Enrique Dragone autorizó la quema de fichas de consultorio externo de Maternidad con más de 20 años de antigüedad, lo cual no tendría que haber incluido a los archivos sobre Lorena Noemí. En tanto, en el 97, el doctor Dante Ayala autorizó a dar de baja y destruir las historias clínicas pasivas -desde el número 50.000 al 114.000- porque necesitaba desocupar el depósito para la construcción de columnas para los nuevos sectores del nosocomio. Pero los archivos destruidos comprenden el período 1978-1990.

Sin embargo, desde la División de Estadística del hospital se informó que no cuentan con los archivos de 1973, en respuesta a la solicitud cursada por la Coordinadora de la Comisión Nacional por los Derechos a la Identidad.



Continuando con su búsqueda, Carlos y Liliana recurrieron al Registro Único de la Verdad. Allí les consiguieron los registros con las órdenes de ingresos al Cementerio Municipal de Paraná, donde figura que la beba fue sepultada el 11 de junio de 1973, en la fosa 204 del sector chico. Pero para comprobar que Lorena Noemí estaba enterrada en ese lugar necesitaban una orden de la Justicia.



A principios de 2010, Liliana se presentó en forma espontánea ante el Juzgado federal de Paraná y expuso una denuncia ante el juez Gustavo Zonis, quien comenzó a investigar los hechos y dio apertura a la causa Nº 12.483 Cabrera de M. Liliana S/Denuncia por Supuesta ifracción Arts. 139 Inc. 2) y 139 bis del Código Penal.



“El doctor Zonis tenía muy buena predisposición, pero cada pedido de investigación o cada orden que libraba, siempre se encontraba con algún obstáculo. En el cementerio y en el hospital siempre respondieron con evasivas. Después lo empezó a seguir una doctora interina, pero no le dio demasiada importancia al caso. Un día me llamaron del Juzgado para decirme que habían liberado una orden para exhumar al cuerpo. Entonces llamaron al director del cementerio -el de la anterior gestión-, que les respondió que eso no se podía hacer porque en la zona donde se enterraba a los bebés se iban encimando cuerpitos unos arriba de otro e iba a ser imposible hacer la prueba de carbono 14. Fue una decepción muy grande”, sostiene Liliana.



“En el cementerio también nos dijeron que todas las actas de defunción y registros de ingreso estaban en un sótano que se había inundado. En las distintas reparticiones estatales nos pusieron trabas, trataron de tapar lo que había ocurrido. Y así todo quedó planchado. Pero cuando se retira un cuerpo de la morgue, tiene que intervenir un juzgado. Entonces, ¿cómo fue que se la llevaron a mi hija, quién la retiró, con qué autorización?”, añade Carlos.

Solo la verdad
Tanto Liliana como Carlos saben que lo que les hicieron ya no hay forma de enmendarlo. Solo la verdad podría traerles un poco de paz a sus vidas unidas por momentos felices, pero también por un gran vacío.



“Yo quiero que mi hija sepa que, si llega a parecer, no voy a molestarla en lo más mínimo, si ella ya hizo su vida. Pero nosotros queremos saber si está bien, si nos dio nietos, si ella creyó que nosotros la vendimos o la abandonamos”, llora Liliana.



“El dolor más grande que tenemos es que no sabemos cómo nos juzgará ella, pero queremos que sepa que nunca bajamos los brazos. Nos ha tocado tener que soportar el escarnio, de que muchos nos acusen de haberla vendido, que nos juzgue nuestra propia familia, nuestros vecinos. Y nunca pudimos ser felices del todo, porque en los cumpleaños y en las fiestas siempre nos miramos, y nos preguntamos qué será de ella, y cómo sería si ella estuviera con nosotros. El Estado no nos escucha, no le importan estos casos, y sabemos que son muchos. Nosotros no sabemos si algún día lo vamos a resolver. Nos desespera no saber nada, y que ella no sepa”, concluye Carlos.


