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Retenciones: hay evaluaciones dispares sobre el régimen que anunció Basterra

En Federación Agraria hay quejas, pero admiten que el camino que tomó el Gobierno, segmentar, es el correcto. Arroceros fueron beneficiados

Jueves 05 de Marzo de 2020

Las entidades del campo comenzaron a evaluar entre las bases el impacto del nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de soja –el tributo se incrementa en 3 puntos–, y en el resto de los productos del sector agrícola, aunque en este último caso las variaciones no fueron significativas. A partir de un relevamiento entre los actores del sector, UNO se propuso conocer el alcance de los cambios en toda la cadena productiva, y en ese marco, saber en que medida afectará a las economías regionales. El vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, hizo una primera evaluación del anuncio que, en principio no dejó conforme a las entidades de base. “El número que da el Ministerio de Agricultura abarca a productores sojeros que producen menos de 1.000 toneladas, pero ahí tenés que agregarle la variable de la facturación anual. Cuando hablás de un productor de soja de 1.000 toneladas, estás al límite de la facturación. Si supuestamente querés beneficiar a los que producen hasta 1.000 toneladas de soja, cuando facturás hay productores que quedan afuera”, planteó el dirigente sobre uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre.

Para el dirigente será necesario establecer diferente criterios respecto a la facturación, porque no es lo mismo aquel que produce soja o los que cultiva trigo o maíz: “Las facturaciones empiezan a dejar a productores afuera, que no son productores grandes, que tienen empleados, que son los que generan trabajo y que arriendan campos. Es ahí donde vemos una dificultad por lo menos en el primer momento”.

En su enfoque reprochó que después del 10 de diciembre ya se había aplicado un aumento del 6%, que se suma al 3% confirmado por el gobierno nacional, lo que golpea a los pequeños productores que “están más complicado que los productores que son dueños de los campos, que está cerca de los puertos”.

De todos modos se mostró de acuerdo con la medida oficial, porque “este es el camino, el de la segmentación, pero nos parece que es insuficiente. Por eso en un primer momento habíamos hablado de un mínimo no imponible, para que les llegue a todos los productores de igual manera y en forma equitativa, que los ayude más a los chicos y que a los grandes no les cambie la vida. Y que no dejemos afuera a productores que realmente lo necesitan y que hoy por alguna cuestión, o por facturación o porque se pasan en 100 o 200 toneladas”.

Según Guía, en su espíritu la medida prevé un mecanismo que hace que un productor mediano –que arrienda campos– tenga que pagar lo mismo que aquel que produce 10.000 toneladas de soja. “Es ahí donde tenemos la dificultad”, reparó. Desde su razonamiento dijo que “no hay que ponerse en jueces, de quien es pequeño productor y de quien es grande”.

De acuerdo a las cifras brindas por la Federación Agraria, en Entre Ríos, hay 42.000 productores de soja entre pequeños y medianos, de un total de 59.000. “De esos 59.000, el 20% produce el 80% del total de la producción y el restante 80% produce el 20%. Ese número no ha cambiado. Cuando hablamos de los 42.000 productores, recibieron algún beneficio, pero cuando pasamos la zaranda, es decir cuándo decimos cuánto facturan, de qué manera, ese productor queda afuera y la verdad es que le hace falta”, puntualizó.

El sector arrocero representa a una de las economías regionales de mayor tradición de la cadena productiva en Entre Ríos. El nuevo régimen tributario respondió a la gestiones que el sector en forma conjunta con el gobierno provincial demandó a las autoridades del Ministerio de Agricultura. Así lo confirmó a UNO el titular de la Federación de Entidades Arroceras de Entre Ríos, Jorge Paoloni, quien se mostró conforme con las medidas. “Es lo que fuimos a plantear con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, y la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos. Lo que pidió el sector arrocero se traduce en los porcentajes que quedaron. A nosotros la respuesta nos conformó”, manifestó.

Paoloni aseguró que se pidió un porcentaje del 5% y que el cereal no industrializado no supere el 6%. En cuanto a las perspectivas del sector después de los anuncios, se centran en la cosecha de la presente temporada. “Vamos a esperar tres o cuatro semanas, para que avance entre un 40% y 50% de la cosecha. Entonces nos vamos a reunir para pensar cómo recuperamos con este nuevo panorama productores para el próximo año”, resumió.

En la actualidad la producción arrocera en Entre Ríos concentra a 120 actores, con quienes se pudieron debatir las nuevas medidas. “Analizamos todo con la Asociación de Plantadores. No tenemos que decir nada, porque es lo que pedimos. Pocas veces vas con el ministro de la Provincia y le planteás al gobierno nacional lo que necesitás, y se termina consiguiendo. La gestión del gobierno provincial fue positiva para el sector arrocero entrerriano”, acotó.

“Solo les interesa recaudar”

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), que es presidida por el gualeguaychuense José Colombatto, expresó su disconformidad con el aumento de tres puntos en las retenciones a la soja, la cual calificaron como un duro golpe a la economía del productor.

“El campo es el que más aportó y que siempre ha sido solidario”, afirmaron en un comunicado, en el cual agregaron: “Definitivamente, el gobierno nacional sigue sin entender la verdadera situación del campo. A esta altura no sabemos si es ahogo en las cuentas, desinformación o venganza”,

Desde la institución se remarcó que “en los últimos ocho años, el sector agropecuario aportó 100.000 millones de dólares en concepto de retenciones, con la consecuente quita de rentabilidad de la actividad, poniendo incluso en riesgo a muchos productores. No sólo hemos sido solidarios, sino que fuimos y somos los que más aportes realizamos”.

Pero también los ruralistas se quejaron porque “el Estado se sigue agrandando y los sueldos de funcionarios, legisladores y del ejército de asesores son cada vez más inverosímiles”.

Por la presión de las bases descontentas, Farer también criticó que se “apliquen recetas ya conocidas que nos han llevado al fracaso. Son medidas que desalientan la producción y el desarrollo económico. Sólo les interesa recaudar para cubrir los enormes desfasajes que les provoca un Estado elefantiásico, inoperante y burocrático”.

Asimismo, pronosticaron que “es imposible reactivar una economía castigando a los que invierten, arriesgan y producen. Este modelo va a seguir generando pobreza, marginalidad y migración del campo a los grandes centros urbanos”.

“Estos tres nuevos puntos porcentuales de retenciones son insignificantes para las cuentas del Estado nacional, pero son un golpe duro a la complicada economía del productor” estimó Farer y pidió “un ajuste real y profundo en la política, que sería un gesto a la sociedad. Parece que el sacrificio lo deben hacer todos menos la política”.

Por otra parte, dejaron abierta la amenaza de paros y concentraciones de productores porque “en estos días, el campo debatirá cómo sigue la lucha porque el productor está harto, agobiado y enojado”, concluyó el comunicado.

Voces ausentes

UNO también intentó comunicarse con los principales referentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que integra entre otras Confederaciones Rurales Argentinas, que preside el entrerriano Jorge Chemes. Pese a la insistencia no se pudo concretar el diálogo con el exlegislador, al igual que con los otros representantes de la Mesa que se puso al frente de la negociación con el gobierno nacional. Por el momento se percibe que las entidades buscarán medir el pulso de las bases, aunque descartaron que se estén estudiando medidas de fuerza u otras acciones en rechazo al anuncio de la Casa Rosada. Así las cosas, el nuevo régimen impositivo se seguirá analizando en los próximos días.

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