Palabra contra palabra

Olga Graciela Santana tiene 63 años y busca a su hijo, nacido en el Sanatorio Rawson el 29 de febrero de 1968. El parto fue atendido por el médico Miguel Bottero Brollo. Su búsqueda es -quizás- la más difícil, ya que no cuenta con ningún tipo de documento. Solo tiene su palabra.


“Yo tenía un embarazo difícil, porque tenía placenta doble. Pero esto no le generaba problemas al bebé, yo sí tenía pérdidas. Quedé embarazada a los 19 años, pero ya estaba casada. Mi marido tenía 21. Bottero Brollo era mi ginecólogo, y me cuidaba mucho, hasta iba a mi casa, me llevaba los medicamentos, me daba cuidados especiales”, recuerda.



Según el relato de Graciela, el médico le insistía mucho en la importancia de llegar a los 7 meses de gestación. “Una vez llegado ese período, me dijo que había que internarme. Me llevó a la parte más vieja del Rawson, y me puso en una sala sola. Estuve casi una semana, no me podía ni mover, estaba con las piernas hacia arriba. Días después, él vino, me dijo que era hora de tener al bebé. Me aplicaron anestesia total. Cuando desperté, el bebé ya había nacido, y no me hicieron cesárea, sino que lo sacaron con fórceps”, cuenta Graciela.



Al despertar, vio que estaba sola en la habitación y no había nadie a quién preguntarle por el bebé. “Horas después, apareció Bottero Brollo, y me dijo ‘ya te vas a enterar lo que pasó’. Mientras, a mi marido y a mi cuñada -que esperaban afuera porque no los dejaban verme-, les dijeron que era un varoncito, que alcanzó a llorar y después murió. A mi marido le dieron un cajoncito cerrado, y él fue y lo enterró en el cementerio, durante mucho tiempo llevamos flores a la tumba. Después me contaron lo que les dijo el doctor.

Pero nunca nos dieron un certificado de defunción ni nada, no quedó registro de eso. Fue algo muy raro, éramos muy jóvenes y no sabíamos todos los pasos legales que había que seguir. Yo siempre me quedé con la impresión de que a mí me robaron el bebé, si no ¿por qué nunca nos dejaron ver el cuerpo? Ahora Bottero Brollo está muerto, y es mi palabra contra la de su familia”.


Los otros casos de los que tampoco nadie se ocupa

El caso de Gabriel Vieiro es la punta del iceberg que dejó al descubierto una nefasta práctica arraigada en las maternidades de clínicas y hospitales paranaenses.


Gabriel tiene 43 años y su identidad le fue robada al nacer. En el acta del Registro Civil figura que nació el 10 de marzo de 1969, en el Sanatorio Rawson de Paraná, pero su madre adoptiva le dijo que habría nacido en febrero. En ninguna parte se dejó constancia de que fue adoptado, sino que quedó inscrito como hijo biológico de sus padres.


Su verdadera madre habría sido una adolescente a la que mediante engaños le robaron a su hijo: le habrían inducido el parto -con la excusa de que tenía un fibroma- y luego le dijeron que el niño nació muerto. El ginecólogo Miguel Bottero Brollo -muerto en 1995- es a quien Gabriel apunta como principal responsable, en base a lo que su madre adoptiva le confesó.



Por su parte Marta Caballo nació el 14 de setiembre de 1974 en Paraná, de acuerdo a su testimonio de nacimiento, elaborado el 16 de setiembre de ese año, en la oficina del Registro Civil de Paraná, en base al certificado firmado por Bottero Brollo.


Cuando tenía 27 se enteró de la verdad a través de una tía, ya que sus padres murieron cuando ella era una adolescente: “Ella era maestra en la escuela Alberdi, donde también trabajaba la esposa de Bottero Brollo. Cuando mi tía le comentó que mi madre adoptiva perdía los embarazos a los dos meses de gestación, la mujer del médico le contó lo que hacía su marido, y que existía la posibilidad de adopción. Fue así que mis padres se contactaron con ese médico”. Al igual que en el caso de Gabriel, la madre adoptiva de Marta salió por la puerta del Rawson como si la beba fuera hija propia.


En 2002 Marta hizo una publicación en Diario UNO, en la que relataba lo que le había contado su tía y pedía contactarse con alguien que pudiera darle alguna información sobre la identidad de su madre. Fue así que se comunicó con ella la hija de quien en ese entonces era la jefa de enfermeras del Sanatorio Rawson.

“Era una persona mayor, hermética, con un pacto de silencio; y el único dato certero que me dio fue que la mayoría de las mamás eran de Santa Fe, de buena posición económica, y que las traían a parir a Paraná para tapar la vergüenza. También me dijo que en los libros de la clínica, a las mujeres que venían a parir siempre las hacían figurar como parturientas, no como en otros lugares en los que se hacían estas operaciones ilegales”, relató Marta.



Luego se sumaron dos historias más de adopciones ilegales que tuvieron lugar en el Sanatorio Rawson: Cecilia Viviana Ziganorsky y Lorena Elvira Salina son otras víctimas que se enteraron de su verdad cuando ya eran mayores.



Lorena tiene 37 años, pero se enteró de que era adoptada hace solo cuatro años, a través de una tía. Según su partida de nacimiento, nació el 11 de mayo de 1975.


Meses después, su madre adoptiva le confirmó la verdad, pero de una forma reacia. Le mencionó que el doctor Jorge Skidelsky -fallecido en 2011- le dijo que no podía tener hijos pero, que él se podía encargar de conseguirle uno.

“Mi mamá aceptó, y un buen día él llamó a mis padres por teléfono, que me fueron a retirar del Sanatorio Rawson, y de ahí me llevaron a la Clínica Modelo, donde me colocaron en una incubadora”, relató Lorena, en base a la versión de su mamá. En su intento por saber más sobre sus orígenes, Lorena se dirigió a la casa del doctor Skidelsky, quien firmó su certificado de nacimiento: “Primero me lo negó, después reconoció que soy hija adoptiva, y que pensaba que mi madre ya me lo había dicho. Que no le encontraba sentido a mi búsqueda, que tendría que estar agradecida por el modo en que me criaron, si no estaría en un volcadero comiendo de la basura. Eso me hirió muchísimo, nunca más lo fui a ver. Después de eso fui al Rawson, para ver los registros de esa época, pero me contestaron que a los papeles los queman cada 15 años”.

Por su parte, Cecilia Ziganorsky tenía 42 años cuando se enteró de que era adoptada, a través de uno de sus hermanos adoptivos. Cecilia no tuvo oportunidad de preguntarle a sus padres, porque ambos fallecieron. Según su hermano, a Cecilia la llevaron a su casa cuando tenía horas de vida, era una beba muy chiquita. Solo sabe que nació en el Sanatorio Rawson -porque eso es lo que figura en su partida de nacimiento-, y que el médico responsable fue Miguel Bottero Brollo.



“Mi mamá ha sido una adolescente de 17 o 18 años. Eso es algo que mi hermano escuchó una vez, un comentario que se hizo en mi familia y después nunca más se habló del tema. Porque en esa época era así, mi familia hizo un pacto de silencio y nadie estaba dispuesto a romperlo. Por lo que me dijo mi hermano, Bottero Brollo no le quiso decir a mi papá quién era mi madre biológica, le respondió que no le convenía saberlo por su propia tranquilidad, para que después no vengan a reclamarme”, señaló Cecilia.

“Fui a mi abogado, que me ayudó e hizo un oficio para presentar en el Sanatorio Rawson. Cuando llevé ese documento para que me muestren los registros de nacimientos de esa época me dijeron que los dueños habían cambiado. La persona que me atendió me dijo que esos registros no existen más, que al cambiar de dueños quemaron los papeles, ya que es lo que se hace cada 15 años. Ahí quedó todo".

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